Afiche de campaña que muestra a los activistas ambientalistas, Taher Ghadirian, Niloufar Bayani, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Sam Rajabi, Sepideh Kashani, Morad Tahbaz y Abdolreza Kouhpayeh. Campaña #AnyHopeForNature.
Una versión de este artículo fue publicada originalmente por ARTICLE 19 [1], organización de libertad de expresión, como parte de un acuerdo para compartir contenido.
Ocho activistas ambientales iraníes detenidos por más de un año tras ser arrestados y acusados de «espionaje» y de «esparcir la corrupción sobre la tierra» comparecieron finalmente en juicio el 30 de enero de 2019.
La acusación de corrupción que enfrentan conlleva una posible condena a muerte, de acuerdo al Código Penal iraní.
Los ocho activistas, Niloufar Bayani, Sam Radjabi, Houman Jowkar, Taher Ghadirian, Morad Tahbaz, Sepideh Kashani, Amir Hossein Khaleghi y Abdolreza Kouhpayeh, quienes trabajaban para la Fundación Persa de Patrimonio de la Vida Silvestre [2] (PWHF) de Teherán, fueron arrestados en enero de 2018 junto con el director general de la fundación, Kavous Seyed-Emami. Seyed-Emami falleció el 8 de febrero de 2018 [3] mientras se hallaba detenido en la prisión de Evin. Después de que el Poder Judicial indicó que Seyede-Emami se suicidó, la comunidad nacional e internacional pidió que se hiciera una investigación independiente sobre su muerte, que todavía no se ha realizado.
El caso del Gobierno contra los activistas se centra, principalmente, en el trabajo que el equipo realizaba para proteger al guepardo asiático, gato salvaje nativo del este de Irán a punto de extinguirse. La mayoría de los miembros del grupo realizó sus estudios fuera de Irán, principalmente en Canadá y Estados Unidos, y mantenían vínculos con grupos de expertos ambientalistas internacionales, algunos de los cuales visitaron Irán en un esfuerzo por aprender más sobre los felinos y posiblemente ayudar en su preservación. Funcionarios iraníes descubrieron las conexiones que los acusados tenían en las universidades extranjeras y las utilizaron para sustentar las acusaciones de que los activistas eran agentes de inteligencia extranjera disfrazados como expertos ambientalistas.
Inicialmente, todos los detenidos fueron acusados de «espionaje» y encarcelados mientras esperaban juicio. Sin embargo, el 24 de octubre de 2018, el fiscal de Teherán, Abbas Jafari Dowlatabadi, anunció [4] que los cargos contra cuatro de los ambientalistas se habían sido sustituidos por el de «esparcir la corrupción sobre la tierra» que se castiga con la muerte.
Los fiscales públicos construyeron el caso contra el grupo basándose en confesiones forzadas de una de las activistas, quien luego se retractó.
El 30 de enero y el 2 de febrero de 2019, los ocho conservacionistas se presentaron a juicio en la sucursal 15 de la Corte Revolucionaria, por el juez Salavati, que tiene antecedentes de impartir sentencias desproporcionadas y opresivas a defensores de los derechos humanos. Según el Centro de Derechos Humanos en Irán [5] (CHRI), la mitad de las acusaciones en el documento de 300 páginas leído en estas sesiones se basó en las confesiones de uno de los ocho acusados, Niloufar Bayani. Bayani, quien interrumpió varias veces el juicio para oponerse y decir que sus confesiones fueron hechas bajo coacción, que eran falsas y que ella se había retractado.
Se han hecho otras denuncias serias relacionadas con los juicios, que incluyen: que los juicios se llevaron a cabo a puertas cerradas, que no se otorgó a los acusados el derecho de elegir a sus abogados y que no todos los abogados defensores designados por la corte estuvieron presentes en el tribunal.
Los acusados dijeron haber sido sometidos a meses de confinamiento solitario y tortura psicológica, que incluyeron amenazas de muerte, amenazas de ser inyectados con drogas alucinógenas y amenazas de arrestar y matar a familiares.
El trato que han sufrido los acusados ha violado su derecho a la vida, a la libertad de expresión, a un juicio justo y al debido proceso legal. También revelan la tendencia de usar acusaciones de espionaje para silenciar a quienes denuncian los problemas del medioambiente del país.
ARTICLE 19 [1] y otras organizaciones de derechos humanos [6]exigen su liberación inmediata e incondicional y la realización de una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las denuncias de tortura y otros maltratos.