Pueblos indígenas se manifiestan frente al Departamento de Ambiente y Recursos Naturales contra la exploración minera en Nueva Vizcaya. Fotografía de Altermidya. Usada con autorización.

Este artículo forma parte de la serie Spotlight de agosto de 2026 de Global Voices, «Derechos indígenas«. Esta serie ofrece una visión de las vidas y experiencias de los pueblos indígenas con el fin de establecer vínculos entre regiones, destacar las experiencias indígenas y contar historias de líderes, activistas, miembros de la comunidad y otras personas. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.

Más de 30 demandas se han presentado contra líderes indígenas, ambientalistas y abogados por levantar barricadas contra la minería en Nueva Vizcaya, provincia en el norte de Luzón, la mayor isla de Filipinas.

Nueva Vizcaya es una región montañosa conocida por su producción agrícola y sus recursos minerales. El auge de la exploración minera causó el desalojo de agricultores y comunidades indígenas, lo que impulsó a la población a resistir instalar de barricadas como método de resistencia para interrumpir las operaciones de las empresas explotadoras.

Los dirigentes de las agrupaciones sociales consiguieron el apoyo de la ciudadanía y lograron convencer a las autoridades para que suspendieran la licencia de la empresa minera Woggle Corporation. El 19 de mayo, hubo otra barricada en la zona de la Corporación de Recursos Minerales del Norte de Luzón, a la que inicialmente se le había concedido el derecho a explorar 4456 hectáreas en Kasibu, Nueba Vizcaya.

Los líderes indígenas y los lugareños insisten en que no se les consultó sobre las actividades mineras en sus tierras ancestrales. Asimismo, expresaron su firme oposición al impacto destructivo de los permisos de exploración.

Como respuesta, las empresas mineras y algunos funcionarios locales presentaron denuncias por difamación en internet y usurpación contra los líderes de los grupos que organizaron los cortes. El caso más reciente dio lugar a un arresto el 19 de agosto, por lo que las autoridades también iniciaron procesos por coacción grave y desacato contra los manifestantes.

Barricada contra la minería en Nueva Vizcaya. Foto de la página de Facebook de la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas. Usada con autorización.

Además de bloquear el acceso a los yacimientos mineros, los activistas y manifestantes indígenas también marcharon hacia la capital, Manila, para pedir la anulación de los permisos otorgados a las empresas mineras. Zesirie Enggo, de 26 años e integrante de la tribu bugkalot, coordinadora de la Respuesta Intertribal de Kasibu para el Desarrollo Ecológico, formó parte de la delegación que entregó una carta a un organismo gubernamental. En un foro público, habló sobre el impacto de la minería en su comunidad:

When I was a child, the river was wide, but now it has become just a channel of water that came from the mine.

It was supposed to be planting season, but there hasn’t been any rain yet. The water near the site of the drilling activities is already contaminated.

This case is just a small part of our struggle compared with what we are fighting for — not only for our community, but also to inspire other communities affected by large mining corporations.

Nueva Vizcaya is known for being a watershed that gives life to the community. If not taken care of, the production of fruits and vegetables will be scarce and it can’t supply to other places who depend on our products. That’s the consequence if we don’t do anything.

Cuando era niña, el río era ancho, pero ahora se convirtió en un cauce de agua proveniente de la mina.

Se suponía que era época de siembra, pero todavía no llueve. El agua cercana a la zona de perforación ya está contaminada.

Este caso es apenas una pequeña parte de nuestra lucha en comparación con aquello por lo que luchamos: no solo por nuestra comunidad, sino también para inspirar a otros pueblos afectados por las grandes empresas mineras.

Nueva Vizcaya se destaca por ser una cuenca hidrográfica que da vida a la región. Si no la cuidamos, la producción de frutas y verduras será escasa y no se podrá abastecer a otros lugares que dependen de nuestros productos. Esa es la consecuencia si no hacemos algo.

La Alyansa ng Novo Vizcayano para sa Kalikasan, coalición de grupos ecologistas de la provincia, emitió un comunicado para rechazar las denuncias de hostigamiento presentadas contra la comunidad.

The filing of cyberlibel and other cases against community leaders and their lawyers is part of a growing pattern of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) aimed at silencing environmental defenders and weakening legitimate resistance to large-scale mining.

La presentación de causas por difamación cibernética y otros cargos contra los líderes de la comunidad y sus abogados forma parte de la creciente tendencia de litigios estratégicos contra la participación pública, que buscan silenciar a los defensores ambientales y debilitar la resistencia legítima a la explotación minera.

Añadió que la denominada 2transición verde» ignora el bienestar de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.

These developments expose the human rights costs of the accelerating rush for critical minerals under the guise of the ‘green transition’ while affected communities continue to bear the burden of land dispossession, threats to their water sources, and attacks on their democratic rights.

Estos hechos exponen el costo para los derechos humanos de la acelerada carrera por los minerales críticos bajo la fachada de la «transición verde», mientras las comunidades afectadas continúan soportando el peso del despojo de sus tierras, las amenazas a sus fuentes de agua y los ataques a sus derechos democráticos.

Manifestación contra la minería en Manila encabezada por indígenas. Foto de la página de Facebook Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas. Usada con autorización.

Varios grupos de fuera de la provincia emitieron comunicados públicos para respaldar la campaña local contra la minería a gran escala.

El Center for Environmental Concerns (CEC) condenó «el persistente historial de intentos deliberados de organismos estatales y privados coludidos para acabar con la disidencia local». La organización Yes to Life No to Mining reivindicó el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades agrícolas «a decidir qué sucede con sus tierras, en especial cuando la minería interfiere con los usos locales del suelo y las perspectivas de sustento».

Por último, Katribu reconoció el rol de la acción colectiva para frenar los proyectos destructivos.

Indigenous peoples across Nueva Vizcaya have resisted for decades against large-scale, foreign-owned mining that has brought only environmental destruction, loss of livelihood, militarization, and human rights violations. From the successful resistance against Royal Co Mining Corporation in 2008, to the recent people's barricade that compelled the suspension of Woggle Corporation's exploration activities in Dupax del Norte, the people have repeatedly proven that organized communities can halt destructive mining projects.

Los pueblos indígenas de toda Nueva Vizcaya se resisten desde hace décadas a la minería extranjera a gran escala, que solo ha traído destrucción ambiental, pérdida de medios de sustento, militarización y violaciones de los derechos humanos. Desde la exitosa resistencia contra Royal Co Mining Corporation en 2008 hasta la reciente barricada popular que obligó a suspender las labores de exploración de Woggle Corporation en Dupax del Norte, la población ha demostrado una y otra vez que las comunidades organizadas pueden frenar los proyectos extractivos nocivos.

Lugareños y activistas denunciaron la presencia policial en la barricada antiminera. Foto de la página de Facebook de Alyansa ng Novo Vizcayano para sa Kalikasan (ANVIK Official). Usada con autorización.

A pesar de las amenazas legales, los pueblos indígenas y otros miembros de la comunidad continúan defendiendo las barricadas de forma activa. El despliegue policial en la zona llevó a los vecinos a denunciar la militarización de su entorno. Lo que ocurre en Nueva Vizcaya refleja la tensión que se vive en numerosos pueblos de todo el país, donde comunidades indígenas y lugareños rechazan el ingreso de las grandes empresas mineras.