Turistas se toman fotos en el monumento que indica que la carretera que sale de Kampala cruza el ecuador. Kayabwe, Uganda, septiembre de 2017. Fotografía de Jason Houston para USAID.
Todos los días, millones de ugandeses usan medios sociales para recibir las últimas noticias, hablar con amigos y expresar su opinión.
Pero en mayo de 2018, cuando el Gobierno ugandés lanzó un controvertido impuesto sobre los medios sociales y los servicios de dinero móvil para recaudar ingresos y «frenar los chismes», esto equivalió a un cierre de internet en términos de accesibilidad y asequibilidad.
Un año y medio después, el número de usuarios de Internet se ha reducido al menos en un 30 % [1], unos tres millones de usuarios, según Deutsche Welle.
Desde julio de 2018, cuando la ley entró en vigor, los ugandeses tienen que pagar 0,05 centavos de dólares estadounidenses al día para acceder a internet junto con 50 servicios de medios de comunicación de alta calidad (OTT), es decir, medios de transmisión por secuencias que se ofrecen directamente a través de Internet.
Los impuestos se aplican a plataformas [2] y aplicaciones de medios sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype y Viber. Como estas plataformas de medios sociales han sido las principales fuentes de distribución de noticias, los periodistas notaron una disminución significativa en el nivel de compromiso con los lectores.
Con un tercio [3] de ugandeses por debajo de la línea de pobreza, sobrevivir con apenas $1.90 dólares estadounidenses al día, el nuevo impuesto hizo que muchos dejaran de estar en línea para satisfacer otras necesidades básicas.
Los grupos pobres y marginados [4] siguen siendo los más afectados.
Según el Infome de la Salus de Internet 2019, el impuesto ya ha motivado que las personas pobres se queden fuera de línea, ha aumentado las barreras al acceso a internet y limitado la libertad de expresión y acceso a la información, así como el acceso a bienes y servicios en línea:
El ugandés promedio ya gasta 15 % de su ingreso mensual por 1GB de datos de banda ancha, por lo que el nuevo impuesto deja a los populares servicios de internet fuera del alcance de la mayoría.
Otros, sin embargo, han comenzado a utilizar redes privadas virtuales para evitar el impuesto. Un año después de su implementación, el impuesto recaudó sólo 49 500 millones de chelines ugandeses (13 434 225 dólares), es decir, apenas el 17 % de los ingresos previstos, por el aumento del uso de la red privada virtual, según la Autoridad de Ingresos de Uganda.
El Gobierno había advertido previamente que se bloquearían todas las redes privadas virtuales instaladas [5]. En julio de 2018, el director ejecutivo de la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC), Godfrey Mutabazi, dijo que el Gobierno ya tenía todo el «‘software necesario’ para bloquear los servicios redes privadas virtuales, informa del Daily Monitor, pero las autoridades ugandesas aún no han tomado medidas para bloquear las redes privadas virtuales.
Ese mismo mes, Mutabazi intentó disuadir a los ugandeses de utilizar las redes privadas virtuales cuando dijo: «Costará más que elancho de banda y el impuesto de los medios sociales», en una declaración de Facebook [6] en la página del Gobierno de la República de Uganda. Explicó que la encriptación de la red privad virtual utiliza un poco más de «ancho de banda» y que la mayoría de las conexiones de los usuarios tienen límites y tarifas por exceso de uso.
El cibernauta Charles Onyango-Obbo dijo [7] que el impuesto OTT afecta más a los jóvenes como un impuesto cultural. Se dio cuenta de menos fotos de que hubo medios sociales en el #NyegeNyegeFestival [8] de 2018 a pesar de contar con mayor asistencia que en 2017, debido al impuesto a medios sociales.
Transacción de dinero móvil en la oficina de un agente en Uganda. Foto de Fiona Graham vía WorldRemit (CC BY-SA 2.0).
¿Impuesto a la disidencia?
El ministro de Finanzas de Ugand dijo que el objetivo dek impuesto era recaudar ingresos, pero el presidente Yoweri Museveni tambipen dijo que el impuesto regularía [9] el «chisme». Los activistas lo criticaron como un intento de restringir la libre expresión y reprimir el desacuerdo.
