Imagen de Mawa Rannahr. Uso autorizado.

Este artículo de Nikolai Levasov se escribió con la colaboración del Movimiento Global contra la Apatridia (GMAS, por sus siglas en inglés), socio de contenidos de Global Voices. Este artículo forma parte de la serie Spotlight de julio de 2026 de Global Voices, «Apatridia«. Esta serie ofrece una visión detallada del problema de la apatridia y cómo limita la libertad de movimiento, oportunidades educativas, acceso político, y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

Durante años, se analizó desde la perspectiva del poder el caso de Jeffrey Epstein, magnate financiero estadounidense condenado por delitos sexuales que dirigía una red internacional de trata que involucraba a niñas menores de edad. La atención pública se centró en quiénes conocían a Jeffrey Epstein, quiénes visitaban sus propiedades, quiénes aparecían en los expedientes judiciales y qué políticos, multimillonarios, miembros de la realeza y celebridades se relacionaban con él.

Esa atención es entendible. El público merece saber cómo una red de trata tan grande pudo existir tanto tiempo dentro del círculo de personas con enorme riqueza e influencia. Sin embargo, la obsesión por saber los nombres de los poderosas a menudo hace que pase a segundo plano lo más importante: ¿quiénes eran las víctimas y cuáles fueron las condiciones legales que permitieron esta explotación?

Hay un aspecto que sigue sin investigarse: la apatridia.

Los apátridas son personas a quienes ningún país reconoce como ciudadanas. Al no tener nacionalidad, a menudo carecen de documentos de identidad válidos y de acceso a asistencia legal, libertad de circulación, empleo, educación y derechos civiles fundamentales. El ACNUR señala que los apátridas en Estados Unidos pueden enfrentar severas dificultades, como detención, obligación de informar sobre su situación, problemas para conservar un empleo, separación familiar y falta de acceso a cuentas bancarias o a documentos de identidad. Los expertos estiman que alrededor de 218,000 personas en Estados Unidos son apátridas o corren el riesgo de serlo.

Esta realidad debería llevarnos a hacer preguntas incómodas sobre el caso Epstein.

¿Alguna de las víctimas menores de edad de Epstein era apátrida o estaba en riesgo de serlo? ¿Alguien no pudo demostrar su nacionalidad, no tenía pasaporte, dependía de otros para recibir ayuda en cuestiones migratorias o tenía miedo de acudir a las autoridades por su situación legal? ¿Acaso los investigadores, fiscales, abogados defensores, jueces o periodistas tuvieron en cuenta alguna vez esta posibilidad? Si no fue así, ¿por qué?

Estas preguntas no son especulativas con fines sensacionalistas. Surgen de un patrón muy conocido en la trata de personas: los explotadores buscan la vulnerabilidad. Una persona joven, pobre, aislada, indocumentada, apátrida o que dependa de otros para vivir, viajar o recibir asistencia legal es más fácil de controlar. Las autoridades migratorias de Estados Unidos han reconocido que los traficantes y abusadores suelen aprovechar que las víctimas no tengan una situación migratoria regular para explotarlas y controlarlas; el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también ha reconocido que las políticas de protección migratoria son una herramienta importante para ayudar a que las víctimas de trata se sientan más seguras y protegidas.

El peligro es aún mayor para los niños apátridas. Un niño sin nacionalidad puede no tener ningún Estado que se haga responsable protegerlo. También, es posible que no sepa dónde buscar ayuda, que tenga miedo de la Policía, de los tribunales, de las autoridades migratorias o de que lo deporten a un país que no lo reconoce. O tal vez dependa de adultos que controlan sus documentos, sus movimientos, su dinero, su acceso al idioma y a su sobrevivencia. En manos de los traficantes, la apatridia puede convertirse en un arma.

Sin embargo, la apatridia prácticamente no ha sido objeto de debate público sobre el caso. Existen varias razones que explican ese silencio.

En primer lugar, debe protegerse la privacidad de las víctimas. Las identidades y los datos personales de los sobrevivientes, sobre todo de quienes eran menores de edad, bajo ningún concepto deben revelarse para satisfacer la curiosidad del público. El objetivo de indagar sobre la apatridia no es identificar a las víctimas, sino saber si los investigadores y las autoridades reconocieron una situación de vulnerabilidad extrema.

