Manifestantes en Nairobi piden al Estado que ofrezca la ciudadanía keniana al pueblo makonde. Captura de pantalla del documental de YouTube «El recorrido de los makondes a la ciudadanía»

Este ensayo de Kamaro Christian courtesy del Movimiento Global contra la Apatridia (GMAS), socio de contenido de Global Voices.

Este artículo forma parte de la serie Spotlight de julio de 2026 de Global Voices, «Apatridia«. Esta serie ofrece una visión detallada del problema de la apatridia y cómo limita la libertad de movimiento, oportunidades educativas, acceso político, y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

Imagina que naces, creces y te relacionas con un país, hablas sus idiomas y compartes su cultura, pero sigues completamente invisible a sus leyes y derechos. La comunidad makonde, que migró de Mozambique, vivió ese vacío legal en Kenia, completamente atrapada en un limbo burocrático hasta que fueron reconocidos como ciudadanos. Cerca de 6000 makondes se convirtieron en ciudadanos kenianos en 2016.

Mujer mokonde expresa su alegría por lograr finalmente la ciudadanía keniana. Captura de pantalla del documental de YouTube «El recorrido de los makondes a la ciudadanía».

Los makonde son una comunidad que habla bantú que vive en ambos lados del río Ruvuma, que forma la frontera de Tanzania y Mozambique. La comunidad se originó de la parte norte de la República de Mozambique, sobre todo el distrito Mueda de la provincia de Cabo Delgado. Un pequeño grupo de Makonde migró a Kenia en 1948 y han permanecido ahí. Los makonde kenianos descienden de luchadores por la libertad exiliados, refugiados que huían de la guerra civil y trabajadores contratados por los británicos durante el periodo colonial para trabajar en granjas de sisal y plantaciones azucareras en las comunidades costeras kenianas de Kwale, Kilifi y Taita Taveta.

Esta exclusión histórica no es una anomalía aislada; representa un devastador fenómeno global conocido como apatridia. Según el Derecho Internacional, un apátrida es alguien que no está considerado como nacional por ningún Estado según su ley. Sin identidad legal, una persona se ve despojada de sus derechos humanos básicos, impedida de tener una educación formal, sin atención de salud, servicios ni derechos estatales básicos, y queda expuesta a severa explotación institucional. En una era marcada por fronteras cambiantes y desplazamiento humano forzado, los criterios que un Estado soberano usa para conceder la nacionalidad deja de ser una mera formalidad administrativa y se convierten en un asunto fundamental de sobrevivencia humana, dignidad y justicia social.

Para cumplir con los parámetros de los derechos humanos internacionales modernos, Mozambique podría fortalecer y aplicar decididamente el principio de jus soli, tal como lo consagra el artículo 24 de su Constitución. Esto da ciudadanía efectiva a cualquier persona nacida en suelo mozambiqueño, y los derechos y libertades que conlleva. Ampliar e implementar activamente este marco territorial es la salvaguarda legal más efectiva para eliminar la apatridia generacional, garantizar protección estatal inmediata para niños vulnerables nacidos dentro del territorio, y defender la dignidad humana.

La necesidad de un sólido marco territorial se vuelve claro cuando se analizan las realidades legales de la migración a través de fronteras dentro de Mozambique.

Actualmente, el país tiene un modelo legal mixto. El artículo 24 de la Constitución establece que es ciudadano todo aquel que haya nacido en el territorio nacional después de la independencia. Esta conexión territorial brinda una sustento esencial. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fines de 2024 había 4.4 millones de apátridas en todo el mundo, muchos de los cuales están totalmente indocumentados y excluidos administrativamente.

Cabo Delgado, Mozambique. Imagen de Wikimedia Commons. (CC BY-SA 3.0).

Además, el actual conflicto armado en Cabo Delgado, la provincia más al norte de Mozambique, ha causado una pérdida masiva de documentos de identidad, lo que ha creado un gran riesgo de apatridia de facto entre personas internamente desplazadas. Las víctimas más vulnerables son los hijos de los refugiados y los solicitantes de asilo.

Cuando los padres huyen de la guerra sin documentación, sus hijos no pueden heredar una nacionalidad por línea de sangre. Al aplicar totalmente el jus soli, el Estado mozambiqueño interviene para romper este ciclo de invisibilidad hereditaria, con lo que garantiza que el mero hecho de nacer en su territorio automáticamente concede situación legal, acceso a la educación pública y atención de salud básica.

Tal vez haya conservadores que sostengan que expandir el jus soli podría comprometer la soberanía nacional, agotar los recursos del Estado o diluir el tejido cultural de la nación. Pueden sostener que el jus sanguinis, principio de nacionalidad según el cual solo se adquiere la ciudadanía si ambos padres son ciudadanos, sigue siendo necesario para proteger la identidad nacional y garantizar que la ciudadanía está reservada solo para quienes tienen lazos generacionales genuinos con la población. Además, la propia Constitución presenta excepciones técnicas, como el segundo párrafo del artículo 24, que excluye a los niños hijos de padres extranjeros que están en el país por servicio estatal oficial.

Sin embargo, estos asuntos de soberanía no encajan en las realidades legales internacionales o intereses estatales prácticos.

Restringir la ciudadanía con rígidas líneas sanguíneas ancestrales no detiene la migración; solamente fuerza a generaciones de residentes a márgenes legales permanentes no autorizados. Esta exclusión crea una severa fragmentación social y forma enclaves jurídicos desfavorecidos dentro de las fronteras nacionales. Legalmente las personas integradas, por contraste, contribuyen productivamente con el desarrollo económico y fomenta la armonía social a largo plazo. Por lo tanto, un camino bien regulado a la ciudadanía no debilita la soberanía estatal; fortalece al Estado porque convierte a poblaciones marginadas a participantes activos respetuosos de la ley.

Por consiguiente, la efectiva implementación del jus soli de acuerdo con al artículo 24 de la Constitución es una herramienta irremplazable para la justicia y los derechos humanos en Mozambique. Sirve como un mecanismo legal necesario que transforma el territorio nacional de una rígida frontera geográfica en un espacio de seguridad, inclusión y seguridad legal definitiva. Sin embargo, el texto constitucional escrito puede no ser suficiente.

Para erradicar completamente la apatridia, el Gobierno mozambiqueño podría modernizar las prácticas administrativas y garantizar procedimientos de registros civiles ágiles, accesibles y descentralizados en todos los registros locales. Proteger y documentar a cada persona que nace dentro de su jurisdicción es una profunda afirmación de la identidad de soberanía de Mozambique y un testimonio de su firme compromiso con la dignidad humana universal.