Indigenous people protest during the Free Land Annual Camp in Brasília, Brazil’s capital, in April 2026. Photo by Guilherme Cavalli/Cim on Flickr, used with permission.

Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de agosto “Derechos indígenas”. Esta serie ofrece una visión de las vidas y experiencias de los pueblos indígenas, de las conexiones a través de regiones, experiencias indígenas y contar las historias de líderes, activistas y miembros de la comunidad y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

El 12 de julio de 2025, se encontró decapitado a un hombre indígena avá guaraní de 21 años en la ciudad de Guaíra, estado de Paraná, al sur de Brasil, cerca de un territorio indígena. Al lado del cuerpo había una carta con amenazas a las comunidades indígenas locales, que incluían incendiar buses escolares con niños. si no se iban de esas tierras. “No es una amenaza vacía, está llena de odio», decía el mensaje. Unos meses antes, cuatro jóvenes indígenas, incluido un niño de siete años, fueron heridos en otro ataque en la misma ciudad. La región ha estado marcada por un conflicto que ya lleva décadas desde la construcción de la represa de Itaipú, que ha desplazado a varias comunidades de sus territorios.

Everton Lopes Rodrigues, de 21 años, era hijo del cacique local  Bernardo Rodrigues Diegro, que declaró a G1 que las amenazas son recurrentes. «Dicen que nuestra cabeza tiene precio. Estamos muy asustados: anoche nadie pudo dormir en nuestra comunidad”.

Rodrigues es uno de los 258 indígenas asesinados en Brasil en 2025 según el más reciente “Informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil” del Consejo Misionero Indigenista, organización que defiende los derechos indígenas y se relaciona con la Conferencia Episcopal de Brasil. El informe fue publicado el 13 de agosto, y muestra un aumento en la cantidad de muertos indígenas en el último año, más que el promedio registrado durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Como en el caso de Rodrigues, la mayoría de los ataques y violaciones se relacionan con conflictos por derechos de tierras.

Los datos reunidos por el Consejo Misionero Indigenista también mencionan un aumento en los casos de suicidios, con un 34% de víctimas menores de 19 años, un 41% entre 20 y 29 años, y muertes de bebés y niños. El 57% de estos casos son de causas consideradas evitables.

El informe señala que el país registró un aumento de los tres tipos de violencia sistémica contra pueblos indígenas que enumera el informe: violencia contra personas, contra el patrimonio y por omisión del poder público, en medio de creciente presión política y económica para frenar la demarcación de tierras.

Menos del 1% de la población brasileña se autoidentifica como indígena, cerca de 1.6 millones de 213 millones de personas, según el Censo de 2022. Aunque el número representa un aumento comparado con el estudio anterior, y con algunos avances políticos, los gobiernos aún no logran cumplir con esos derechos.

Presión de ebullición

Protesta de indígenas durante el campamento anual Tierra Libre, abril de 2026, con cráneos falsos. Foto de Guilherme Cavalli/Cimi en Flickr, usada con autorización.

La Constitución de 1988, vigente en Brasil después de 20 años de dictadura militar, establece que los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras que han ocupado tradicionalmente son originales, anteriores al propio Estado, y los reconoce como los primeros habitantes en el país, explica la página del Instituto Social del Ambiente.

Nesse sentido, a demarcação de uma Terra Indígena, fruto do reconhecimento feito pelo Estado, é ato meramente declaratório, cujo objetivo é simplesmente precisar a real extensão da posse para assegurar a plena eficácia do dispositivo constitucional. E a obrigação de proteger as Terras Indígenas cabe à União.

En ese sentido, la demarcación de una tierra indígena, fruto del reconocimiento estatal, es un acto meramente declaratorio, cuyo objetivo es simplemente precisar la real extensión de la posesión para asegurar la plena eficacia del dispositivo constitucional. Y la obligación de proteger las tierras indígenas corresponde a la Unión.

Aun así, ha habido un intento de presionar un nuevo marco para fijar un límite de tiempo a cualquier reclamo de tierras. Si se aprueba, el llamado Marco Temporal podría determinar que los pueblos indígenas solo podrían reclamar territorios que estaban ocupando al 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución. Esto afectaría a las comunidades desplazadas por años, en algunos casos a manos del propio Estado, que solo podrían regresar y reclamar sus territorios después de este periodo.

