Riesgo ambiental que supone petrolero venezolano destaca importancia de la transparencia y la participación pública

El buque FSO (unidad de flotación, almacenamiento y descarga) Nabarima, embarcación que ha creado un enorme derrame en el golfo de Paria. Captura de pantalla de un video publicado por Fishermen and Friends of the Sea, ONG de Trinidad y Tobago que dio la voz de alarma sobre la situación.

Este artículo se publicó originalmente en Cari-Bois News. Aquí se reproduce una versión editada y actualizada dentro del acuerdo de contenidos compartidos con Global Voices.

La incesante campaña pública que se ha llevado a cabo en los últimos meses en torno al problemático FSO Nabarima ha puesto de manifiesto dos características fundamentales de la trayectoria de Trinidad y Tobago en materia de sostenibilidad. En primer lugar, el poder que los grupos de activistas y los ciudadanos tienen en la palma de sus manos, a través de los medios sociales y otras plataformas digitales, es inmenso y de gran alcance. En segundo lugar, el mantener la información en secreto, que se dispensará de manera intermitente, no es la forma en que los Gobiernos del siglo XXI que persiguen un programa de desarrollo sostenible deben interactuar con su público.

Se podría argumentar que una de las principales razones por las que la protesta pública inicial defendida por el grupo activista Fishermen and Friends of the Sea (FFOS) tuvo la repercusión que tuvo, fue por la percepción del público de que FFOS y otros grupos de la sociedad civil estaban haciendo brillar una luz en la oscuridad del secreto de Estado. Esta combinación es la forma en que cualquier buena historia captura la imaginación, inmediatamente establece el villano y el héroe. Este clamor público masivo y el impulso a la acción gubernamental es algo que también parece familiar hoy en día y alimenta el creciente sentido de justicia social hacia democracias más participativas. Desde #BLM a #EndSARS, el pueblo no se conforma con canales de información unilaterales. A medida que la gente se siente menos satisfecha con la información de dominio público, las barreras que les impiden recoger y comunicar su propia información son cada vez más bajas.

Sin embargo, la falta de información de los pasillos gubernamentales no hace más que socavar el buen trabajo que el Gobierno ha emprendido realmente en torno a la situación de Nabarima. Las iniciativas diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) con el Gobierno venezolano y otras jurisdicciones interesadas han salido a la luz recientemente, y el ministro ha revelado que varias notas diplomáticas y otras intervenciones fueron parte de un proceso que comenzó en agosto. Lo más notable fue su reconocimiento de la importancia de la presión pública de la sociedad civil sobre la acción continua del gobierno. También quedó claro que el Ministerio de Energía e Industrias Energéticas y otros organismos estatales clave responsables de la gestión ambiental habían estado trabajando arduamente en la aplicación de la buena ciencia a la modelización de los derrames de petróleo y otras actividades de mitigación, entre bastidores.

¿Por qué entonces se permitió que las dos corrientes complementarias -el deseo de transparencia del público y los propios intentos del Gobierno de ser proactivo- chocaran, lo que dio lugar a lo que parecían ser narraciones de irresponsabilidad gubernamental, juegos de ego activista, política partidista y hegemonía estadounidense en los asuntos del Caribe?

La palabra clave aquí es transparencia o falta de transparencia. Ahora es más probable que la gente se dedique a la recopilación de información y a la difusión colaborativa de esta información. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. La incapacidad de los Gobiernos de apoyar esta cocreación de conocimiento no catalizará nada más que la continua y creciente desconfianza de sus ciudadanos.

El FSO de Nabarima, y la infraestructura degradada de décadas de industria del petróleo y el gas diseminada por Venezuela y Trinidad y Tobago, plantea una importante amenaza ambiental para toda la región del Caribe. La reacción del público, en el país y el extranjero, fue un indicador importante de que la gente está reconociendo la importancia crítica de nuestro ambiente natural para nuestra continua seguridad en un mundo que está siendo golpeado por crisis sanitarias, económicas y sociales, todo ello dentro de la amenaza más existencial del cambio climático.

En Trinidad y Tobago, los principios de transparencia pública y rendición de cuentas en cuestiones ambientales están consagrados de manera general, con uno de los marcos legislativos y normativos ambientales más sólidos de la región. La transparencia y la rendición de cuentas se pueden encontrar en el derecho de cualquier ciudadano a entablar una acción directa de parte en la Comisión del Ambiente, a las obligaciones legales para la participación pública en la Ley de Gestión Ambiental y a la consagración de estos principios en la Política Nacional de Ambiente. Sin embargo, como dice el Instituto de Ambiente de Estocolmo, el “aporte del público no mejora la calidad de la adopción de decisiones si no hay en la sala las personas adecuadas (es decir, las que tienen información única) o los encargados de la adopción de decisiones no tienen realmente en cuenta esa información […] la participación del público puede generar desconfianza y conflictos si el público no percibe que el proceso es justo”.

Omar Mohammed (tercera fila, tercero de la derecha) y otros representantes de la sociedad civil de Trinidad y Tobago abogan para que su país firme el Acuerdo de Escazú. Foto cortesía de Omar Mohammed, utilizada con autorización.

Por lo tanto, el Gobierno debe crear y permitir el espacio para los vigorosos intentos de la sociedad civil de aumentar la transparencia y la responsabilidad, y debe comprometerse plenamente con un Gobierno moderno y transparente. Existen muchas vías para eso, mientras mejora su propia capacidad para cumplir sus promesas. A continuación, dos de esas oportunidades.

La primera es la adhesión al Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Materia de Ambiente en América Latina y el Caribe), que es el primer tratado de derechos humanos sobre cuestiones ambientales que se refiere directamente a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental. Trinidad y Tobago aún no se ha adherido, y se necesita una firma más para que el acuerdo entre en vigencia.

En segundo lugar, la revisión de la Asociación para el Gobierno Abierto, movimiento internacional “basado en la idea de que un Gobierno es más accesible, más receptivo y más responsable ante los ciudadanos, y que la mejora de la relación entre el pueblo y su Gobierno tiene beneficios a largo plazo y exponenciales para todos”. Trinidad y Tobago se comprometió a unirse al Asociación para el Gobierno Abierto en 2012, según dicen porque “la República de Trinidad y Tobago aboga por que la inclusión, la participación y la transparencia sean los pilares de una gobernanza democrática eficaz”. Sin embargo, en diciembre de 2019, Trinidad y Tobago fue eliminado como país del Asociación para el Gobierno Abierto debido a la falta de acción.

No podremos alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental que como país nos hemos propuesto alcanzar si no nos inclinamos por la transparencia y la rendición de cuentas, que fomentan una mayor participación pública. Ya no vivimos en sociedades que se satisfacen con tomar decisiones verticales y monolíticas sobre cosas que afectan a nuestras vidas. Si se pretende que el desarrollo “no deje a nadie atrás”, que es la premisa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario que el desarrollo sea cocreado. Sin embargo, esta cocreación no puede ocurrir a menos que todos nos comprometamos con un país que se construya sobre la base de la transparencia, la participación y la responsabilidad.

Omar Mohammed es director ejecutivo de The Cropper Foundation, organización sin fines de lucro que desde hace 20 años aboga por los ideales de desarrollo sostenible, equidad y justicia en la región del Caribe. Tiene una licenciatura en ciencias medioambientales y un MBA de la Universidad de las Indias Occidentales. Actualmente está investigando cómo los líderes de la sociedad civil caribeña dan sentido cognitivo al cambio climático, a través de un trabajo de maestría en Liderazgo de la Sostenibilidad en el Instituto de Liderazgo de la Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge.

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