Hombre con la boca tapada. Fotografía de Valentín Ángel Fernández. Usada con autorización.

Este artículo lo escribió la doctora Stellah Wairimu Bosire, integrante de la junta directiva de la alianza global CIVICUS y directora ejecutiva del Centro Africano para los Sistemas de Salud y la Justicia de Género.

hace unos meses, ya entrada la noche de un lunes, Brian Bright Tamuka Kagoro llegó al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta sin armamento, intenciones de contrabando ni de desestabilizar al Estado. Solo llevaba sus ideas, sus convicciones y el peso de cuatro décadas dedicadas a la lucha por la justicia.

Como distinguido panafricanista, abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, Kagoro entró a Kenia por los canales oficiales; le sellaron el pasaporte y pasó el control de inmigración. Luego, cuando ya estaba a mitad de camino, funcionarios estatales lo interceptaron, confiscaron sus teléfonos y le impidieron contactarse con abogados, algún amigo o el consulado. El Servicio Nacional de Inteligencia de Kenia lo mantuvo completamente incomunicado durante 14 horas.

Cuando finalmente lo declararon persona no grata y lo deportaron, no le dieron ninguna explicación, ni debido proceso, ni cargos públicos. Si bien su «delito» nunca se mencionó claramente, el mensaje encubierto era indiscutible: la disidencia, la solidaridad y el pensamiento independiente son peligrosos.

Esa es una realidad que los defensores de los derechos humanos en toda África conocen de primera mano. El cierre del espacio cívico ya no es solo un problema abstracto para los líderes opositores de alto perfil, sino un peligro diario para investigadores, periodistas, abogados, feministas y ciudadanos comunes que se atreven a cuestionar o a solidarizarse con quienes sufren ataques.

Las fronteras se convierten en barreras

Estamos viendo una peligrosa tendencia que va en aumento en todo el continente, en la que los Estados utilizan activamente sus fronteras como armas para rastrear y silenciar a activistas. En otros tiempos, la represión estatal se limitaba en gran medida a las fronteras de cada país. En la actualidad, los autócratas utilizan las fronteras con vigilancia digital, información compartida y expulsiones coordinadas, para alcanzar a los disidentes incluso después de haber huido al exilio. El trato que Kenia dio a Kagoro es un crudo recordatorio de que abandonar el hogar ya no garantiza seguridad.

Esa intimidación transfronteriza sigue un patrón consistente que aterroriza. Más al oeste, vimos una estructura de control similar que afectó a Mubarak Bala, bloguero humanista nigeriano que recibió una condena de 24 años de prisión por blasfemia tan solo por expresar sus creencias. Si bien una intensa movilización internacional ayudó en última instancia a lograr su liberación dos años después, el calvario que sufrió subraya la magnitud de la amenaza que enfrenta la libertad de expresión.

Los datos que respaldan esas historias individuales son asombrosos. Según los últimos hallazgos de Monitor CIVICUS, más del 80% de la población de África subsahariana vive en países donde el espacio cívico se clasifica con carácter oficial como «reprimido» o «cerrado». De los 50 países y territorios que la región supervisa, 44 tienen graves obstáculos o las libertades fundamentales están totalmente suprimidas. Además, los datos revelan que la detención de periodistas se convirtió en la táctica principal que emplean los Gobiernos africanos para silenciar al periodismo independiente; tan solo en el último año, las autoridades de 33 países encarcelaron a trabajadores de medios.

Esa ofensiva se produce en un momento en que la atención mundial está muy fragmentada. Preocupados por las guerras, las crisis económicas y las alianzas geopolíticas cambiantes, muchos aliados internacionales tradicionales han relegado discretamente los derechos humanos a un segundo plano. Los Gobiernos que antes se erigían como defensores de la democracia priorizan cada vez más los acuerdos comerciales bilaterales y los convenios de seguridad por encima de la confrontación con regímenes represivos. Cuando los defensores de los derechos humanos se ven obligados a enfrentar ese aislamiento, el autoritarismo se infiltra en los vacíos que dejan.

Las emergencias sin fronteras se pueden enfrentar con resiliencia

La historia demuestra que las emergencias sin fronteras pueden enfrentarse con resiliencia. El activismo local ya no basta para proteger a los principales defensores de los abusos estatales; es necesario que la sociedad civil desarrolle un mutualismo colaborativo y transfronterizo. Es justo por eso, y coincidiendo con el Día Internacional de Nelson Mandela, que el lanzamiento mundial de la campaña #StandAsMyWitness (Sé mi testigo) ofrece un modelo fundamental para la resistencia ciudadana a través de la solidaridad transnacional.

Tanto en el ámbito profesional como en el personal, observamos que los movimientos brindan apoyo a las personas durante largos períodos, incluso después de que las instituciones les fallaron. A veces, lo que protege a un activista detenido no es una orden judicial ni una declaración gubernamental, sino saber que otros observan, documentan, hablan, organizan y se niegan a que su historia desaparezca. La organización, más allá de las fronteras, genera presión mediante campañas de incidencia, movilización democrática, cabildeo diplomático y un costo reputacional. La solidaridad transnacional recuerda a los Gobiernos que el mundo está atento; ayuda a garantizar que los detenidos no sean olvidados, lo que reduce el riesgo de tortura, desaparición forzada y encarcelamiento indefinido. Las leyes internacionales también refuerzan esas iniciativas de defensa. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben las detenciones arbitrarias, lo que otorga a los movimientos globales la capacidad jurídica para exigir su cumplimiento.

Esa campaña transmite un mensaje crucial de esperanza a un panorama sombrío. Nos recuerda que la movilización pública internacional funciona de manera tangible; un hecho que se demostró con la liberación física de 31 defensores de derechos humanos en todo el mundo, que tras haber permanecido ocultos, consiguieron la libertad gracias a que los movimientos globales se encargaron de mantener vivas esas experiencias en la memoria colectiva.

No obstante, para que esa solidaridad siga siendo efectiva, debe adaptarse. La verdadera solidaridad transfronteriza no puede tan solo replicar las antiguas dinámicas de poder ni las jerarquías verticales. Requiere, además, una «ecología del conocimiento», es decir, un reconocimiento genuino de que las ideas y estrategias más vitales provienen de las propias comunidades locales y los movimientos de base que luchan en primera línea.

La defensa de los derechos humanos en África y en los países en desarrollo tiene que comenzar con la escucha activa. Debemos reconocer que nuestras luchas individuales por la justicia están muy vinculadas entre sí. Los defensores de derechos humanos no representan una amenaza para la seguridad nacional; son la infraestructura crítica que mantiene unidas a nuestras sociedades y la línea de defensa que no podemos permitirnos dejar desprotegida.