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Este texto de Gustavo Cavalcante con la colaboración de Rodrigo Borges Delfim se publicó originalmente en el sitio web de MigraMundo el 29 de mayo de 2026. Se reproduce editado en Global Voices en virtud de un acuerdo editorial.

Este artículo forma parte de la serie Spotlight de julio de 2026 de Global Voices, «Apatridia«. Esta serie ofrece una visión detallada del problema de la apatridia y cómo limita la libertad de movimiento, oportunidades educativas, acceso político, y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

María* tenía entre siete y ocho años cuando una brasileña llegó a recogerla en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y la llevó a Brasil sin documentos ni registro oficial de su existencia, y sin que ninguna autoridad tomara nota de que cruzó la frontera.

“Nunca regresé. A partir de ese día, estuve en la casa de una persona, luego en casa de otra persona, y estuve de lugar en lugar. Estuve por todo Brasil. Trabajé por comida, Viví en la calle. Viví en la calle porque esa persona me maltrató, me golpeó», le contó a una corte brasileña, más de 40 años después.

María contó su historia en una audiencia judicial. En mayo de 2026, una decisión de la Primera Corte Federal de Corumbá, estado de Mato Grosso do Sul, en el medio oeste de Brasil, le reconoció el derecho de vivir en Brasil por medio de reunificación familiar, pues tiene tres hijos brasileños, e inició el procedimiento de reconocimiento formal de su situación de apátrida. La corte resolvió que el Gobierno y la Policía Federal debe adoptar medidas para garantizar la regularización de su residencia, sin requerir documentos que son prácticamente imposibles de obtener por su condición de inexistencia burocrática.

Según datos de la Defensoría Pública de la Unión, que la representó, María pasó gran parte de su vida sin acceso a derechos que muchos consideran básicos. Sin certificado de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte, trabajó informalmente mientras criaba a sus hijos, y siempre tuvo obstáculos para acceder a servicios públicos, como inscribir a sus hijos en la escuela o solicitar beneficios públicos cuando murió su pareja.

Los defensores públicos también recordaron que, mientras se gana la vida vendiendo pasteles en las calles de Corumbá, está en tratamiento por cáncer de seno. Ahora sus planes incluyen ir a la escuela para aprender a escribir y que la bauticen en la Iglesia, instituciones para las que necesita documentación.

El juez federal Rubens Petrucci Júnior dijo que en este caso, ante las cortes se presentó alguien que, “para los Estados brasileños y boliviano simplemente no existe”. Esta situación va más allá de la burocracia cotidiana revela un profundo proceso de invisibilidad legal y social.

La situación en Brasil

El caso de María no es único en Brasil. En junio de 2023, MigraMundo contó la historia de Andrimana Buyoya Habizimana, “Abin”, que nació en Burundi, y que por varias razones no pudo obtener ciudadanía local. Luego fue reconocido como apátrida por el Estado brasileño tras años de lucha y de vivir en el país. Ahora vive en Natal, estado de Rio Grande do Norte.

Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que ha tenido Global Voices, entre 2018 y abril de 2025, en Brasil se analizaron 58 casos de apatridia. De los 58, 33 personas fueron reconocidas como apátridas, a 17 les rechazaron sus casos, y otras ocho tuvieron diversos resultados (los archivaron, caducaron o los anularon).

El ministerio también dijo que hay ocho casos analizados, y no hay estimaciones oficiales de la cantidad de apátridas en Brasil fuera de los registros oficiales.

Además, según información del Gobierno brasileño, entre los países de origen de personas reconocidas como apátridas están Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Burundi, China, Cuba, Egipto, Estados Unidos, Guyana Francesa, Países Bajos, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina, Paraguay, Perú, Rusia, Siria, Surinam, Tíbet, Uruguay y Venezuela.

