[1]Ministro de comunicaciones y Multimedia de Malasia, Saifuddin Abdullah se había comprometido a revisar la aplicación de la Ley de Comunicaciones y Multimedia que se ha utilizado para denunciar periodistas, líderes de la sociedad civil y críticos del Gobierno. Fuente: Flickr / Fotografía del Departamento de Estado de los Estados Unidos / Dominio público
Los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos están expresando su alarma [2] ante el aumento de denuncias contra periodistas, blogueros, líderes de la sociedad civil y críticos del nuevo gobierno de Malasia.
La mayoría de los cargos se formulan en virtud del apartado a) del párrafo 1 del artículo 233 de la ley de comunicaciones y multimedia, que tipifica como delito que una persona «utilice una instalación de red para hacer, crear, solicitar o iniciar a sabiendas una comunicación que sea obscena, indecente, falsa, amenazante u ofensiva con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a otra persona».
Una sentencia de culpabilidad basada en esta acusación conlleva una multa de hasta 50 000 Ringgit (11 700 dolares estadounidenses) y un año de prisión.
Varios grupos han hecho campaña para que se revise y se derogue esta disposición, que las autoridades ha utilizada para acosar a los medios, intimidar la oposición y silenciar a los críticos en línea.
Falso arranque
Hasta ahora, el bloque opositor Pakatan Harapan (Alianza de la Esperanza), que asumió el poder en 2018 [3], no ha logrado [4] revisar las leyes draconianas a pesar de su compromiso declarado con la libertad de expresión.
Además, la aparición en marzo de Muhyiddin Yassin como nuevo primer ministro del país tras una realinación [5] de la coalición gobernante ha suscitado el temor de que conduzca a la reactivación del dominio del partido Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), ampliamente rechazado por los votantes en 2018
Muhyiddin ha dicho que su partido político Bersatu está dispuesto a trabajar con UMNO, el principal partido de la Coalición Barisan Nacional que gobernó Malasia durante muchas décadas hasta su derrota en 2018.
El gobierno liderado por UMNO aprobó varias leyes, entre ellas la Ley de Comunicaciones y Multimedia, que según los críticos, apuntaban a suprimir la libertad de expresión.
En los últimos tres meses, el gobierno de Muhyddin ha sido acusado de intensificar su represión de las voces disidentes y la Ley de Comunicaciones y Multimedia, en particular, ha sido utilizada para procesar a los críticos.
El último caso involucró a la bloguera Dian Abdullah acusada [6] de haber violado presuntamente el apartado a) del párrafo 1 del artículo 233 de la Ley de Comunicaciones y Multimedia a través de dos publicaciones en su blog.
La bloguera compareció en en tribunal de sesiones de Kuala Lampur el 9 de junio y pagó una multa.
Sus dos publicaciones, de fechas el 21 y el 23 de marzo respectivamente, criticaban [7] el liderazgo de Muhyddin y la inadecuada asistencia [8] proporcionada por el gobierno a trabajadores y residentes desplazados durante la pandemia de COVID-19
Blogger Dian Abdullah was charged in court today under Section 233 of the Communications and Multimedia Act after she voiced dissent against the State.
It's time we reject these actions that silence dissenting voices. Freedom of expression must flourish! @saifuddinabd [9] pic.twitter.com/9SlOzMkWp0 [10]
— CIJ Malaysia (@CIJ_Malaysia) June 9, 2020 [11]
Hoy, la bloguera Dian Abdullah fue acusada en el tribunal en virtud del artículo 233 de la Ley de Comunicaciones y Multimedia después de que se manifestó en desacuerdo con el Estado.
Es hora de que rechacemos estas acciones que silencian las voces disidentes. ¡La libertad de expresión debe florecer!
Las autoridades también notificaron a algunos miembros de la oposición y de la sociedad civil que estaban bajo investigación por publicar declaraciones en línea que, supuestamente, violaron la ley.
Entre ellos se encuentra Cynthia Gabriel, fundadora del Centro para Combatir Corrupción y Nepotismo.
