Captura de pantalla del video de Megaphone News acerca de los refugiados sirios en Líbano. Video en árabe con subtítulos en inglés. Fuente [1].
Esta publicación se basa en un informe de video [1] de Megaphone. Joey Ayoub, editor de Medio Oriente y Norte de África lo adaptó a texto como parte de un acuerdo para compartir contenido con Global Voices.
El Gobierno libanés presiona a los refugiados sirios para que vuelvan a su país, devastado por la guerra, pese a las denuncias de que muchos repatriados se ven obligados a alistarse en el Ejército –algunos incluso sufrieron torturas [2] o los mataron.
Hay alrededor de un millón de refugiados sirios registrados en Líbano [3], el «mayor número por cápita de cualquier país», según Human Rights Watch [3].
Uno de los más ardientes defensores del retorno de los sirios en el Gobierno es Gebran Bassil, ministro de Asuntos Exteriores y líder del conservador Movimiento Patriótico Libre (FPM). Este movimiento constituyó [4] el 13 de julio de 2018 un comité central para la repatriación de refugiados (si bien aún no se sabe cómo operará).
Durante la creación de este comité, Bassil acusó a los refugiados de suponer «una amenaza para la identidad y la economía de Líbano». En mayo, Bassil declaró su apoyo a la nacionalización [5] de cientos de empresarios sirios, lo que aumentó la impresión [6] que se ofrecía la ciudadanía libanesa de manera selectiva.
Mientras tanto, el partido de Hezbolá en Líbano, aliado clave del régimen de Assad y del FPM libanés, también ha abierto nueve oficinas [7] en el sur del Líbano, el valle de Bekaa y el sur de Beirut para «ayudar a los refugiados a volver a Siria». Las acciones de Hezbolá incluyen que los refugiados presenten solicitudes que envían directamente al régimen sirio para su aprobación.
Bassil también ha acusado a ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, de «atemorizar a los refugiados» al hacerles considerar el regreso a Siria. El 8 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores procedió a bloquear [8] las solicitudes de asilo sirios.
A esto le siguieron las declaraciones del Ministerio de Exteriores, que el 21 de junio declaró que ACNUR «apoyará» el regreso de los refugiados.
Poco después, ACNUR negó esta noticia, si bien afirmó que, aunque no «apoya» el regreso de los refugiados, «ayudará» en los esfuerzos de este retorno.
Ciertamente, el Artículo 33 del Convenio y Protocolo relativo a la condición de refugiados [9] prohíbe a los países que envíen a los refugiados de vuelta a su país de origen cuando su vida o su libertad estén en riesgo.
Mientras tanto, en el sur de Siria, entre 270 00 y 330 300 sirios [10] se vieron desplazados a la fuerza de la ciudad de Daraa, en manos de los rebeldes, por los intensos bombardeos. Desde mediados de junio, se han abierto camino hacia los Altos del Golán, región siria ocupada por Israel, y hacia la frontera jordana. En el momento en que se redactaba este artículo, los Gobiernos de Jordania [11] e Israel impiden que los refugiados de alcancen una seguridad relativa.
Esta última ofensiva sigue el patrón similar de intensos bombardeos y desplazamientos a gran escala ya vistos en áreas anteriormente en manos de rebeldes de Siria, como el este de Guta [12], Alepo [13], Daraya [14], Homs [15], entre otras regiones.
Sin embargo, esta situación de peligro en Siria no ha evitado que destacados sectores de la sociedad libanesa, como políticos y gran parte de los medios de comunicación, defiendan lo que muchos ven [16] como un chivo expiatorio. Probablemente, estas tácticas son comparables [17] a las usadas anteriomente, dirigidas a los refugiados palestinos en Líbano.
Se podría confiscar todos los bienes a los refugiados en Siria
Lo que agravar los temores de los refugiados es la nueva ley siria sobre la propiedad, que permitirá al Gobierno expropiar y reurbanizar propiedades de ciudadanos sin el debido proceso.
La «Ley nº 10 [18]«, aprobada en abril de 2018, «permite la creación de zonas de reurbanización en toda Siria que se destinarán a la reconstrucción».
Tal como explicó Human Rights Watch (HRW) [18]:
The law does not set out any criteria for which areas can be designated as redevelopment zones or a timeline. Instead, redevelopment zones are to be designated by decree. Within one week after a decree is issued, local authorities are to request a list of property owners from the area’s public real estate authorities. Public real estate authorities must provide the lists within 45 days.
La ley no establece ningún criterio ni calendario por los que se puedan designar áreas como zonas de reurbanización. Al contrario, las zonas de reurbanización se designan por decreto. Una semana después de que la aprobación de un decreto, las autoridades locales solicitan una lista de propietarios a las autoridades inmobiliarias. Las autoridades deben facilitar la lista en un término de 45 días.
La gente cuyo nombre no aparezca en la lista tendrá 30 días para proporcionar título de posesión en la zona. En caso contrario, todas las propiedades pasarán a formar parte del Estado. Los que logren demostrar propiedades en la zona recibirán una participación en los nuevos proyectos inmobiliarios.
