Diversos ryukyu interpretaron sus canciones tradicionales en People's Forum NYC, 26 de abril de 2026. Captura de pantalla de la transmisión en directo del canal de YouTube de the People's Forum NTY .

Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de agosto “Derechos indígenas”. Esta serie ofrece una visión de las vidas y experiencias de los pueblos indígenas, de las conexiones a través de regiones, experiencias indígenas y contar las historias de líderes, activistas y miembros de la comunidad y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

Durante la reunión del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) celebrada el 13 de julio, varias ONG, expertos y defensores ryukyuenses tomaron la palabra para instar a Japón a reconocer legalmente su condición de pueblo indígena y resolver los antiguos problemas causados por las bases militares estadounidenses repartidas por toda la isla de Okinawa en Japón.

No era la primera vez que se planteaba esta cuestión. Desde 2008, diversos comités de Naciones Unidas han emitido seis recomendaciones para que el Gobierno japonés reconozca al pueblo ryūkyū como grupo indígena. Sin embargo, el Gobierno japonés se ha negado en repetidas ocasiones a concederles la condición de pueblo indígena.

En general, Japón se considera un país étnicamente homogéneo; sin embargo, dos grupos, los ainu y los ryukyuenses, tienen vínculos ancestrales y precoloniales con el archipiélago japonés. El pueblo ainu, con su lengua y sus prácticas religiosas únicas, está vinculado geográficamente a Hokkaido, mientras que el pueblo ryukyuense lleva varios miles de años viviendo en el archipiélago de Ryūkyū, según sus relatos sobre la creación, y se unificó en el siglo XIV bajo el reino independiente de Ryūkyū (1429-1872).

Desde marzo de 2001, los órganos de Naciones Unidas, en particular el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), han formulado recomendaciones para que el Gobierno japonés reconozca oficialmente la condición de pueblos indígenas de los ainu y los ryukyuenses con el fin de proteger sus tierras y sus culturas.

La condición de pueblo indígena de los ainu fue finalmente reconocida en 2008 y codificada en la ley de promoción de las políticas para los ainu de 2019, que faculta a los ainu a participar en el desarrollo de Hokkaido y da fondos para el turismo, el comercio y la industria referidos a los ainu en la región. Sin embargo, el Gobierno japonés no les ha concedido los derechos indígenas inherentes, como derecho a la autodeterminación y derechos sobre la tierra y recursos naturales, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

Sin embargo, la lucha del pueblo ryūkyū por la autodeterminación y el reconocimiento de su condición de pueblo indígena se ha visto frustrada por agresivas políticas de asimilación desde el auge del Imperio japonés, que comenzó en la era Meiji (1868-1912), y se ha visto aún más obstaculizada por la fuerte presencia militar estadounidense en la isla.

Más de un siglo de asimilación

Históricamente, el Reino de Ryūkyū sirvió de puente comercial entre China y Japón. Se le consideraba un estado tributario de China durante la dinastía Ming, pero fue anexionado por Japón en 1872 y sufrió más de un siglo de políticas de asimilación forzada. Estas políticas incluían sustituir apellidos tradicionales ryūkyū por apellidos japoneses, prohibir prácticas religiosas locales en favor del sintoísmo japonés, enseñanza en las escuelas de que la cultura autóctona era inferior, represión de la lengua ryūkyū por calificarla de dialecto «atrasado» del japonés estándar, entre otras medidas.

En 2009, la UNESCO incluyó la lengua ryukyuense en la lista de lenguas en peligro de extinción y advirtió que podría desaparecer ya en 2050. Sin embargo, no existe ninguna política nacional para rescatar la lengua, dada su situación de «dialecto». El lingüista de okinawense Michinori Shimoji analizó la política lingüística japonesa en su blog:

この琉球諸語がまさに今消滅の危機にあって、現在の琉球列島の人々（私を含む）は日本語への収束が進みつつあるが、それを指してヤマトの側が「あなたたちはもはや日本人で、あなたたちの話す言語はただの方言だ」というのは、放火犯が「あなたの家、燃えましたね」というに等しい。

Actualmente, estas lenguas de las islas Ryūkyū están en peligro de extinción y, aunque los habitantes de las islas Ryūkyū de hoy en día (yo incluido) se están asimilando cada vez más al japonés, decir «ahora eres japonés, y la lengua que hablas no es más que un dialecto» equivale a que un pirómano dijera: «Tu casa se ha quemado, ¿verdad?».

En su mayor parte, estas políticas de asimilación han logrado frenar el movimiento por los derechos indígenas ryūkyū.

En 2024, los concejos prefecturales de Okinawa aprobaron resoluciones en las que exigían oficialmente a Naciones Unidas que retirara sus recomendaciones al Gobierno japonés de conceder la condición de pueblo indígena a los ryukyuenses. Una encuesta de 2022 reveló que, aunque alrededor del 60% de los habitantes de Okinawa estaban de acuerdo en que su identidad era distintiva, el 95% no se consideraba indígena, principalmente porque el 70% tenía muy poca idea de los derechos indígenas en el marco de Naciones Unidas. A algunos les preocupaba que se generara una división interna innecesaria, mientras que otros temían que la influencia extranjera de China pudiera conducir a la eliminación total de las bases militares estadounidenses, lo que podría afectar negativamente a la seguridad nacional de Japón.

