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El pueblo de Hong Kong contra el proyecto de extradición de China

Dos millones protestan el 15 de junio de 2019. Foto de PH Yang, usada con autorización.

Hong Kong ha sido parte de la República Popular de China desde que los británicos dejaron el territorio en 1997, y tiene una condición única como Región Administrativa Especial —territorio autónomo dentro de China que goza de un arreglo políticos de ‘un país, dos sistemas’ que garantiza leyes, Poder Judicial, Gobierno, moneda y políticas de visa separadas. Esta condición especial ha concedido a Hong Kong un grado de libertad de expresión y medios y diversidad política desconocida en China continental y también lo ha hecho un lugar atractivo para negocios internacionales.

Pero esa preciada independencia está bajo amenaza. Una reforma al Decreto de Delincuentes Fugitivos y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal —popularmente conocida como la “ley de extradición”— propuesta por el Consejo Legislativo (Parlamento de Hong Kong) en febrero de 2019 es la más reciente de una serie de decisiones que amenazan con minar la autonomía del territorio. De ser aprobado, el proyecto autorizaría que Hong Kong extraditara a sospechosos de delitos a China continental para enfrentar juicio.

El pueblo de Hong Kong no lo acepta. Desde marzo de 2019, los hongkoneses han estado protestando contra el proyecto, defendiendo los valores de la ciudad incondicional y temerariamente. Como el Gobierno se negó a retirar el proyecto después de que un millón de personas se manifestaron el 9 de junio, la acción de protesta aumentó y terminó con gases lacrimógenos, bolsas de semillas y balas de goma lanzadas por la policía el 12 de junio. El 16 de junio, dos millones de habitantes de la ciudad tomaron las calles en una muestra de protesta pacífica. El Consejo Legislativo suspendió el proyecto.

Creciente alcance de Pekín

Según el cronograma fijado por la Ley Básica, la miniconstitución de Hong Kong, la reforma poliítica debe ser introducida en Hong Kong gradualmente. Sin embargo, China no ha cumplido el cronograma y ha tomado un enfoque más agresivo para llevar el territorio políticamente alineado con Pekín.

Una acción que ha sido postergada fue la concesión del sufragio universal al Consejo Legislativo y al Jefe del Ejecutivo. Un hito en la política de Hong Kong fue la aprobación del comité de dirección del Congreso Popular Nacional el 30 de agosto de 2014 de una determinación que designó al comité de designación para los candidatos del Jefe Ejecutivo, y restringió la cantidad de candidatas a dos o tres. Esta medida —intervención directa de Pekín— privó a los ciudadanos de Hong Kong de su derecho a nominar al alcalde de la ciudad, y desencadenó la ola de manifestaciones masivas conocidas como el Movimiento Paraguas.

Desde 2014, Pekín ha continuado sus intervenciones en los asuntos internos de Hong Kong. En las elecciones del consejo distrital en 2015, y de nuevo en las elecciones del Consejo Legislativo en 2016, varios candidatos quedaron descalificados por su postura política en defensa de la autonomía de la ciudad. En los dos últimos años, seis legisladores del sector pandemocrático quedaron descalificados para asumir cargos supuestamente por usar la ceremonia de juramentación como plataforma política. Gran cantidad de activistas del Movimiento Paraguas y los disturbios Mongkok de 2016 están en prisión.

Otro hecho importante fue la desaparición de cinco vendedores de libros en 2015, que impactó a la sociedad y puso en riesgo la seguridad personal de los disidentes de Hong Kong. Medios, artistas y hasta académicos se encuentran bajo una creciente presión para censurar su obra.

No obstante, el pueblo de Hong Kong sigue protegiendo la ciudad de la intervenciones de Pekín. En 2019, se estima que 180 000 personas asistieron a la vigilia anual en Hong Kong en conmemoración por los 30 años de la masacre de la plaza de Tiananmén. Las protestas contra la extradición a China son otro frente más en el cual defender la autonomía de la ciudad.

El pretexto

El Gobierno de Hong Kong sostiene que las enmiendas propuestas a las leyes de extradición existentes fueron a raíz del asesinato en Taiwán, de Poon Hiu-wing, de 20 años, a mano de su novio, Chan Tong-kai, en febrero de 2018. Cuando Chan regresó a Hong Kong tras el incidente, fue arrestado por la policía. Aunque admitió el asesinato, como el hecho ocurrió en Taiwán, solamente lo acusaron de lavado de dinero, pues admitió haber usado las tarjetas bancarias de Poon para retirar dinero de su cuenta. La liberación de Chan está prevista para octubre de 2019.

Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, propuso la reforma en febrero de 2019 para brindar argumentos legales para enviar a Chan a Taiwán para ser procesado por asesinato. Sin embargo, la reforma propuesta abarcaba a Taiwán y también a China continental y otros países que actualmente no tienen tratados de extradición con Hong Kong. Lam enfatizó que la reforma debía abordar “vacíos legales”, pero los expertos legales señalan que los llamados ‘vacios’ en realidad representan una muralla que impide que los sospechosos sean entregados a China continental, donde no hay posibilidad de tener un juicio justo.

Diversos sectores han advertido que si las solicitudes de extradición se procesan sin supervisión legislativa, las reformas darían una base legal para que las autoridades de China continental arresten a disidentes políticos legales y disidentes.

Concesiones menores

Entre febrero y mayo, el Gobierno hizo ajustes menores al proyecto, como retirar varios delitos de cuello blanco de la lista de solicitudes de extradición para consolidar el apoyo del sector empresarioal. Pero Lam aún no responde a las preocupaciones por la potencial amenaza a los derechos humanos y la independencia judicial dr Hong Kong.

Bajo el pretexto de que el Gobierno necesitaba tener las reformas listas para entregar al sospechoso a Taiwán en octubre de 2019, y respaldó a los legisladores a favor de Pekín, las autoridades gubernamentales decidieron dejar de lado el debate en la Comisión de Proyectos de Ley del Consejo Legislativo, y procedió con la segunda lectura del proyecto el 12 de junio de 2019.

Para impedir que el Consejo Legislativo leyera el proyecto y aprobara la ley, aproximadamente un millón de manifestantes protestaron pacíficamente el 9 de junio de 2019 y bloquearon el acceso al Consejo Legislativo. El día terminó con enfrentamientos violentos entre los jóvenes manifestantes y la policía.

Indignados por la brutalidad policial y la afirmación del Gobierno de que procederían como está planeado, los manifestantes bloquearon las vías el 12 de junio y lograron impedir que el Consejo se reuniera en sesión.

Triunfo momentáneo

El 15 de junio, el Gobierno anunció que suspendería la revisión de la ley por el momento. Pero los manifestantes han pedido el retiro total de la ley, y luego volvieron a tomar las calles el 16 de junio. Se estima que dos millones de personas —de una población total de 7.2 millones— asistieron a la manifestación, pidieron la renuncia de Carrie Lam y expresaron que mantendrían la presión hasta el retiro de la ley.

Aunque Carrie Lam se ha disculpado con el público por su decisión de aprobar el proyecto sin consulta adecuada y ha destacado que suspendería el proyecto indefinidamente, el pueblo ha perdido la confianza en el Gobierno. Este sentir público se reflejará en la manifestación anual del 1 de julio.

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