Los funcionarios gubernamentales han negado continuamente toda intención de acallar las voces opositoras con el impuesto a los medios sociales.
Jimmy Haguma, investigador de delitos cibernéticos de la UCC, explicó en una entrevista con Global Voices que los «impuestos de medios sociales se discutieron en el Parlamento en detalle. Cuando pone impuesto, todo Gobierno tiene como prioridad aumentar los ingresos porque el Gobierno se ha dado cuenta de que hay mucha gente en las redes sociales haciendo negocios y recaudando dinero, comunicándose en el dominio sin que se les grave».
Según Haguma, el Gobierno también introdujo el impuesto a los medios sociales para crear más rendición de cuentas y responsabilidad –si la gente paga impuestos en los medios sociales, es menos probable que pierda su tiempo y se comunique de manera más responsable.
Sin embargo, Haguma insinuó otros motivos para el impuesto:
Sometimes, the government has [its] own intentions because the president can sometimes be his own ‘chairman.’ Government employees are bound to codes of ethics such as the Official Secret Act, Non- Disclosure Act and you may not easily get other reasons directly — unless it is a court case. It is an internal process.
A veces, el Gobierno tiene sus propias intenciones porque el presidente a veces puede ser su propio «presidente». Los empleados gubernamentales están sujetos a códigos de ética, como la ley secreta oficial y la ley de confidencialidad, y es posible que no obtenga fácilmente otras razones directamente –a menos que se trate de un caso judicial. Es un proceso interno.
Extender Internet más allá de Kampala [10] fue una de las razones que el Gobierno dio para introducir el impuesto. Según el diario The East African, el «Gobierno necesita más de 200 000 millones de chelines ugandeses (536,3 millones de dólares) para ampliar el acceso a internet a las zonas rurales, ya que el gobierno había pedido prestado previamente para invertir en internet asequible, era hora de que los ugandeses contribuyeran a este esfuerzo a través del impuesto», según cita David Bahati, ministro de Estado de Finanzas para la Planificación de Uganda.
En una marcha de protesta [11] contra el impuesto en Kampala el 11 de julio de 2018, organizada por el músico y líder del partido de oposición del Poder Popular Robert Kyagulanyi (conocido como Bobi Wine), la policía disparó balas reales y gases lacrimógenos para dispersar la manifestación, considerada ilegal por la policía. Los manifestantes argumentaron que el impuesto violaba los derechos de los ugandeses a la libertad de expresión e información.
Basado en el informe [12] «Cómo los impuestos a los medios social pueden gravar los medios de noticias: El caso de Uganda», el calendario de estos hechos juega con la idea de que el «impuesto a los medios sociales estaba destinado a reprimir la oposición». Juliet Nankufa, autora del informe, se basa en el ejemplo de Bosmic Otim, músico que se enfrentó a la censura en junio de 2018, cuando los funcionarios de seguridad de Kitgum, al norte de Uganda, prohibieron una canción [13] que criticaba a los funcionarios del Gobierno por ser engañosa e incitar a la violencia. La canción «criticaba a cuatro parlamentarios por ser presuntamente aduladores del gobierno e insensibles a los problemas de los ciudadanos en el norte de Uganda», según Human Rights Watch [14].
El informe de Nakufa también se basa en las experiencias de Bobi Wine, a quien en el transcurso de 2018 se le negó la oportunidad de actuar y reunirse con sus electores, y a menudo llevó a Facebook para narrar sus experiencias. El impuesto a los medios de comunicación social fue implementado al mismo tiempo que atacaban al líder de la oposición.
El caso de Bobi Wine
Popular cantante Bobi Wine habla en una protesta contra el impuesto a medios sociales el 11 de julio de 2018. Foto difundida ampliamente en Twitter.
El 11 de julio de 2018, el parlamentario Bobi Wine tomó las calles de Kampala para protestar contra el recién aprobado impuesto a los medios sociales, junto con sus seguidores y seguidores y activistas preocupados.
Ese mismo día, la Policía [15] citó a Bobi Wine y a otros por «desobedecer las disposiciones de las secciones 5 y 10 de la ley de gestión del orden público de 2013 [16]«, según New Vision, el mayor medio de comunicación de Uganda. Entre los acusados se encontraban Fred Nyanzi Ssentamu, empresario cercano a Bobi Wine, el barbero y ayudante Edward Sebufu (a) Eddie Mutwe, el disc-jockey David Lule y el estudiante Julius Katongole.