Esto deja a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en una situación difícil, en la que, aparentemente, tienen que elegir entre la autodeterminación mediante reconocimiento y una menor seguridad regional.

Presencia militar estadounidense en Okinawa

En la actualidad hay 31 instalaciones militares estadounidenses en funcionamiento repartidas por todo Okinawa, bases que han supuesto un obstáculo adicional para las reivindicaciones de los ryukyuenses en materia de derechos indígenas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses se apoderaron de las islas Ryūkyū, desplazaron a cientos de miles de ryukyuenses de sus tierras y hogares, y construyeron una sólida infraestructura militar en todas las islas. Entre 1945 y 1972, Estados Unidos asumió la administración de las islas, ya que, por su ubicación geográfica en la parte oriental del océano Pacífico, se convirtieron en un punto estratégico para brindar apoyo militar al Ejército y la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea (1950-1953) y la Guerra de Vietnam (1955-1975).

Ciudad de Naha, en Okinawa. Fuera de las bases militares estadounidenses, muchos habitantes de Okinawa viven en ciudades densamente pobladas. Imagen de Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA 3.0).

Aunque las protestas generalizadas en Okinawa obligaron a Estados Unidos a devolver la isla a Japón, en virtud del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) entre Estados Unidos y Japón, el personal militar estadounidense sigue gozando de privilegios jurisdiccionales y, a menudo, queda exento de ser procesado por la justicia local, aunque cometa delitos contra la población local.

Dentro de Japón, Okinawa alberga el 70% de las bases militares estadounidenses. En la actualidad, el Ejército estadounidense utiliza entre el 15% y el 18% del territorio de Okinawa para sus bases e instalaciones. Sin permiso oficial ni autorización de seguridad, los habitantes de Okinawa no pueden acceder a estas bases.

En la práctica, esto se traduce en ciudades densamente pobladas para la población local, mientras que las bases militares estadounidenses disfrutan de amplios espacios, que incluye viviendas unifamiliares con jardines al estilo estadounidense y extensos terrenos en toda la base. La siguiente captura de pantalla ofrece un ejemplo visual aproximado de las diferencias de densidad entre una instalación, la Base Aérea de Kadena y la ciudad circundante.

Imagen satelital de la base aérea estadounidense de Kadena, en Okinawa, una de las 31 instalaciones militares estadounidenses de la isla. El territorio de la base aparece delimitado a grandes rasgos en amarillo para resaltar la densidad de la base en comparación con la ciudad que la rodea. Uso legítimo a través de Google Maps.

La mayoría de los habitantes de Okinawa se opone a la ampliación de las instalaciones militares, y el Gobierno local, incluido el actual gobernador Denny Tamaki, ha pedido en numerosas ocasiones que se reduzca la carga que suponen para Okinawa las bases militares estadounidenses. Sin embargo, el Gobierno japonés suele ignorar estas peticiones públicas.

Además de los problemas de espacio, esta elevada concentración de bases genera entre los residentes preocupaciones tanto en materia de salud como de seguridad. Se han detectado altos niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), incluido el ácido perfluorooctanoico (PFOA), sustancias químicas asociadas a distintos tipos de cáncer, en los alrededores de las bases militares estadounidenses de Okinawa, que presumiblemente proceden de las espumas contra incendios que se utilizan en los ejercicios de entrenamiento. Sin embargo, la base estadounidense denegó el acceso a las autoridades locales para investigar la contaminación.

La misma presencia de las bases que suscita las quejas en materia de salud y soberanía es también la razón por la que el reconocimiento sigue siendo un reto político para Tokio. Reconocer a los habitantes de Ryūkyū como grupo indígena podría darles derechos legítimos sobre la tierra, lo que resulta algo complicado dado que Japón ya ha cedido de hecho gran parte del territorio de Okinawa a las fuerzas militares estadounidenses. En Tokio, estas bases se consideran una fuerza militar y política esencial que puede ayudar a enfrentar las tensiones actuales con China y Corea del Norte, independientemente de lo que eso signifique para quienes viven en Okinawa.

En este contexto, durante el EMRIP, el representante de la Asociación de Pueblos Indígenas Ryūkyū instó al mecanismo de expertos de Naciones Unidas a reforzar sus recomendaciones al Gobierno japonés en materia de derechos de acceso a la justicia:

[The] state must not invoke jurisdictional fragmentation, military agreement, security arrangement, interagency transfer of responsibility, or their own failure or refusal to recognize Indigenous peoples status as grounds to deny, delay, or deflect access to effective remedies.

El Estado no debe invocar fragmentación jurisdiccional, acuerdos militares, acuerdos de seguridad, transferencia interinstitucional de responsabilidades ni su propio incumplimiento o negativa a reconocer la condición de los pueblos indígenas como motivos para denegar, retrasar u obstaculizar el acceso a recursos efectivos.

Sin embargo, las preocupaciones en materia de seguridad nacional han socavado los derechos fundamentales de los habitantes de Okinawa, y su lucha por obtener el reconocimiento como pueblo indígena será más ardua que la del pueblo ainu en Hokkaido.