Representantes de la sociedad civil de Trinidad y Tobago abogan que su país firme el Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales. Foto cortesía de Omar Mohammed, utilizada con autorización.
Este artículo se publicó originalmente en Cari-Bois News [1]. Una versión editada se reproduce aquí como parte de un acuerdo para compartir contenido con Global Voices.
Los ciudadanos de Trinidad y Tobago ahora tienen acceso sin límites a información fundamental sobe los impactos ambientales y sociales de proyectos de desarrollo en sus comunidades.
Esto viene después de una gran victoria [2] de transparencia ambiental del grupo Fishermen and Friends of the Sea [3] (Pescadores y amigos del mar, FFOS), que logró organizar [4] una impugnación legal contra la Autoridad de Gestión Ambiental [5] para obtener acceso total a los hallazgos de los estudios de impacto ambiental.
El sitio web de la Autoridad de Gestión Ambiental describe [6] al estudio de impacto ambiental como un «estudio que identifica los efectos probables que un proyecto específico puede tener en el ambiente y la sociedad». Al explicar a la corte por qué cree que el público deba tener acceso total a la información generada por estos estudios, la autoridad sostuvo que las restricciones de propiedad intelectual de terceros fijaba un límite de 10 % de los resultados de cada estudio de impacto ambiental a las partes que necesitaran copias.
El magistrado supremo Devan Rampersad rechazó esta premisa y resolvió a favor de FFOS, y calificó las afirmaciones de la Autoridad de Gestión Ambiental como “irrazonables, irracionales e impropias”.
Se determinó que la autoridad no puede negar el acceso a todas las copias del estudio de impacto ambiental al público, y que está obligada a facilitar el acceso a la información para que los comentarios y participación del público cumplan su deber reglamentario, como establece la ley de gestión ambiental [7]. El juez Rampersad también determinó que las políticas y procedimientos de la Autoridad de Gestión Ambiental contravienen las mejores prácticas internacionales.
La resolución establece un precedente que permitirá que la sociedad civil participe en la toma de decisiones y que defienda un desarrollo sostenible buscando los intereses de comunidades afectadas por la actividad industrial.
Durante las deliberaciones judiciales, 16 organizaciones de la sociedad civil de Trinidad y Tobago escribieron una carta colectiva a la Corte Suprema que apoye las afirmaciones de FFOS de que se debe conceder acceso libre y sin restricciones al estudio de impacto ambiental como asunto público de interés nacional.
Cari-Bois News contactó con algunos grupos que colaboraron con la carta para saber qué opinaban sobre la victoria. Ryan Allard, secretario corporativo de Environment Tobago [8], dijo que su organización estaba satisfecha con el exitoso resultado: “Los datos e información ambiental son fundamentales para el desarrollo sostenible en Trinidad y Tobago”.
Roma Price, administradora de Toco Foundation, comparte ese sentir y dijo que ahora siente que el “cambio está en camino», y el presidente del consejo de la aldea de Valencia, Eron Melville, describió la resolución como un importante recordatorio de que los activistas no están luchando una batalla perdida todo el tiempo. “Esto nos dará la confianza que necesitamos para seguir conteniendo corporaciones millonarias cuando llegan a nuestras comunidades”, agregó.
Sin embargo, cuando Cari-Bois News contactó por teléfono con el secretario corporativo de FFOS, Gary Aboud, hubo un toque sombrío para su tono celebratorio cuando advirtió un lado agridulce de la victoria. “Es triste y desalentador que debamos defender un derecho preliminar tan básico de acceso a la información pública para beneficio del público», dijo.
La decepción de Aboud se origina en que la resolución representa un retorno a la normalidad más que un avance en la transparencia ambiental. Antes de 2018, los estudios de impacto ambiental siempre habían estado accesible al público, a su solicitud. La Autoridad de Gestión Ambiental decidió cambiar esta política, y limitó al acceso al 10 % de un estudio, basado en restricciones de propiedad intelectual. Esto llevó a un punto muerto con el FFOS, que se negó a ceder y calificó [4] la restricción como “otro intento del Gobierno de silenciar a la sociedad civil”.
Sin embargo, Aboud se mostró optimista de que el impulso creado por esta victoria podría apoyar otras iniciativas en marcha de la sociedad civil de defender una mayor transparencia ambiental. “Podemos usar esto como una oportunidad para alentar al Gobierno en el ánimo de acceso a información pública y participación pública [9] en el proceso de toma de decisiones para firmar y ratificar el acuerdo de Escazú, del que fuimos importantes negociadores y redactores», explicó Aboud.
Escazú es un acuerdo regional que abarca el Caribe y Latinoamérica, y el primer tratado de derechos humanos que habla directamente de asegurar el acceso a la información [10], participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales. Trinidad y Tobago aún no ha accedido [11] al tratado.