Miles de personas se reunieron en el exterior del Parlamento georgiano. Ya van cien días consecutivos de protestas contra el cambio radical del Gobierno sobre las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.
Desde personalidades políticas a periodistas, representantes de la sociedad civil, empresarios y muchos otros, la lista de personas perseguidas no deja de crecer.
El juez Alexandre de Moraes ordenó la suspensión de la plataforma de videos Rumble. Paralelamente, el presidente estadounidense y sus aliados amenazan con tomar medidas legales.
La Fiscalía General acusó a Bolsonaro de liderar una organización criminal "basada en un proyecto autoritario", que usa las estructuras del Estado y tiene influencia en los militares.
Los ciudadanos llevan le peor parte del compromiso del Gobierno con la producción de combustibles fósiles y la falta de políticas efectivas para reducir el impacto negativo.
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