Un hombre mira hacia arriba durante las protestas en Venezuela en 2014. El país enfrentó agitación desde antes de la más reciente confrontación política entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo. Foto en Flickr del usuario andresAzp, publicada con licencia CC 2.0.
Dictadura es la palabra que muchos venezolanos han estado usando para describir los últimos meses de agitación política en su país, que llegó a su nivel máximo el 30 de marzo de 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia anuló a la Asamblea Nacional.
La acción desencadenó protestas y causó rechazo internacional. Algunos la describieron como «autogolpe». Para muchos venezolanos, fue la confirmación de que su país había perdido todo parecido a uno democracia.
El Tribunal Supremo asumió las funciones de la Asamblea Nacional y permitió al presidente Nicolás Maduro asumir algunas funciones del legislativo, pero fue algo efímero –el tribunal dio marcha atrás días después, luego de que el presidente Maduro pidiera que reconsideraran su decisión.
A pesar del restablecimiento de la Asamblea Nacional, las organizaciones dentro y fuera del país no quedaron satisfechas. Los manifestantes siguen movilizándose casi a diario en grandes cantidades, a pesar de enfrentar agresión policial.
Son muchos los gobiernos nacionales que han expresado su preocupación y condena ante estos hechos. Y la Organización de Estados Americanos, tras una sesión de emergencia el 3 de abril de 2017, adoptó una resolución donde declaraban que los recientes acontecimientos en Venezuela como una «alteración del orden constitucional», y agregó:
A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático.
Los incidentes de las últimas semanas son apenas los más recientes de una serie de restricciones que limitan las facultades de la Asamblea Nacional desde que la oposición política de Venezuela obtuvo dos tercios de los escaños en las elecciones de diciembre de 2015.
¿Qué llevó al ‘autogolpe’ en Venezuela?
En enero de 2016, el Tribunal Supremo suspendió la elección de cuatro legisladores –tres afiliados con la oposición y uno con el partido de gobierno– del estado de Amazonas por supuestas irregularidades en el voto. La saliente Asamblea Nacional controlada por el Partido Socialista Unido de Maduro había designado jueces afines al gobierno, y la oposición acusó al tribunal de tratar de despojarlos de la mayoría –que, entre otras cosas, les permite destituir a jueces del Tribunal Supremo.
Entonces la oposición siguió y tomó juramento a tres de los legisladores cuestionados. En respuesta, el Tribunal Supremo resolvió que toda la Asamblea Nacional estaba en desacato y que todas sus decisiones serían nulas. Los legisladores fueron sometidos a recortes presupuestarios y eran apenas remunerados por su trabajo durante más de diez meses, con un salario de 38 dólares al mes.
El punto muerto continuó en octubre, cuando el Consejo Electoral Nacional suspendió un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro y pospuso las elecciones regionales más allá de su fecha límite constitucional hasta 2017. La oposición acusó al presidente Maduro y sus partidarios de preparar un golpe lento, y votó para iniciarle un «juicio político y criminal«.
En enero de 2017, la Asamblea Nacional –todavía considerada en desacato– votó de nuevo para declarar que Maduro había «abandonado su cargo» y para exigir nuevas elecciones.
Después de que la Asamblea Nacional se negara a permitir que la empresa petrolera estatal del país se asociara con empresas privadas, principalmente de China y Rusia, el gobierno de Maduro recurrió al Tribunal Supremo, que resolvió no solamente que el legislativo seguía en desacato, sino que asumiría facultades legislativas.
Punto muerto político
Para el observador casual que lee los titulares en medios internacionales, Venezuela ha tratado de resolver una crisis en los últimos años, y la efímera resolución del Tribunal Supremo es solamente el último acontecimiento.
Sin embargo, Venezuela no tiene una crisis. Tiene muchas crisis, todas interconectadas y afectan a los venezolanos comunes y corrientes.
La primera es política. El fallecido Hugo Chávez, que murió en 2013, eligió a dedo al presidente Nicolás Maduro como su sucesor. Maduro dice que está tratando de fomentar la Revolución Bolivariana socialista de Chávez, que debía llevar democracia al pueblo y aliviar los altos niveles de pobreza entre los venezolanos.
Pero Maduro no se ha hecho acreedor del apoyo y respeto públicos a nivel de su predecesor. En medio de tres años de crisis económica y niveles sin precedentes de delitos violentos y pobreza, la popularidad de Maduro llegó al punto más bajo de los últimos años. También ha sido acusado de usar métodos autoritarios para detener la discrepancia. Su gobierno ha reprimido protestas, censurado a la prensa y recortado la libres expresión. Opositores, críticos y periodistas cuyo trabajo da al gobierno en un aspecto negativo enfrentan la prisión. Algunos se han autoexiliado. Otros simplemente se han quedado callados.