Dado que la situación de la seguridad sigue siendo grave, y que muchos no regresarán por miedo a represalias, los exiliados tendrán pocas opciones de ofrecer títulos de propiedades. Es más, grupos y activistas por los derechos humanos ven esta ley como otro intento del régimen por desanimar el regreso de los refugiados.
Incluso el mismo Bassil parece desconcertado — ha enviado una solicitud [19] al régimen de Assad para que revise la ley, pues teme que impedirá sus planes de repatriar refugiados sirios que viven actualmente en Líbano.
Esto es especialmente cierto, pues más de un 70 % de los refugiados sirios [20] en Líbano provienen de zonas devastadas de Alepo, Homs, Idlib y áreas rurales de Damasco, todas propicias para planes de «reurbanización».
Los palestinos han comparado la ley nº 10 con otras aprobadas por el estado de Israel desde 1948 destinadas a evitar que los palestinos regresen a sus hogares.
This sounds so familiar https://t.co/WYy56iSZbq [21]
— (((YousefMunayyer))) (@YousefMunayyer) April 8, 2018 [22]
La nueva «ley de ausentes» de Siria podría originar que 13 milliones de refugiados pierdan própiedades y tierras.
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Esto me suena familiar.
Ciudad de Marota
Vale la pena destacar que la ley nº 10 tiene precedente en el decreto 66 de 2012 [23] de Siria, que determinaba, entre otras cosas, la creación de la «Ciudad de Marota» en dos zonas de Damasco.
Captura de pantalla del sitio web oficial que anuncia la ciudad de Marota. Fuente [24].
Se cree que la inversión para la ciudad de Marota, si bien proviene de manera oficial del Banco Comercial de Siria, entidad estatal [25], incluye a multimillonarios afines al régimen, como Rami Makhlouf, primo de Assad «que viene de la misma familia que el ministro de administración local, conocido por patrocinar a milicias [26] leales»; o Mazen Tarazi, rico inversionista sirio que vive en Kuwait, según Aron Lund de Araz News [23]. Entre los futuros propietarios está [23] el empresario sirio-turco-libanés Samer Foz.
El propio Assad visitó la ciudad de Marota [27] en marzo de 2016 para inaugurar el proyecto. SANA, medio de comunicación estatal, sostiene que el área [27] «incluye 12 000 unidades de vivienda que pueden alojar a unas 60 000 personas», y que el proyecto «ofrece 110 00 puestos de trabajo y 27 000 trabajos fijos».
Sin embargo, mientras el régimen anuncia este proyecto como asequible, Aron Lund destacó en IRIN News [23] que la realidad es diferente:
Syrian authorities present the Decree 66 redevelopment projects as an unmitigated success story, but even pro-government media has noted the absence of alternative housing [28] for people evicted from Basatin al-Razi [where Marota City is being built]. Former residents were recently told [29] they may get new apartments in the coming three years.
Las autoridades sirias presentan los proyectos de reurbanización del decreto 66 como una historia de éxito absoluto, pero incluso los medios favorables al Gobierno han destacado que la ausencia de viviendas alternativas [28] para los ciudadanos expulsados de Basatin al-Razi (donde se está construyendo la ciudad de Marota). A los anteriores habitantes les contaron [29] que tal vez obtengan nuevos apartamentos en los próximos tres años.
Por consiguiente, seis años después, con la llegada de la ley nº 10, muchos sirios desplazados por la guerra han añadido la «reurbanización» a una larga lista de motivos por los que regresar quizás sea imposible.
Según un refugiado entrevistado [30] por Maha Yahya para la BBC:
Hassan, an unregistered young refugee living in Beirut, put it: «Today, everyone who leaves Syria is considered a traitor.»
Like many others, he fears being accused of deserting his country and the possibility of reprisals.
Hassan, joven refugiado no registrado que vive en Beirut, dijo: «Hoy, a todo aquel que abandona Siria se le considera un traidor».
Como muchos otros, teme ser acusado de desertor y la posibilidad de represalias.
Añade:
Young men in particular are concerned that they will be targeted by forced conscription into the army.
Several recounted stories of young men who had returned to Syria only to get drafted and die at the front.
A los jóvenes en particular les preocupa que los busquen para un reclutamiento forzoso en el Ejército.
Varios contaron historias de jóvenes que habían vuelto a Siria solo para ser reclutados y morir en el frente.
El costo de evitar el reclutamiento puede ascender a USD8 000, lo que significa que la mayor parte de sirios que huyeron del país se verían obligados a unirse al Ejército en caso de volver.
Si se obliga a los refugiados de Líbano a seguir los mismos patrones, todo apunta a que las historias de terror continuarán. Tal como Saskia Bass escribió en marzo de 2018 [31]:
New research among returnees shows that most were pushed home by the harsh living conditions in neighboring countries, and did not find safety or dignity upon return.
Nuevas investigaciones entre los repatriados muestran que muchos se vieron obligados a volver a casa por las duras condiciones de vida en los países vecinos, y que no encontraron seguridad ni dignidad a su regreso.