En 2023, la tesis fue declarada inconstitucional de la Corte Suprema Federal con nueve votos contra dos. Tras la decisión, el Congreso Nacional se apresuró a aprobar una ley que propone cambiar la Constitución para que se ajuste a este marco. En 2025, la Corte Suprema volvió a rechazar la tesis, pero mantuvo significativos extractos de la ley que podrían retrasar la demarcación de algunas tierras, dice la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. En agosto, la Corte analizó las apelaciones a la decisión y la regulación de minería en tierras indígenas.

‘Luchar por el territorio no es un delito’

Mujeres indígenas con un cartel «¡Luchar por el territorio no es un delito!», en Brasilia, capital de Brasil, abril de 2026. Foto de Guilherme Cavalli/Cimi en Flickr, usada con autorización.

En su nota, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil dice que las amenazas a los pueblos indígenas han aumentado por el clima actual:

Esse cenário representa um conflito jurídico em que há uma ofensiva coordenada que ameaça centenas de povos indígenas, amplia a insegurança e a violência contra comunidades e compromete a proteção da biodiversidade e o enfrentamento da crise climática.

Ese escenario representa un conflicto jurídico en el que hay una ofensiva coordinada que amenaza a centenares de pueblos indígenas, amplía la inseguridad y la violencia contra las comunidades y compromete la protección de la biodiversidad y el enfrentamiento de la crisis climática.

La presión política también viene a través de otras propuestas en el Congreso, como el proyecto 6093/2023, que podría hacer que cerca del 98% de los procesos de demarcación sean irrealizables. Según el informe del Consejo Indigenista Misionero, Brasil tiene 897 tierras indígenas cuya  regularización aún está pendientes; de esos, en 582 todavía no empieza el proceso de demarcación. Los avances que ha hecho del Gobierno federal son importantes, evalúan pero siguen siendo escasos y no cubren las necesidades y demandas de los pueblos indígenas. El informe también dice que “no es posible separar la violencia y las violaciones registradas durante 2025 de los ataques contra los derechos a las tierras indígenas a lo largo del año”.

La regulación de la tierra de la comunidad del muchacho ava guaraní asesinado en Paraná está pendiente aún, a pesar de que sus límites se reconocieron en 2018. La Policía Federal está a cargo de investigar este asesinato.

‘Dejen de matarnos» dice el cartel detrás de un joven manifestante indígena en una marcha, abril de 2026, Brasilia. Foto de Guilherme Cavalli/Cimi on Flickr, usada con autorización.

El Consejo Indigenista Misionero también destaca otro aspecto en este caso:

Soma-se a este contexto a pressão econômica, que encontra ressonância nos três Poderes da República, pela regulamentação da mineração em terras indígenas, pela realização de grandes obras de infraestrutura para o escoamento de grãos e minério e pela exploração de gás e petróleo em áreas com impacto direto sobre povos indígenas.

A este este contexto se le suma la presión económica, que encuentra resonancia en los tres poderes de la República, por la reglamentación de la minería en tierras indígenas, por la realización de grandes obras de infraestructura para transportar granos y minerales para exploración de gas y petróleo en zonas con impacto directo sobre pueblos indígenas.

Un estudio de investigación de Apoinme, asociación que incluye pueblos indígenas del región del noreste y los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, según datos de la Agencia Nacional Petrolera y las comunidades locales, señaló que 84 tierras indígenas podrían verse afectadas por empresas de gas natural y petróleo, según Alma Preta.

En la conferencia de prensa del Consejo Indigenista Misionero, Tipuici Manoki, indígena que vive en la región de la cuenca del rio Juruena, habló sobre la lucha de su pueblo contra esas empresas, que suelen funcionar sin consultar a las comunidades. El 13 de agosto, dijo:

Estamos falando de vida, de direitos, é isso que o relatório traz. Quiçá a gente seria feliz se diminuísse a violência contra nós, mas vemos que ela só aumenta. Quando a gente fala sobre o relatório é de embargar a voz, porque estamos falando de vidas, de direitos, de pessoas que morreram lutando por seus territórios. Isso reflete na minha região.

Estamos hablando de vida, de derechos, eso es lo que dice el informe. Quizá seríamos felices si disminuyera la violencia contra nosotros, pero vemos que solo aumenta. Cuando hablamos del informe se nos quiebra la voz, porque estamos hablando de vidas, de derechos, de personas que morirán luchando por sus territorios. Eso se refleja en mi región.

Mongabay había informado que la región de Tipuici Manoki se había visto afectada por contaminación de pesticidas y represas.