Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez. Foto de Sami Mlouhi [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons.
De aprobarse, las enmiendas establecerían una sentencia de dos años de cárcel y una multa de 3,000 dinares tunecinos (unos 1,200 dólares estadounidenses) a los condenados por publicar contenido que «podría atentar contra el orden público, las buenas costumbres, la santidad de la vida privada y el honor» de personas e «instituciones oficiales».
En su propuesta, los parlamentarios sostienen que el Código Penal «no está al día con los avances tecnológicos, sobre todo en el sector de la información», y que hay necesidad de «proteger a la sociedad tunecina» de «comportamientos e infracciones que excedan la libertad de prensa», como insultos y maltrato. Ciertamente, el Código Penal de Túnez ya penaliza la difamación. Los que estos parlamentarios buscan es crear una categoría especial para la «ciberdifamación».
La propuesta llega semanas después de que Túnez fuera invitado [2] a unirse a la Convención de Budapest en Ciberdelito, que establece [3] que los signatarios tengan vigentes »condiciones y salvaguardas en su ley nacional» que «señalen una adecuada protección de derechos humanos y libertades».
El proyecto, que apenas tiene dos páginas, también se refiere a una ley que ya no está vigente: el represivo Código de Prensa de 1975, que regulaba los medios impresos en la dictadura de Zine el Abidine Ben Ali.
Tras el derrocamiento de Ben Ali en 2011 y como parte de las reformas a favor de la libertad de expresión y libertad de prensa, las autoridades interinas adoptaron un nuevo decreto de prensa (Decreto No. 2011-115 del 2 de noviembre de 2011), que reemplazó al Códdgo de 1975 y consagra mayores protecciones a la libertad de prensa. El decreto de 2011 garantiza el acceso de los periodistas a la información, confidencialidad de las fuentes, derogación de los requisitos de licencia para los medios impresos y sentencias de prisión por difamación y calumnias contra periodistas.
Ante esta propuesta, que busca restringir la libertad de expresión y las referencias a una ley que ya no está vigente, solamente cabe preguntarse cómo sus partidarios ven el progreso de Túnez en libertad de expresión y libertad de prensa.
Su apoyo al proyecto significa un claro rompimiento con la Constitución tunecina de 2014 que garantiza la libertad de expresión y el derecho a acceder a redes de información y comunicación, y prohíbe la censura previa.
En una declaración contra el proyecto, el Sindicato Tunecino de Periodistas afirmó [4]:
هذا المشروع ينم عن عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الديكتاتورية، ويعكس جهلا فضيعا بمكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي و التعبير بدليل أن هذا المشروع يحيل إلى مجلة الصحافة لسنة 1975 والتي الغيت مباشرة بعد سقوط نظام بن علي. وهو ما يوحي بان النواب الذين اقترحوا المشروع يعيشون في عصر ما قبل الثورة.
…esta ley es el resultado de una mentalidad represiva, restrictiva de libertades que refleja nostalgia por la época de la dictadura. Muestra una terrible ignorancia de los logros de la revolución tunecina en los rubros de libertades de opinión y expresión, pues la ley se refiere el Código de Prensa de 1975, que fue abolido inmediatamente después de la caída del régimen de Ben Ali. Esto implica que los parlamentarios de propusieron la ley viven en la era prerevolucionaria…
Además de referirse a una legislación que no está vigente, los 17 parlamentarios están usando lenguaje que indice a error que implica que internet en Túnez no está regulada. Mongi Harbaoui, uno de los parlamentarios que firmó la propuesta, escribió [1] en Facebook que el proyecto protegería a las personas del «caos y la decadencia moral».
Aunque Túnez no tiene una ley integral de ciberdelito, tiene vigentes leyes inconstitucionales que regulan el discurso en línea y fuera de línea como difamación, críticas a funcionarios públicos e instituciones, y contenido considerado contrario a la «buena moral» y el «orden público».
El artículo 86 del Código de Telecomunicaciones [5] estipula que todo aquel que haya sido condenado por «perjudicar a otros o perturbar sus vidas por medio de redes de comunicación pública» puede enfrentar hasta dos años de prisión. El Código Penal [6] tiene disposiciones que penalizan la difamación y la difusión de contenido «que puede perjudicar el orden público o la buena moral». Las instituciones militares también están protegidas [7] de las críticas con las disposiciones del Código Militar.
Estas disposiciones se siguen usando hoy para procesar y encarcelar a blogueros, activistas y periodistas. El 27 de marzo, el bloguero y parñamentario Yassine Ayari fue sentenciado [8] por una corte militar a 16 días de prisión por «minar la moral del Ejército» en una publicación en Facebook de 2017 donde se burlaba de la designación de un comandante militar. Ayari ya había estado en prisión [9] a fines de 2014, también por publicaciones en Facebook críticas de la institución militar.
En lugar de actualizar el arsenal judicial tunecino y de ponerlo en línea con las protecciones constitutionales de libertad de expresión y libertad de prensa, la legislación propuesta solamente las perjudica. Sigue sin estar claro cuándo se debatirá la ley en el Parlamento, si es que se debatirá, pero probablemente resultará en feroz resistencia de grupos de derechos humanos y de otros parlamentarios.