Captura de pantalla de un video de YouTube titulado “Beduinos apátridas de Kuwait, en el limbo”, publicado por Reuters. Uso legítimo.

Este artículo de Nazeeha Saeed se publicó originalmente en Muwatin el 2 de octubre de 2025. Global Voices reproduce esta versión editada como parte de un acuerdo de intercambio de contenidos.

Este artículo forma parte de la serie Spotlight de julio de 2026 de Global Voices, «Apatridia«. Esta serie ofrece una visión detallada del problema de la apatridia y cómo limita la libertad de movimiento, oportunidades educativas, acceso político, y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

La denegación o revocación de la nacionalidad en los Estados del Golfo es una práctica política condicionada por las dinámicas internas y el estilo de gobierno de cada Estado. Refleja el fracaso en defender los derechos humanos, entre los que destaca el derecho de toda persona a adquirir una nacionalidad en condiciones de igualdad y a que no se le prive de nacionalidad arbitrariamente.

En 2025, Kuwait aprobó reformas a su ley de nacionalidad que hizo que fuera más fácil revocar la ciudadanía kuwaití. De forma paralela, el país inició una amplia campaña de revisión de la adquisición de la nacionalidad. A través del Comité Supremo para Verificar la Nacionalidad Kuwaití, se ha despojado de la ciudadanía a más de 42,000 personas desde 2024, una escalada sin precedentes.

La campaña está dirigida contra ciudadanos naturalizados, personas con doble nacionalidad y acusados de haberla adquirido de manera fraudulenta. Muchos de los afectados son mujeres que obtuvieron la nacionalidad kuwaití por matrimonio en virtud del artículo 8 de la ley, que ha sido derogado. Estas revocaciones se hicieron sin supervisión judicial ni vías de apelación, lo que plantea serias preocupaciones jurídicas y de derechos humanos.

Muchos de los privados de su nacionalidad están ahora en situación de apatridia, sin acceso a servicios esenciales, como atención médica, educación y empleo. Se les han confiscado sus documentos de identidad y pasaportes, lo que restringe de forma efectiva su libertad de movimiento y su participación en la vida pública.

La población bidún de Kuwait vive la apatridia desde la fundación del país, lo que ha provocado una profunda marginación económica y social, y muchos luchan por acceder a educación, atención médica y empleo por no tener un documento de identidad oficial.

Khadija, mujer bidún de Kuwait nacida en una familia de diez integrantes, se dio cuenta desde muy joven de que su familia no tenía los privilegios de los que disfrutaban los demás. Cuando estaba en la escuela primaria, ella y su hermana se vieron obligadas a quedarse en casa porque su familia no podía pagar las cuotas escolares, a pesar de que la educación pública es gratuita para los ciudadanos kuwaitíes.

“Nos quedábamos en casa y estudiábamos con los libros de texto del año anterior hasta que mi hermana y yo tuvimos que ayudar a nuestra familia, que no estaba pasando por un buen momento”, recuerda Khadija. “Trabajábamos para juntar dinero para comprar literas como las que tenían nuestros hermanos y para pagar la escuela al año siguiente. Anhelaba correr, jugar y dibujar como las demás chicas. Pero nuestro pequeño proyecto molestó a un empleado municipal, o eso afirmó él. Nos amenazó, y eso terminó nuestro negocio”.

Una herramienta de castigo político

Kuwait no es el único país que recurre a revocar la nacionalidad para castigar a opositores políticos o denegar derechos a grupos específicos. Baréin ha adoptado un planteamiento similar. Entre 2012 y 2020, más de mil personas fueron despojadas de su nacionalidad. El punto máximo se produjo en 2018 y 2019, cuando alrededor de 300 personas fueron sometidas a juicios masivos por cargos de terrorismo, lo que resultó en la revocación de su ciudadanía. En un solo caso, 115 personas quedaron sin nacionalidad en mayo de 2018. “Baréin utiliza la revocación de la nacionalidad como un arma contra la disidencia política”, dijo Niku Jafarnia, investigadora de Human Rights Watch, en entrevista con Muwatin.