Manifestantes en Caracas el 7 de abril de 2017. Foto de Luis Carlos Díaz, usada con autorización.
La oposición política de Venezuela ha estado representada principalmente por la Mesa de la Unidad Democrática, coalición de diferentes partidos que van de centro a la centroizquierda. Sin embargo, muchos venezolanos desconfían de partes de la coalición, que incluya a figuras que tuvieron actividad en política hace décadas, cuando la pobreza era agobiante y grandes sectores de la población estaban privados de sus derechos.
La coalición ha reunido a muchos grupos y partidos políticos que estaban en conflicto, pero todavía hay luchas por el poder y desacuerdos por ideología y políticas. Además, en el contexto de las recientes protestas, no todos los manifestantes están marchando detrás de un solo partido político. Algunos en las calles apoyan a facciones específicas, mientras que otros están interesados en principios democráticos generales y derechos económicos.
Una economía en caída libre y una crisis alimentaria
La política tiene una manera de filtrarse a todos los aspectos de la vida en Venezuela, pero las necesidades más apremiantes del pueblo típicamente giran en torno a la economía.
El gobierno de Maduro se ha caracterizado por una profunda crisis económica. El país depende de sus ingresos por petróleo, pero los precios del petróleo han caído en los años recientes, y el sistema no ha podido compensar esas pérdidas. La tasa de inflación de Venezuela, que está por encima del 50% desde 2014, llegó a 800% a fines de 2016 y sigue subiendo. Por otro lado, los controles monetarios han limitado las importaciones, lo que ha provocado presión al suministro. El gobierno controla el precio de los artículos básicos, pero el mercado negro aún tiene poderosa influencia en los precios. Los precios de los artículos básicos pueden aumentar en cuestión de días, y la moneda nacional puede debilitarse con la misma velocidad.
Lo que esto significa para el venezolano común y corriente es hambre y escasez. Esta inseguridad alimentaria se puede ver en las largas filas dentro y fuera de los supermercados y en los intentos de cruzar la frontera con Colombia para comprar artículos básicos.
Aunque los números en la crisis alimentaria no son concluyentes, han desencadenado saqueos y un cambio muy visible en la rutina alimentaria de los venezolanos.
El gobierno y varios medios de comunicación niegan que haya riesgo de hambruna –algo que se teme en algunas partes del país– y califican la alarma como parte de una campaña de difamación en su contra.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales dicen que no pueden calificar el problema por la falta de información adecuada. En los últimos años, en los que han empeorado la pobreza y la crisis económica, los funcionarios venezolanos no han presentado información actualizada.
Medios y el derecho a la información
Para los venezolanos, estar informados de todo lo que pasa en su país puede ser difícil.
El derecho a la información está bajo amenaza con el creciente control de los medios, tendencia que es difícil de superar pues Venezuela tiene una de las conexiones a internet más lentas y precarias en la región.
En un ambiente de medio marcado por rumores y ataques politizados de ambos lados, los medios ciudadanos se han convertido en una de las fuentes más importantes de fuentes de información sobre protestas y represión. Hasta los sitios web que informan sobre economía y el valor de la moneda extranjera se han vuelto un recurso fundamental, y se han vuelto blanco de censura política.
Crisis de salud, violencia y esfuerzos de base para ayudar
Venezuela también sufre una crisis de salud, uno de los debates más turbulentos que ocurre dentro del país sudamericanos actualmente.
Una escasez de medicinas y la mala condición de las instalaciones y la marginación de comunidades indígenas han tenido consecuencias mortales. Los venezolanos han recurrido a medios sociales y el apoyo de otros para obtener los medicamentos que necesitan.
La violencia también ha aumentado en las últimas décadas. La tasa de homicidios en Venezuela está entre las más altas del mundo. El problema ha hecho que algunos venezolanos, sobre todo en barriadas urbanas, recen a delincuentes y no a santos.
Las organizaciones de base se esfuerzan para enfrentar los crecientes niveles de violencia. Como el grupo Mi Convive de Caracas, que en los últimos seis años ha estado realizado talleres de prevención de violencia y otras actividades que buscar recuperar los espacios públicos:
Niños jugando libres en la calle, cantando y riendo, dueños de los espacios, así como lo mostramos en este video queremos que suceda en cada comunidad de Caracas y del país.
Nuestro objetivo es la disminución al mínimo de la violencia a través de la prevención, creando una ciudad de la convivencia.
A pesar de estos esfuerzos para mejorar la situación, la complicada realidad ha provocado que montones de venezolanos dejen el país. En el lado político, los partidos se echan la culpa entre ellos mientras la crisis empeora.
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