San José Nacahuil, una pequeña aldea cerca de Ciudad de Guatemala con mayoría de de habitantes de la etnia maya – kaqchikel [1], llegaron a los titulares internacionales [2] [en] durante el pasado fin de semana después que hombres armados mataran a 11 personas y dejaran heridas a otras 28 el 7 de setiembre de 2013.
Los medios informaron que oficiales corruptos o pandillas son los principales sospechosos en las muertes que ocurrieron en dos cantinas y calles cercanas, aunque no se han hecho arrestos. Las autoridades confirmaron que sospechan que podría haber pandillas involucradas [3].
Sin embargo, las comunidades indígenas se oponen a la hipótesis y exigen una investigación, tal como lo afirma un comunicado de prensa [4] [en, es] de la comunidad kaqchikel de San José Nacahuil y otras organizaciones:
A la comunidad Nacional e Internacional damos a conocer la masacre ocurrida el 7 de septiembre a las 23 horas, en contra de la comunidad Kaqchikel de San José Nacahuil del municipio de San Pedro Ayampuc.
San José Nacahuil, es una comunidad indígenas del pueblo Kaqchikel, tiene sus propias autoridades comunitarias, donde la presencia policial ha sido innecesaria. Es la única población maya y la comunidad más grande de San Pedro Ayampuc. Nacahuil se ha caracterizado por la defensa de su territorio ante las amenazas que han existido. Ejemplo de ello TRECCSA empresa de transporte de electricidad, que la comunidad no permitió su paso, actualmente es parte de la resistencia pacífica de la Puya en resistencia contra la empresa minera en el área.
El comunicado continúa:
Rechazamos rotundamente la declaración del Ministro de Gobernación en donde afirma que el móvil es de pandillas, lo cual es totalmente falso, y prematuro hacer afirmaciones sin tener elementos de investigación.
Pedimos a las comunidades, organizaciones nacionales e internacionales su solidaridad con el pueblos Kaqchikel de San José Nacahuil por estos hechos de sangre que enluta a la comunidad.
La prensa de la comunidad de San José Nacahuil [5] informó que los líderes locales denunciaron un aumento en la presencia policial ya desde el 31 de agosto de 2013, y que sus alertas fueron ignoradas por autoridades de derechos humanos. Los informes locales también indican que la policía preguntó nombres y pidió documentos de quienes estaban en las cantinas apenas horas antes de ocurrida la masacre, lo que luego fue confirmado por el Ministerio del Interior.
En Twitter, el usuario @chapinesxGuate escribió:
Las versiones oficiales deben ser cuestionadas hasta que sean comprobadas. #SanJoséNacahuil [6] #Guatemala [7]
— ChapinesXGuate (@chapinesxGuate) September 8, 2013 [8]
Y la reportera Claudia Palma compartió la siguiente foto dos días después de las muertes:
Vecinos de San José Nacahuil enfilan hacia el cementerio de la localidad @prensa_libre [9] pic.twitter.com/prcodJhK0b [10]
— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) September 9, 2013 [11]
Como la investigación está pendiente y no se ha arrestado a ningún sospechoso, las comunidades esperan respuestas y el miedo se esparce.
Pero a los habitantes no les es ajena la violencia; el conflicto relacionado con la minería ha aumentado en complejidad, y la agresión ha progresado a crecientes amenazas y violencia física. Como la comunidad lucha por preservar su territorio libre de minería y militarización, culpar a las pandillas y a los traficantes de drogas supone una nueva amenaza a activistas rurales e indígenas, pues puede convertirse en una excusa para justificar actos de represión.
FrontLine Defenders [12] [en] informó de dos casos recientes:
A primeras horas de la mañana del 10 de julio de 2013, se oyeron varios tiros afuera de la casa de la señora Telma Yolanda Oquelí Veliz del Cid [13], líder del Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM), movimiento de miembros de la comunidad que defienden la tierra de la expansión de actividades mineras en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala. El incidente ocurrió poco después de la muerte del defensor de derechos humanos, señor Santos Fidel Ajau Suret, cuando regresaba de participar en las plantones pacíficos de protesta contra un proyecto minero en la aldea La Puya.
Rights Action escribió más acerca de la resistencia de la comunidad [14] [en] a la minería:
Desde marzo de 2012, miembros de la comunidad guatemalteca de las municipalidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han exigido la cancelación de la licencia de explotación de la empress estadounidense Kappes Cassidy and Associates (KCA’s) en la región de la montaña Tambor (originalmente propiedad de la empresa minera canadiense Radius Gold Inc., que la operaba). En los últimos 16 meses, los participantes de los bloqueos de caminos de comunidad han endurecido la a menudo violenta y sistemática represión organizada por la empresa minera, miembros de la comunidad favorable a la minería y el gobierno.
International Peace Brigades publicó [15] [PDF] un informe sobre resistencia pacífica en La Puya, comunidad que logró resistirse a la militarización y control policial de su aldea creando su propia fuerza policial [16] [en].
Las organzaciones indígenas han presentado una petición [17] [en] a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde sostienen que el gobierno guatemalteco apoya y protege abiertamente el sector minero aprobando leyes que benefician injustamente a la industria.
Rights Action expresó su preocupación [18] [en] porque la violencia y represión para defender los intereses de las empresas mineras se está convirtiendo en la política a seguir en la región:
En los últimos años, solamente en Honduras, Guatemala y El Salvador ha habido múltiples asesinatos, numerosos ataques armados, violaciones en grupo y otros actos de represión contra ciudadanos locales, todos vinculados con empresas mineras candienses o estadounidenses: Hudbay Minerals, Goldcorp Inc, Pacific Rim, Tahoe Resources, Radius Gold, KCA Associates,
Es seguro que esta represión y violencia va a continuar, hasta que los ciudadanos estadounidenses pongan suficiente presión que pese sobre nuestro gobiernos, medios, empresas e inversionistas para empezar a hacerlos legal y moralmente responsables por estos daños y violaciones.