Imagen de SyriaUntold, usada con autorización.

Esta historia de Arya Haji se publicó originalmente en SyriaUntold el 2 de abril de 2026. Global Voices publica una versión como parte de un acuerdo para compartir contenido.

Este artículo forma parte de la serie Spotlight de julio de 2026 de Global Voices, «Apatridia«. Esta serie ofrece una visión detallada del problema de la apatridia y cómo limita la libertad de movimiento, oportunidades educativas, acceso político, y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

Las historias de personas no registradas en Siria abarcan décadas, es una herida abierta para una vasta población que se niega a sanar con “soluciones” improvisadas.

Esta tragedia afecta a cientos de miles de kurdos sirios. Comenzó en 1962, cuando el gobierno separatista emitió un decreto para hacer un censo apresurado en la provincia de Al-Hasakah, que se llevó a cabo en un solo día.

El resultado fue que decenas de miles de kurdos sirios en Al-Hasaka perdieron su ciudadanía mediante un proceso burocrático que ignoró lo más básico de la justicia y el trato equitativo. Los afectados están comprendidos en tres grupos: quienes mantuvieron su nacionalidad, los “ajanib” (extranjeros de Al-Hasaka), y los “maktumeen” (no registrados), sin ningún reconocimiento.

En 2018, la organización Sirios por la Verdad y la Justicia citó fuentes oficiales de dentro de la Dirección General del Registro Civil de Al-Hasakah que aseguran que el número de kurdos a quienes habían arrebatado o negado la ciudadanía entre 1962 y 2011 era mayor a 517,000. Luego de la rebelión de 2011, el régimen de Bashar al-Assad emitió el decreto legislativo 49, que otorgaba ciudadanía siria árabe a aquellos registrados como “extranjeros de Al-Hasakah” (Ajanib al-Hasakah), mientras que seguía excluyendo a los “no registrados” (Maktoum al-Qayd).

Extranjeros de Al-Hasakah

En la ciudad de Qamishli, Helbest Mohammed, kurda de 28 años, nació “no registrada” de un padre no registrado. En la actualidad, es graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Damasco, aunque no tiene ciudadanía siria ni ninguna identificación formal. Este estado restringe su acceso a los derechos civiles más básicos comparado con los derechos que los demás sirios dan por sentados.

Cuando comenzó su educación, era demasiado joven para entender las dificultades que su familia tuvo que sortear. Las particularidades de la crisis se volvieron más claras cuando comenzó la secundaria; a pesar de haber aprobado sus exámenes, le negaron su certificado de graduación. El mismo escenario se repitió cuando alcanzó un puntaje alto en los exámenes finales de la secundaria, que le permitía ingresar a la facultad de medicina, solo para encontrar el mismo problema institucional.

“Ser ‘no registrado’ era una conversación diaria en nuestro hogar”, explica Mohammed. “Cuando se emitió el decreto de 2011 para naturalizar a los ‘extranjeros de Al-Hasakah’, excluyó a la categoría Maktoum al-Qayd. Mientras que los clasificados como «extranjeros» tenían un certificado de estado civil de color rojo, nosotros solo teníamos un certificado de identificación del vecindario mukhtar (funcionario elegido localmente que representa un pueblo o un vecindario) para demostrar nuestra residencia. En aquel momento, de verdad deseábamos ser ‘extranjeros’, esperábamos que algún día nos llevara a obtener una residencia. Sin embargo, la persecución de los servicios de seguridad hacia mi padre nos lo impidió. Nunca avanzamos ni un paso hacia la obtención de una residencia legal”.

Un camino imposible

Según la organización Sirios por la Verdad y la Justicia, el número de personas “no registradas” sobrepasó los 171,300 para 2011. Para 2018, aproximadamente 50,400 habían obtenido la ciudadanía luego de que su situación legal pasó de “no registrados” a “extranjeros”, y finalmente a “ciudadanos sirios”.

No obstante, casi 41,00 personas no pudieron cambiar su situación por problemas técnicos que encontró la Dirección General del Registro Civil cuando migró los archivos a su registro de “extranjeros de Al-Hakasah”. Además, 5000 personas no se presentaron ante la dirección para rectificar su posición legal. Para 2018, la gran mayoría de los clasificados como “extranjeros de Al-Hakasah” —326,484 de los 349,242— obtuvieron su ciudadanía, según la misma fuente.

