Por Joy Liddicoat [1] [en], Coordinadora de Proyecto, Los derechos en Internet son Derechos Humanos [2] [en], Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) [3] [en].
(Nota del editor: Esta es una de las varias contribuciones a GVA de los asistentes al encuentro de fines de setiembre en Nairobi, Kenia del Foro de Gobierno de Internet (IGF) [4] [en])
Como joven abogada recién salida de la Facultad de Derecho que trabajaba para las víctimas de violencia doméstica, pronto aprendí que la protección de los Derechos Humanos y la defensa de la aplicación de la ley no se detenía en la exposición de las nobles aspiraciones e ideales de mis profesores de Jurisprudencia. «¿Por qué me preocupo de todo esto -me preguntó una cliente-, si mi ex no hace caso y sigue acosándome y los agentes de policía están hartos de venir cada vez que los llamo?»
Aprendí una lección importante: la ley obtiene mayor autoridad moral cuanto más amplio es el contexto social en el que opera y cuanto más eficaz sea en la práctica. Me adherí al movimiento por los Derechos Humanos de las Mujeres para apoyar los Derechos Humanos y la reforma de la legislación.
[5]iHub Nairobi. Flickr photo by zulusafari.
Escuché las palabras de mi cliente y recordé de nuevo esta lección mientras asistía a un taller sobre Principios de Gobierno de Internet [6] [en] durante la segunda jornada del IGF. Los fundamentos del IGF [7] [en], como foro bajo el mandato de las Naciones Unidas, están firmemente basados en los Derechos Humanos. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos [8] no es un documento jurídicamente vinculante. Su autoridad moral no reside en sus nobles ideales ni en su declaración de aspiraciones, si no en su confirmación por todos los gobiernos de los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas.
Mientras que la accesibilidad y el desarrollo han sido cuestiones principales de la agenda del Sexto Foro de Gobierno de Internet, también se ha hablado mucho de derechos, principios y directivas de internet. Reflexionando acerca de mi propia experiencia en el espacio ccTLD [dominio de nivel superior geográfico] .nz [de Nueva Zelanda] llegué a esta conclusión: los Derechos Humanos son tan fundamentales para el gobierno de Internet como los protocolos de Internet lo son para el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) [9].
Como principiante en materia de DNS y TCP/IP [10] (los protocolos de trabajo en red en los que se basa Internet) tuve un acercamiento ingenuo y jurídico: leí unos documentos clave del Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet [11] [IETF, en], en particular la Petición de Comentarios (RFC) 1591 [12] [en]sobre la Estructura y Representación del Sistema de Nombres de Dominio (1994), para ver cómo se habían desarrollado y qué información podría obtener. Me impresionó enseguida el modo tan claro en que estaban concebidos los derechos humanos y los valores democráticos dentro de Internet. El desarrollo del RFC [13], por ejemplo, parecía estar imbuido de una especie de pragmatismo reglamentado de modo que, por ejemplo, sólo se acordaría su adopción si se expresara un fuerte consenso a favor.
Entonces me di cuenta que en la redacción concreta del RFC 1591, los aspectos relativos a los Derechos Humanos parecían convincentes: había una conceptualización clara del bien público y de sus principios tutelares. Se decía, por ejemplo, que los administradores «desarrollaban un servicio público en beneficio de la comunidad de Internet». El administrador designado se definía como «el comisionado del dominio de más alto nivel para la nación, en el caso de un código territorial, y para la comunidad global de Internet».
Las nociones de buen gobierno y de las responsabilidades también resultaban claras. Cuando hay que designar a un administrador mánager para un dominio, por ejemplo, la cuestión fundamental es «que sea capaz de asumir las responsabilidades necesarias, y que tenga la habilidad para llevar a cabo una trabajo equitativo, justo y competente». Además, las cuestiones sobre «derechos» y «propiedad» de los dominios no le conciernen. Le corresponde atender las «responsabilidades» y el «servicio a la comunidad».
Mi primera impresión acerca de estos protocolos era la de la afirmación de derechos y podía ver el paralelismo con el concepto de Derechos Humanos y que son las personas, y no los gobiernos, quienes ostentan los derechos. Los gobiernos desempeñan una función, deben proteger los derechos de sus ciudadanos, no sus propias aspiraciones de poder.
Pero mientras escuchaba el diálogo sobre los principios de gobierno de internet en el IGF, me sorprendió la ausencia de debate acerca del modo en que los Derechos Humanos forman parte de la misma arquitectura de Internet.
Muchos de los participantes del IGF dan testimonio de que los gobiernos están regulando e interfiriendo cada vez más en el acceso a Internet en nombre de su obligación de proteger a sus ciudadanos. Estas acciones están siendo cada vez más problemáticas, no sólo porque socavan o violan los principios esenciales de los Derechos Humanos, sino también aquellos relativos al DNS.
Si debemos debatir las propuestas para el gobierno de Internet, debemos hacerlo con una mayor conciencia de los Derechos Humanos y de los valores subyacentes a estos, compartidos por los miembros de la comunidad técnica quienes, con gran clarividencia, se aseguraron que los Derechos Humanos formaran parte incluso del mismo diseño de Internet.
Ha llegado el momento que una nueva iniciativa una a la comunidad técnica y a los defensores de los Derechos Humanos. Debemos trabajar más unidos para defender los valores compartidos que forman parte de Internet y los Derechos Humanos, para asegurarnos que sean estas las cuestiones primordiales en los debates entre múltiples partes interesadas sobre los principios de gobierno de Internet.
Los Derechos Humanos son tan fundamentales para el gobierno de Internet como los protocolos de Internet lo son para el DNS, y sólo tendrán el significado y la autoridad moral que nosotros les demos en la práctica.