Más allá del pasaporte: La ambigüedad legal de la ciudadanía india
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«El pasaporte no es prueba de ciudadanía».
Con esa breve declaración, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de India convirtió en noticia nacional y en fuente de una extrema controversia lo que de otro modo hubiera sido un monótono y fácilmente olvidable «Día de los Servicios de Pasaportes» el 24 de junio de 2026. Los titulares de pasaportes indios estaban desconcertados; si ese documento gubernamental azul oscuro, que les da acceso al resto del mundo, no los reconoce como ciudadanos indios, entonces, ¿qué es lo que los convierte en ciudadanos?
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores tenía toda la razón. Madan Lokur, juez jubilado de la Corte Suprema, contradijo esa afirmación en un seminario reciente, pero su opinión de que un pasaporte es «prueba» de ciudadanía no tiene sustento legal. La Corte Suprema de India ha sostenido consistentemente que un pasaporte no es prueba de ciudadanía, ya sea de India o de cualquier otro país.
No solo en India, sino en todo el mundo, el pasaporte es solo un documento de viaje, no una «prueba» de ciudadanía. La confusión surge al pensar que nacionalidad y ciudadanía son lo mismo. El pasaporte solo registra la nacionalidad, es decir, el lugar de origen de una persona, pero no avala la ciudadanía.
En tal caso, ¿qué es la ciudadanía? ¿Por qué se convirtió de repente en un tema tan candente de debate en India?
A diferencia de la nacionalidad, que es un hecho, la ciudadanía es lo que los abogados llaman una «ficción jurídica», una pura creación de la ley. A efectos del derecho internacional, la nacionalidad es tan solo el reconocimiento de que una persona es residente de un país y que el Gobierno de ese país es responsable por esa persona. Los pasaportes, que se generalizaron tras la Primera Guerra Mundial, fueron necesarios para viajar al extranjero y no existía ningún requisito que limitara que solo a los ciudadanos se les expedía pasaportes. Los súbditos coloniales, como los indios que vivían bajo dominio británico, obtenían los pasaportes de las autoridades coloniales para viajar al exterior sin haber solicitado ni obtenido nunca la ciudadanía.
Por otro lado, la ciudadanía se otorga solo por ley y la mayoría de los países siguen una de dos opciones. En algunos países, basta nacer en territorio de un país para ser ciudadanos (ius soli); en otros, obtienen la ciudadanía solo los hijos de ciudadanos de ese país (ius sanguinis). Algunos países también permiten adquirir la ciudadanía si se vive allí el tiempo necesario, y en otros, se la puede comprar directamente. La ciudadanía no es más que la posibilidad de acceder a algunos derechos y servicios. Si bien los derechos humanos básicos están disponibles para todos, solo los ciudadanos pueden ocupar cargos públicos, circular y vivir libremente dentro del territorio y votar.
Cuando India se convirtió en república en 1950, una de las cuestiones a resolver en la Constitución fue la ciudadanía. Se convirtió en uno de los temas más controvertidos y debatidos. El presidente del Comité de Redacción, B. R. Ambedkar, admitió que las disposiciones constitucionales sobre ciudadanía eran, en el mejor de los casos, un compromiso temporal y que una solución definitiva tendría que esperar una ley promulgada por un futuro parlamento indio.
El motivo de la controversia fue la partición de India; millones de refugiados hindúes y sijes huyeron a ciudades del norte de India desde lo que se había convertido en Pakistán, mientras que millones de musulmanes escaparon en sentido contrario, de India a Pakistán. Eso hizo que la nacionalidad quedara en una situación ambigua, y nadie sabía si se quedarían en India para siempre o si regresarían a sus hogares y campos (adelanto: se quedaron). El asunto más polémico que se planteó ante la Asamblea Constituyente fue si los refugiados que ya estaban en India debían recibir la ciudadanía india, y si ese mismo derecho debía extenderse a quienes regresaran desde el territorio que ya era Pakistán. El compromiso concedió ciudadanía a todos los que vivían o habían nacido en India, y también a quienes nacieron en el país antes de 1950 y emigraron a Pakistán, pero luego regresaron a India.