En segundo lugar, en Estados Unidos aún no hay un sistema legal efectivo y amplio para los apátridas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dice que en Estados Unidos, ser apátrida no garantiza una situación legal ni beneficios previstos por la legislación estadounidense. A pesar de que en 2023 Estados Unidos logró avanzar en el ámbito administrativo, en 2025, durante la presidencia de Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos revocó sus directrices sobre la apatridia, lo que ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos por la falta de un proceso claro.

En tercer lugar, el público conoce poco de la apatridia. Muchos periodistas, investigadores, abogados, jueces y políticos aún tratan las cuestiones relacionadas con la nacionalidad como una simple casilla que se debe marcar en un formulario. Sin embargo, para los apátridas, esa casilla puede significar años de incertidumbre legal, miedo, pobreza e invisibilidad. Cuando las autoridades no comprenden la apatridia, pueden no reconocerla aunque tenga relación directa con el delito.

Es por eso que el caso de Epstein debe analizarse como un escándalo relacionado con personas poderosas, y también como una advertencia sobre la invisibilidad legal. La pregunta no es solo quién tenía relación con Epstein. La pregunta es quiénes no tenían acceso real a la protección.

Cabe aclarar que los informes oficiales aún no determinan cuántas de las víctimas de Epstein eran apátridas, y si es que hubo alguna Allí es donde radica el problema. Los periodistas de investigación, abogados, defensores de derechos humanos e investigadores deberían trabajar juntos para analizar si la apatridia, si no tener nacionalidad, documentos de identidad, o si alguna irregularidad migratoria aparecen en los expedientes del caso Epstein. Esto debe hacerse responsablemente, sin exponer a las víctimas ni violar su privacidad. Pero debe hacerse.

El comunidad académica también debería estudiar con mayor seriedad la relación entre la apatridia y la explotación sexual. En todo el mundo, los niños apátridas se encuentran entre las personas más vulnerables y más difíciles de proteger. Si los Gobiernos y las instituciones no los tienen en cuenta, sí los tendrán los explotadores.

Los organismos de derechos humanos deben crear mecanismos confidenciales y adecuadas para quienes han sufrido traumas, en los que apátridas y víctimas puedan denunciar las situaciones de explotación de forma segura. Las encuestas, entrevistas e investigación en la sociedad pueden ayudar a identificar patrones que los organismos oficiales han pasado por alto. Aun así, este trabajo nunca debe presionar a las víctimas para que aporten más información de la que están preparados para divulgar.

Los legisladores también deben actuar. Estados Unidos necesita un procedimiento eficaz para reconocer los casos de apatridia, brindar protección legal, facilitar el acceso a documentos de identidad y un camino a la residencia permanente y la ciudadanía. Para eso, el Congreso de Estados Unidos debe tomar medidas y aprobar la ley de protección de los apátridas, o una ley que incluya las medidas de protección fundamentales. Cuando el proyecto de ley se volvió a presentar en 2024, sus promotores lo describieron como una ley que otorgaría protección, residencia permanente y acceso a la ciudadanía a los apátridas que cumplieran los requisitos y vivieran en Estados Unidos. Su aprobación no sería un acto simbólico, sino una medida concreta para proteger a las personas frente a la invisibilidad legal, la explotación, la detención y los abusos. Sin esas protecciones, los apátridas quedan atrapados en un limbo legal en el que traficantes, abusadores e incluso los sistemas que no funcionan de forma adecuada pueden aprovecharse de la falta de una nacionalidad reconocida.

Como exapátrida y activista social, creo que los apátridas también debemos formar parte de este debate. Sabemos lo que significa vivir sin la protección de una nacionalidad. Sabemos con qué facilidad la sociedad pasa por alto a quienes no encajan en las categorías legales. Y cuando sea seguro, debemos alzar la voz, no porque la carga de la justicia recae sobre las víctimas, sino porque el silencio ha protegido a demasiados abusadores demasiado tiempo.

El caso de Epstein conmocionó al mundo porque reveló cómo la riqueza y la influencia pueden proteger el abuso criminal. Sin embargo, debería obligarnos a enfrentar otra verdad: las personas sin nacionalidad suelen ser personas invisibles. Y las personas invisibles son más fáciles de explotar.

Aunque pocos niños apátridas hayan caído en la red de trata de Epstein, el hecho importa. Importa legalmente. Importa moralmente. E importa para cada menor apátrida que aún vive al margen de la protección.

El mundo ha pasado años preguntándose quiénes estaban conectados con Epstein. Es hora de preguntar a quiénes se dejó vulnerables, y si la apatridia contribuyó a que eso fuera posible.