El grupo de Gabriel publicó una declaración en marzo denunciando al «régimen no elegido» de Muhyddin.
Our founding director Cynthia Gabriel has been called for questioning under section 4 of the Sedition Act and section 233 of the Communications and Multimedia Act. This investigation is in relation to the statement issued by C4 Center on 14 March titled (https://t.co/abVX0fXUC3 [12])
— C4 Center (@C4Center) June 5, 2020 [13]
¡Dejen de legitimar a este gobierno no elegido!
Nunca nos deben tomar por tontos de que las cosas son «normales» y se pueden normalizar.
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Nuestra fundadora Cynthia Gabriel ha sido citada para interrogarla en virtud del artículo 4 de la Ley de Sedición y el artículo 233 de la Ley de Comunicaciones y Multimedia. Esta investigación está relacionada con la declaración publicada por el Centro C4 el 14 de marzo titulada «Dejen de legitimar al gobierno no elegido.
Por su parte, la periodista Tashny Sukumaran, corresponsal del South China Morning Post, con sede en Hong Kong, fue citada [14] por la Policía el 3 de mayo por su informe que, supuestamente, violaba la Ley de Comunicaciones y Multimedia.
El informe [15] en cuestión hablaba de la mano dura de la Policía con los refugiados rohinyá.
El ministro de Comunicaciones y Multimedia, Saifuddin Abdullah, aclaró que su oficina ya había ordenado a la Policía detener la investigación; también prometió [16] revisar la controvertida ley.
El continuo y agresivo uso de la Ley de Comunicaciones y Multimedia por parte del Gobierno para perseguir a los críticos en línea ha empujado a varios grupos a denunciar el declive de la libertad de expresión bajo el nuevo régimen.
El Centro de Periodismo Independiente reiteró [17] su petición de que se derogaran las leyes represivas sobre los medios de comunicación:
The government must stop charging and investigating individuals under regressive laws such as this section for voicing dissent against the State and public authorities.
Criminalising content that could potentially challenge and attempt to hold the State to account is grossly disproportionate to any legitimate aim of protecting public order. We need an enabling environment that promotes critical thinking and healthy debates that would uphold democracy and good governance.
El Gobierno debe dejar de denunciar e investigar personas en virtud de leyes represivas como la presente sección por expresar su disensión contra el Estado y las autoridades públicas.
La penalización de contenidos que podrían cuestionar e intentar hacer que el Estado rinda cuentas es sumamente desproporcionada con respecto a cualquier objetivo legítimo de protección del orden público. Necesitamos un ambiente propicio que promueva el pensamiento crítico y los debates sanos que defiendan la democracia y la buena gobernanza.
Bernice Chauly de Pen Malaysia explicó [18] por qué la Sección 233 de la Ley de Comunicaciones y Multimedia no es una buena ley:
Rule of law is vital, but rule of bad law is not welcome. Section 233 is ‘bad law’ because it is so broad that any Malaysian can make a police report because they are ‘annoyed’, regardless of whether they are the intended recipient or target of a communication.
El estado de derecho es vital, pero el estado de mal derecho no es bienvenido. El artículo 233 es «mal derecho» porque es tan amplio que cualquier malasio puede hacer una denuncia policial porque está «molesto», independientemente de si es el destinatario o el blanco de una comunicación.
Por su parte, Tashny Sukumaran fue desafiante ante los intentos de silenciar sus reportajes:
What I CAN tell you is that I promise all of you – those who like my reporting *and* those who hate it and call me racist slurs online – that I am not stopping. All of you deserve access to the truth. I am here to speak truth to power, without fear or favour.
— Tashny Sukumaran (@tashny) May 3, 2020 [19]
Lo que PUEDO decirles es que les prometo a todos –a los que le gusta mi reportaje *y* a los que lo detestan y me llaman difamadora racista en línea– que no voy a parar. Todos merecen acceso a la verdad. Estoy aquí para decir la verdad al poder, sin miedo ni favoritismos.