En 1955, India finalmente promulgó una ley de ciudadanía que estableció que toda persona nacida en India después de 1950 tendría la ciudadanía de ese territorio. En 1987, se modificó la legislación y se estipuló que solo quienes nacieron en India, de al menos un progenitor ciudadano indio, adquirirían la ciudadanía de ese país. En 2003, se modificó ese requisito para obtener la ciudadanía al nacer, y se exigió que ninguno de los padres fuera «migrante ilegal» en India al momento del nacimiento de la persona.
Adquirir la ciudadanía se consideró durante mucho tiempo un asunto tan burocrático y legal que no se impartía con seriedad en las facultades de derecho, ni tampoco en los cursos de derecho constitucional. No obstante, se convirtió en tema polémico cuando, tras la creación de la vecina Bangladesh, la libre circulación de personas entre ambos países se utilizó para generar temor en el estado de Assam, al este de India. El fantasma de la migración bengalí que «inundaba» a los nativos hablantes de asamés se usó para avivar una violenta insurgencia local que duró varios años. El conflicto terminó parcialmente en 1987, con los Acuerdos de Assam que entre otras cosas, pusieron fin a la ciudadanía que se obtenía por derecho de nacimiento en India.
Ese discurso regional sobre la migración bengalí se «nacionalizó«, pues en ciudades alejadas de la frontera entre India y Bangladesh, la Policía india cercaba a musulmanes pobres que hablaban bengalí (fueran o no ciudadanos indios), los obligaron a inmigrar a Bangladesh, práctica que continúa hasta en 2026. La narrativa que sostiene que a India la están «invadiendo» y que a su estructura demográfica religiosa se ve alterada por la fuerza, por una oleada de musulmanes bengalíes, se ha intensificado y convertido en política oficial.
La reciente revisión del censo electoral se convirtió en un punto de tensión intercomunitaria, ya que la Corte Suprema de India autorizó a la Comisión Electoral a eliminar del censo a todo aquel de quien se «sospecha» no es ciudadano, con pocas pruebas, y hasta sin pruebas. Eso llevó a que se eliminara masivamente a musulmanes bengalíes en Bengala Occidental, algo que algunos comentaristas dicen que permitió al gobernante Partido Popular Indio (BJP) ganar las elecciones a la Asamblea Estatal a principios en 2026.
Se creía que demostrar la ciudadanía era un problema exclusivo de los musulmanes bengalíes en Assam. La ley y las instituciones trabajaron para hacer casi imposible que alguien sospechoso de ser «extranjero» en Assam probara su ciudadanía india. La Corte Superior de Gauhati rechazó más de 15 documentos emitidos por el Gobierno para alegar que un residente de Assam era «extranjero». La Corte incluso se negó a creer el testimonio del propio padre del «extranjero», que presentó testimonio oral y documentos para probar que había nacido en India. No fue un caso aislado, sino un patrón en el que los musulmanes que hablan bengalí suelen verse privados de sus derechos por instituciones que trabajan en conjunto para que no puedan acceder a esos derechos.
Desde un punto de vista estricto, ningún documento por sí solo «prueba» que una persona sea ciudadana india. Para la mayoría, un certificado de nacimiento es un punto de partida, ya que indica la fecha y el lugar del natalicio y suele bastar si nació antes de 1987. Quienes nacieron entre 1987 y 2003 deben demostrar que al menos uno de sus padres es ciudadano indio, y quienes nacieron después de 2003 deben comprobar que ambos padres son ciudadanos o, al menos, vivían legalmente en India. No obstante, incluso en 2019, casi el 40% de los niños menores de cinco años no tenían certificado de nacimiento. El Gobierno indio afirma que basta cualquier prueba de fecha y lugar de nacimiento, pero no tiene una lista oficial de los documentos válidos.
Por lo tanto, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que un pasaporte no es prueba de ciudadanía, dejó claro a la mayoría de los indios que no tienen una forma definitiva de demostrar que son ciudadanos de India. En un país donde el registro sistemático de nacimientos y defunciones recién se ha implementado, la mayor parte de la población no tiene forma de «acreditar» su ciudadanía. Muchos se dieron cuenta de que los derechos más preciados, y no solo los de las comunidades marginadas, están a merced de la malicia o la negligencia burocrática.