En abril de 2019, el rey Hamad bin Isa Al Jalifa emitió un indulto real que restituyó la nacionalidad a 551 de los afectados por la revocación, tras una intensa presión de organizaciones de derechos humanos y organismos de Naciones Unidas. Sin embargo, Jawad Fairooz, director de SALAM por la Democracia y los Derechos Humanos, señala: “Fue solo un paso parcial. La decisión no incluyó a todos los que habían perdido la nacionalidad bareiní. Las estadísticas indican que unos 435 casos siguen sin resolverse, principalmente por consideraciones políticas y de seguridad orientadas a limitar la influencia de la oposición”.

En 2024, Baréin también anunció la creación de un comité para revisar todos los casos de adquisición de la nacionalidad desde 2010, con el fin de verificar la exactitud de los documentos y la información utilizados para obtener la ciudadanía bareiní. La medida se adoptó tras las investigaciones realizadas por la Dirección General de Nacionalidad, Pasaportes y Residencia, que revelaron que algunas personas habían obtenido la ciudadanía de forma ilegal o mediante documentos falsificados.

“Despojar a una persona de su nacionalidad la deja en situación de apatridia, lo que constituye una violación del derecho internacional”, añade Jafarnia. “El Gobierno bareiní debe adoptar un procedimiento legal claro y transparente para revisar las solicitudes de nacionalidad y garantizar que no se violen los derechos humanos”.

Baréin tiene antecedentes de negarse a conceder la ciudadanía a determinados grupos. Miles de bareiníes de origen iraní permanecieron en situación de apatridia hasta 2000, cuando fueron naturalizados durante el periodo inicial de reformas del reinado del rey Hamad. “Desde la independencia, las autoridades de Baréin han gestionado la cuestión de la nacionalidad desde una perspectiva política, de seguridad y demográfica, no legal ni de derechos humanos. Denegar la nacionalidad a familias de origen iraní, incluso a las que habían vivido en Baréin durante más de cien años, especialmente en las décadas de 1970 y 1980,  formó parte de una estrategia más amplia para preservar el equilibrio demográfico, vinculada con frecuencia a preocupaciones sectarias o a la percepción de amenazas externas”, explica Fairooz.

Nidal Al Salman, directora del Centro de Derechos Humanos de Baréin, describe la apatridia en Baréin como una compleja crisis de derechos humanos arraigada en los inicios de la construcción del Estado en la región. Explica que algunas familias quedaron excluidas de los registros oficiales por falta de información, aislamiento geográfico o a periodos de agitación política y social.

Añadió: “Las políticas discriminatorias que denegaron la ciudadanía a personas de ascendencia iraquí o iraní han reforzado las divisiones sociales y las han excluido de la ciudadanía plena, a pesar de que muchas de estas familias migraron por motivos comerciales, se asentaron en ciudades como Manama y Muharraq mucho antes de la constitución del Estado moderno, y contribuyeron de forma significativa a la economía de Baréin a través de la agricultura, la artesanía y el comercio”.

La oposición bareiní también acusa al Gobierno de naturalizar a decenas de miles de extranjeros para reclutarlos en las Fuerzas Armadas y la Policía, así como de manipular los resultados electorales mediante la alteración del equilibrio sectario.

Mujeres: ciudadanas de segunda clase

Ningún país del Golfo concede a las mujeres el mismo derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos, salvo en casos excepcionales y complejos. Incluso en esos supuestos, únicamente es posible con aprobación del Estado. El procedimiento nunca es automático. Esta discriminación legal obliga a muchas mujeres del Golfo a tener en cuenta aspectos vinculados a la nacionalidad al tomar decisiones de vida personales como con quién casarse, dónde vivir y cuán seguro será el futuro de sus hijos.

Estas limitaciones inducen a menudo a que las mujeres se casen con ciudadanos por conveniencia legal o a que vivan en un estado constante de ansiedad respecto a la situación jurídica de sus hijos, especialmente si el padre no puede transmitirles su nacionalidad.

Una de las consecuencias más graves de esta discriminación es la apatridia. Los hijos nacidos de madre nacional y padre extranjero pueden quedar sin ninguna nacionalidad reconocida, en particular si el padre es apátrida, no está documentado o no puede transmitir su nacionalidad.

