Logotipo del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS), tomada en el edificio del TTPS en la calle Duke en Puerto España. Foto tomada por Mark Morgan en Flickr (CC BY 2.0).

Cuando se declaró el estado de emergencia en Trinidad y Tobago, comprensiblemente el debate público se centró en la seguridad. Las preguntas inmediatas sonaban familiares: ¿las medidas reducirían la violencia, interrumpirían la actividad delincuencial y crearían una mayor sensación de seguridad para las comunidades afectadas por los delitos?

Bajo las regulaciones de emergencia, el Estado tiene poderes suplementarios garantizados, como una expansión de la autoridad de búsqueda y detención sin acusación judicial. Estas medidas se han introducido como respuesta a las serias amenazas a la seguridad pública, y su eficacia se mide generalmente a través de los resultados de seguridad, como medidas de ejecución, arrestos y cambio en la tasa de criminalidad. Aun así, las implicaciones de estas medidas van más allá de los resultados inmediatos en la seguridad. Los estados de emergencia también influyen en cómo operan las instituciones, cómo funcionan las comunidades y cómo se vive el día a día en periodos de incertidumbre.

Y no son solo los implicados en las acciones criminales quienes cuestionan o se oponen a cómo se utilizan los poderes de emergencia, sino que los ciudadanos comunes y corrientes también pueden exigir que les garanticen que estas medidas sean proporcionadas, responsables y ligadas al interés público. Aquí es donde la seguridad de los ciudadanos se cruza con el desarrollo, las condiciones que definen la seguridad están conectadas con los medios de subsistencia y con la confianza pública en las instituciones.

Efectos de la inseguridad en el día a día

Algunas comunidades viven la inseguridad a través de decisiones diarias, y no solo con las estadísticas de criminalidad. Los problemas de seguridad pueden llevar, por ejemplo, a que un negocio reconsidere sus horarios de atención, o a que las organizaciones comunitarias ajusten sus programas. Los residentes pueden alterar sus rutinas en función de cómo se sienten al transitar por algunas zonas. Estas experiencias suelen ser menos visibles que las medidas oficiales de seguridad, pero influyen en la vida social y económica de la población.

En todo el Caribe se ha investigado durante mucho tiempo la relación entre delincuencia, inseguridad y resultados de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que la delincuencia y la violencia puede afectar las inversiones, la actividad económica y las oportunidades laborales, especialmente en contextos en los que los jóvenes tienen pocas oportunidades para tener un trabajo estable.

Esta relación crea un ambiente político complicado. Los Gobiernos deben responder a las amenazas inminentes mientras tratan las condiciones a gran escala que permiten que la inseguridad persista.

Un reto en todo el Caribe

La experiencia de Trinidad y Tobago refleja el actual debate regional sobre cómo los Estados responden a la violencia. En Jamaica, los estados de emergencia han formado parte de iniciativas para gestionar graves problemas de seguridad. Las autoridades han detectado una reducción en los delitos violentos en zonas específicas, mientras que organizaciones de derechos y grupos comunitarios han mostrado su preocupación sobre los efectos mayores de estas medidas en las comunidades afectadas.

La experiencia regional sugiere que la violencia casi nunca es el resultado de un solo factor. El Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 de Naciones Unidas destaca la relación entre la seguridad de los ciudadanos, la desigualdad, la exclusión y las oportunidades sociales y económicas limitadas. El informe sostiene que las respuestas efectivas requieren intervenciones de seguridad y medidas que se centren en los conductores subyacentes de inseguridad. Para los Gobiernos, esto crea un equilibrio entre una respuesta rápida a las amenazas inminentes a la vez que se mantiene la atención en las estrategias a largo plazo.

Otro aspecto a considerar es cómo las medidas de emergencia influyen en las relaciones entre ciudadanos e instituciones. En comunidades afectadas por la violencia, aumentar la presencia de seguridad puede dar confianza y demostrar que las autoridades están respondiendo ante las inquietudes de los ciudadanos. Al mismo tiempo, cómo se implementan estas medidas puede influir en cómo el público percibe la justicia, la transparencia y la responsabilidad.

La confianza es un elemento importante en un Gobierno efectivo. Cuando las respuestas de seguridad se perciben como intervenciones temporales conectadas a mejoras mayores en la seguridad pública y el bienestar de la comunidad, pueden reforzar la confianza en las instituciones. Cuando se perciben como medidas aisladas sin mejoras visibles en las condiciones del día a día, su impacto puede ser más limitado. Esto es especialmente relevante en espacios en los que los residentes ya viven problemas relacionados con el empleo, la educación, los servicios públicos y la inseguridad económica.

El uso de medidas de emergencia también genera preguntas sobre cómo se asignan los recursos y la atención. Las intervenciones de seguridad suelen diseñarse para enfrentar amenazas inminentes; no obstante, para reducir la violencia a largo plazo se requiere invertir en rubros como educación, empleo, infraestructura e iniciativas de prevención de acuerdo con las evidencias.

Hay un valor en relacionar las respuestas de seguridad con las estrategias mayores de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, las iniciativas para abordar la violencia vinieron acompañados de inversiones en transporte público, educación e infraestructura urbana, especialmente en comunidades que habían vivido largos periodos de exclusión. Proyectos como el Metrocable y el desarrollo de espacios públicos mejoraron las conexiones y el acceso a los servicios, lo que demostró que la inversión social puede contribuir en los resultados mayores de seguridad.

En Jamaica, como parte de una perspectiva mayor para la mejora de la seguridad, el Programa de Seguridad Ciudadana y de Justicia, que terminó en 2020, se centró en la combinación de iniciativas de prevención de la violencia, la participación de los jóvenes y el refuerzo institucional. Trinidad y Tobago siguió un planteamiento similar en su Programa de Seguridad Ciudadana, que terminó en 2017, y reforzó la necesidad de iniciativas para prevenir la violencia adaptadas a contextos locales, y no tratarse como soluciones generales.

Estos casos demuestran que las respuestas a la inseguridad suelen ser más sostenibles si las medidas de seguridad inmediatas están respaldadas por inversiones para mejorar las condiciones económicas y sociales.

Más allá de la emergencia

Para Trinidad y Tobago, el continuo estado de emergencia refleja la urgencia de abordar la violencia y las amenazas a la seguridad pública.

El impacto de estas medidas se verá reflejado en las estadísticas de delincuencia, y también en cómo las comunidades se recuperan, la salud de las operaciones financieras, y en si las instituciones pueden mantener la ya frágil confianza de los ciudadanos.

Entender los efectos a gran escala es importante porque las decisiones de la seguridad determinan el ambiente de desarrollo de las comunidades, y responden a retos futuros.