Wine fue acusado [17] de «celebrar una reunión pública sin notificar a funcionario autorizado», «celebrar una reunión pública sin cumplir con los criterios exigidos» y «negarse a cooperar con la Policía» en virtud de los artículos 5(1) y 10(2) de la ley de gestión del orden público de 2013, y fue citado a través de una carta [18] firmada por Joshua Tusingwire, funcionario a cargo de las investigaciones penales de la Policía Central de Kampala. La carta, dirigida a la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, detallaba los cargos tentativos de «asalto, reunión ilegal y robo de esposas de la policía».
El 29 de abril de 2019, Bobi Wine fue arrestado [19] de nuevo cuando el directorado de investigaciones penales lo citó para averiguar sobre su rol en las protestas contra el impuesto a los medios sociales.
Fue liberado el 2 de mayo, pero continúa con sus acusaciones judiciales.
El 28 de octubre, Bobi Wine compareció [17] en el Tribunal de Buganda Road, pero su audiencia quedó en nada por segunda vez en dos meses y se pospuso hasta el 12 de diciembre. El magistrado del juicio, Esther Nahilya, le dijo que su caso no tenía suficientes testigos.
El Daily Monitor informó que poco después de la sesión judicial [20], Kyagulanyi dijo a los periodistas que «las acusaciones en su contra son excesivas pues el Estado presentó los cargos contra él y sus acusados para desviarlos de su agenda política de desafiar al presidente, Yoweri Museveni, en las elecciones de 2021″.
El presidente Yoweri Museveni ha estado en el poder desde 1986. En 2017, el Parlamento aprobó [21] un proyecto de ley -más tarde promulgado por Museveni- para eliminar el límite máximo de edad de 75 años para postular a la presidencia, lo que permitiría a este hombre de 74 años volver a postularse en 2021.
Bobi Wine anunció [22] su candidatura a la presidencia, con la promesa de desafiar a Museveni «en nombre del pueblo». Sin embargo, de ser condenado por algún cargo criminal, sería descalificado.
Leer más: ¿Bloqueará Uganda internet mientras la oposición se prepara para las elecciones de 2021? [23]
Puesto de dinero móvil de MTN en Gulu Town, Uganda. FOTO: Fiona Graham/WorldRemit (CC BY-SA 2.0).
Dilema de medios sociales de Uganda
Algunos ugandeses todavía pueden acceder a servicios OTT, como plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería, sin pagar los impuestos, con redes virtuales privadas. Haguma, de la UCC, reconoció que este uso es difícil de medir o rastrear porque parece que estos usuarios se están comunicando desde otros países.
En cuanto al estudio de la UCC que muestra una caída del 12 % de usuarios de Internet en los tres meses posteriores a la introducción del impuesto, Haguma dijo que esta caída se debió a su rápida implementación y que el estudio se basó en los que pagan impuestos de los medios sociales, no en los usuarios de redes virtuales privadas.
Muchos ugandeses siguen dispuestos a pagar el precio para estar en línea, aunque afecte sus bolsillos.
Sin embargo, por las protestas masivas que denunciaron el impuesto a los medios de comunicación social durante el último año, y a los antecedentes del Gobierno de bloquear la disidencia y la oposición, Uganda enfrenta a un dilema de los medios de comunicación social.
A medida que la oposición se calienta y más gente encuentra una manera de sortear los obstáculos que plantea el impuesto, los medios sociales jugarán un papel crítico en la lucha de Uganda por la libertad de expresión.
Este artículo forma parte de una serie de publicaciones que examinan la interferencia sobre los derechos digitales mediante métodos como la interrupción de las redes de emisoras y la desinformación durante acontecimientos políticos claves en siete países africanos: Argelia, Etiopía, Mozambique, Nigeria, Túnez, Uganda y Zimbabue. El proyecto está financiado por el Fondo Africano de Derechos Digitales [24] de Colaboración en Política Internacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para África Oriental y Meridional [25] (CIPESA).