Thomas McGee, cocoordinador de la Red sobre Apatridia en la Región MENA (Hawiati), explica: “En el derecho internacional, todo Estado tiene derecho a establecer sus propias leyes de nacionalidad. Sin embargo, la ley también prohíbe discriminar por motivos de género o cualquier otra forma de identidad. Las leyes de nacionalidad de los países del Golfo que impiden a las mujeres transmitir la nacionalidad a sus hijos constituyen una clara violación del derecho internacional”.

Consecuencias de la privación

Ahmed, de 27 años, contó su historia. Su madre, de nacionalidad bareiní, se casó con su padre, de origen pakistaní, hace 34 años y tuvieron cuatro hijos. A pesar de haber nacido y crecido en Baréin, a Ahmed nunca se le concedió la ciudadanía bareiní. “Solo me di cuenta de que no éramos ciudadanos cuando mi padre empezó a tener problemas en el trabajo y se decía que podrían obligarlo a irse del país”, relató.

Ahmed es ingeniero. Habló sobre las dificultades que debió afrontar como hijo de una bareiní sin la nacionalidad del país:

I was an excellent student, but I couldn’t get a university scholarship because I wasn’t a citizen. I had to work hard to support my family because my father’s income was low. One of the most exclusionary experiences I faced was signing a job contract — only to have it cancelled later when the company began laying off staff. Suddenly, I had no valid residence permit and just one month to leave the country. Bahrain was the only home I had ever known. I had lived there for 22 years and had never left. And now I was told I had one month to leave everything behind, unless I found a job or returned to school.

Era un estudiante excelente, pero no pude acceder a una beca universitaria por no ser ciudadano. Tuve que trabajar muy duro para sostener a mi familia porque el ingreso de mi padre era bajo. Una de las experiencias de mayor exclusión que me tocó vivir fue cuando firmé un contrato laboral que después terminaron cancelando porque la empresa empezó a despedir personal. De repente, me hallé sin permiso de residencia y con apenas un mes para irme del país. Baréin era el único hogar que había conocido en toda mi vida. Había vivido allí 22 años y nunca había salido del país. Ahora me decían que tenía un mes para dejarlo todo, a menos que consiguiera trabajo o volviera a estudiar.

Khadija cuenta una vivencia similar: “Cada paso que a los demás les parece normal se transforma en un desafío para nosotros como apátridas. Siempre nos encontramos preguntándonos: ‘Pero si soy bidún, ¿tengo permitido hacer esto?’, ya sea estudiar, trabajar, ejercer como independiente, casarnos, tener hijos o cualquier otra cosa”.

Muchos apátridas en el Golfo viven en condiciones extremadamente difíciles: están excluidas de la educación, el empleo, la sanidad pública y la libertad de movimiento, al tiempo que sufren discriminación política y social.

Fairooz explica que la solución consiste en “reformas legales y sociales integrales, así como en activar los marcos jurídicos para conceder nacionalidad y derechos plenos de ciudadanía. Ante las realidades de la globalización y el cambio sociopolítico, Baréin debe adoptar un planteamiento más inclusivo y justo hacia este sector de la sociedad para construir un país más cohesivo y estable”.

Thomas McGee coincide: “Las soluciones dependen del contexto, pero, en general, todo niño nacido en un país debería tener derecho a una nacionalidad, de lo contrario quedara en situación de apatridia. Esto es mejor para las personas, para la sociedad y para el Estado”.

Ahmed espera que se ponga fin a la discriminación de género en las leyes de nacionalidad: “Los hijos de madres bareiníes deberían recibir el mismo trato que los de padres bareiníes. Como mínimo, se les debería permitir residir y visitar el país con un permiso legal. Muchas familias han quedado en situación de vulnerabilidad y, lamentablemente, muchas se han dividido”.

Para Khadija, hay un deseo muy simple: “Que mi identidad, y mi existencia jurídicamente no reconocida, no sea una dificultad diaria que defina cada aspecto de mi vida”.