“Desde niña, tuve la fuerte ambición de completar mi educación y alcanzar los grados más altos”, continúa Helbest Mohammed. “Mi familia me apoyó con todo lo que tenían, y nuestra situación como ‘no registrados’ nunca me impidió continuar mi camino académico; incluso mis profesores me vieron como una chica muy motivada. Desafié a la realidad y fui a la Facultad de Medicina para inscribirme, a pesar de no tener pruebas de mis notas altas que me permitían entrar a la Facultad de Medicina”.

Le dijeron que consultara con el Ministerio de Educación para obtener una transcripción, pero no fue suficiente para completar su inscripción a la universidad. “Así que hice una petición al Ministerio de Educación Superior, y ahí es donde comenzó mi verdadero sufrimiento: iba entre dos ministerios en una ciudad que no conocía, lejos de mi familia, enfrentaba un destino incierto. Al final, logré hacer realidad mi sueño a través de una matricula condicional, siempre y cuando no se me concederá un certificado de graduación al finalizar mis estudios”.

Mohammed era plenamente consciente de que no recibiría su certificado de graduación, pero insistió en completar sus estudios. Enfrentó acoso constante en puestos de control militares y en el aeropuerto en sus viajes a Damasco. A pesar de tener algunas exoneraciones como universitaria, frecuentemente se veía obligada a dar exhaustivas explicaciones de su situación legal a cualquier funcionario que se encontrara. Incluso tuvo que depender de una persona cercana para recibir mediante transferencia bancaria una mensualidad que su familia le enviaba. Además, tuvo que registrar su teléfono móvil con el nombre de alguien con documento de identidad sirio. Si lo registraba bajo su nombre quedaría sin la mayoría de los privilegios de comunicación disponibles para cualquier ciudadano sirio.

Mohammed explica además: “era plenamente consciente de mi destino académico, aunque me aferraba a la esperanza de que la realidad que vivíamos cambiaría, una realidad en la que evitábamos cualquier acercamiento a las fuerzas de seguridad o instituciones gubernamentales por la situación de seguridad de mi padre. Cuando me gradué a finales de 2021, no recibí ninguna documentación que acreditara que había aprobado mi carrera. Me invadió un profundo dolor, y también a mi familia, al ver años de esfuerzos tirados a la basura. No podía obtener una especialización en medicina tras mi graduación. Trabajamos incansablemente para encontrar una solución, y al final mi familia decidió contratar un abogado para obtener papeles para nosotros, de una u otra forma, a pesar de la situación de mi padre”.

Esperanza de justicia

Cuando la familia de Mohammed, conformada por cinco personas, decidió seguir con su registro civil en 2022, se sorprendieron con el costo financiero requerido para rectificar su situación a través de un abogado. Las tarifas se acercaban a los 4000 dólares, en un momento en el que todos lidiaban con condiciones de vida muy difíciles. “A pesar de eso”, cuenta, “decidimos enfrentar los costos en mi favor, para que finalmente pudiera obtener un certificado que me permitiera completar mi especialización médica”.

“Debería estar en mi tercer año de residencia médica ahora, pero los procedimientos son extremadamente lentos, lo que provocó que perdiera mi oportunidad de comenzar mi especialización. Finalmente obtuve la aprobación de la rama de Seguridad Política poco antes de la caída del régimen, luego de una larga y agotadora espera. Sin embargo, las instituciones gubernamentales en nuestra región cerraron sus puertas luego el derrocamiento del régimen, y la red digital específica para los ‘no registrados’ sigue cerrada. Perdí toda la esperanza de continuar con el proceso”.

Luego de la caída del régimen de Assad, Mohammed decidió viajar a Damasco, se llevó sus documentos y la autorización recién obtenida. La respuesta que recibió fue una decepción: “no hay ningún decreto específico para los ‘no registrados’ (Maktoum al-Qayd) por ahora; por lo tanto, la red digital no puede activarse para procesar sus archivos”.

“Espero que obtengamos justicia y se nos compense por las oportunidades que hemos perdido a lo largo de nuestras vidas… hemos pasado una vida entera sufriendo”, dice Mohammed. El 16 de enero de 2026, el presidente de transición, Ahmed al-Sharaa, emitió el decreto 13 sobre los sirios kurdos. El artículo 4 estipula: “todas las leyes y medidas excepcionales que resultaron del censo de 1962 en la provincia de Al-Hasakah quedan derogadas. Todos los ciudadanos de origen kurdos que vivan en territorio sirio deben recibir la ciudadanía siria, incluidos los ‘no registrados’ (Maktoum al-Qayd), lo que asegura su total igualdad en materia de derechos y obligaciones”.

Justo antes de la publicación de este artículo, Helbest Mohammed confirmó que obtuvo su ciudadanía.