Brasil ha tenido su procedimiento para lidiar con casos de apatridia desde la lay de migración de 2027 y una directiva interministerial de 2018. El Gobierno explicó que antes de eso, aunque el país es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, “no hubo procedimiento específico ni administrativo estructurado en la legislación migratoria para reconocer formalmente la apatridia como en la actual forma”. No obstante, en algunos casos, como el de Abin, se llegó a la corte.

¿Qué es la apatridia?

Según la definición de Naciones Unidas, un apátrida no tiene nacionalidad reconocida por ningún Estado. Esta situación ocurre por diversas razones, sobre todo relacionadas con alguna forma de discriminación judicial, política, religiosa o social contra minorías. Aunque podría verse como un asunto puramente diplomático, la apatridia tiene impacto en la vida diaria de manera profunda y permanente.

Se considera a la apatridia como una de las formas más severas de invisibilidad institucional contemporánea. Sin reconocimiento legal, estas personas viven en un limbo legal en el que los derechos básicos dejan de ser universales y pasan a depender de excepciones administrativas o decisiones judiciales.

Las causas varían para las políticas y contexto histórico de cada país. Entre los principales factores están las disputas entre legislaciones nacionales, discriminación contra minorías étnicas o religiosas, cambios territoriales, disolución de Estados y fallos en sistemas burocráticos. Los niños nacidos en regiones de conflicto, por ejemplo, suelen quedar sin certificado de nacimiento, lo que los hace vulnerables a la exclusión burocrática.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay al menos 4.5 millones de apátridas en todo el mundo. Aunque estos datos ayudan a medir la magnitud de la situación, el entre de Naciones Unidas admite que la verdadera escala de apatridia es significativamente más alta.

El estimado histórico usado por organizaciones internacionales indica que el verdadero número puede ser de hasta 15 millones de personas, precisamente porque muchos Gobiernos no tienen mecanismos adecuados para identificar a personas sin ciudadanía ni para presentar estadísticas oficiales, que genera un ciclo vicioso de invisibilidad y falta de acción para tratar el asunto.

Entre los casos más emblemáticos de apatridia están los rohinyá, minoría musulmana perseguida en Myanmar y privada de ciudadanía durante décadas. También hay poblaciones conocidas como bidun en países del Golfo Pérsico e históricamente excluidas de sistemas gubernamentales.

ACNUR dice que en algunas regiones, la falta de documentación también aumenta el riesgo de explotación laboral, tráfico humano y violencia institucional.

Respuestas globales y locales

En los últimos años, organizaciones multilaterales han trabajado en campañas para tratar el problema, como #IBelong (Yo pertenezco), dirigida por ACNUR, que ya ha ayudado a más de 550,000 personas a obtener o confirmar su nacionalidad. Algunos países, ya han empezado a cambiar su legislación y elaborar mecanismos para reconocimiento documentario. Por ejemplo, en 2024, Tailandia anunció medidas para acelerar conceder la ciudadanía a cientos de miles de personas sin nacionalidad reconocida.

Además de ser miembro de los convenciones internacionales de Naciones Unidas sobre Apatridia —Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención sobre la Reducción de la Apatridia de 1961—, Brasil aprobó la reforma constitucional 54 en 2007, que resolvió el problema de «brasileñitos apátridas«, hijos de brasileños nacidos en el extranjero que no podían adquirir la nacionalidad.

En 2018, el país reconoció oficialmente sus primeros casos de apátridas con la nueva legislación: las hermanas Maha y Souad Mamo, hijas de sirios nacidas en Líbano, que quedaron sin nacionalidad reconocida por los conflictos entre la legislación de diferentes países y la discriminación religiosa. El caso lo publicó ACNUR. Los dos recibieron la naturalización brasileña en una ceremonia que la agencia calificó de histórica.

Maha contó su historia en el libro Maha Mamo —La lucha de una mujer apátrida en la lucha por existir, publicado en Brasil en 2020.

* Nombre ficticio usado para proteger su identidad.