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Reducir contaminación acústica en Trinidad y Tobago: ¿A quién le corresponde?

Categorías: Caribe, Trinidad y Tobago, Activismo digital, Ambiente, Derecho, Derechos humanos, Educación, Medios ciudadanos, Música, Política, Salud
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Fhoto vía Canva [1]; imagen libre.

Una versión de este artículo [2] se publicó en la Red de Noticias Ambientales de Cari-Bois, y se reproduce aquí como parte de un acuerdo para compartir contenido con Global Voices.

La mayoría de las quejas relacionadas con el ruido que recibe la Autoridad de Gestión Ambiental [3] (EMA) –agencia estatal reguladora encargada de «administrar los recursos naturales y el ambiente de Trinidad y Tobago»– giran en torno a dos cosas: los niveles de música y los fuegos artificiales. Sin embargo, según Nadia Tewarie, funcionaria técnica de la Unidad de Ruido de la EMA, que copresentó un seminario web [2] titulado «Comprender el papel de la EMA en la gestión de la contaminación acústica» en 2020, de los 11 textos legislativos que regulan las cuestiones relacionadas con el ruido en Trinidad y Tobago, la EMA solo tiene autoridad [4] para actuar en virtud de un texto.

Matthew Jardim, que al momento del seminario web formaba parte de la Unidad de Respuesta a Emergencias e Investigaciones de la EMA, añadió que lo mejor es «ponerse en contacto con la estación policial más cercana para obtener ayuda inmediata». Cualquier acción que la EMA pueda emprender en situaciones como esta, explicó, es «normalmente retroactiva», lo que significa que las investigaciones se llevan a cabo después de que la posible infracción ocurrió. La EMA puede notificar una infracción si sus investigaciones revelan un incumplimiento de la variación del ruido o de la norma de ruido prescrita para la zona.

Sin embargo, dirigirse a la Policía a menudo resulta inútil, a pesar de que la Ley de Delitos Sumarios del país tiene una sección entera dedicada a la «Preservación de la paz». Así que, en medio de las continuas agresiones auditivas de la música alta, ¿a dónde deben dirigirse los ciudadanos?

Hace dos años, un participante en un seminario web habló [2] de haber llamado al Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) para abordar el problema de los bares que llevan camiones con música a una vía principal del oeste del país. Solo le dijeron que no se podía hacer nada porque los infractores habían recibido permisos de variación de ruido (permiso para superar los límites de ruido prescritos) de la EMA.

Más recientemente, la comunidad de Woodbrook [5], en las afueras de Puerto España, la capital de Trinidad, fue el escenario de «Carnaval en julio», una serie de eventos en los que se celebraron varios lanzamientos de bandas de disfraces [6] para el tan esperado Carnaval 2023, todo en las calles de una zona que sigue siendo mayoritariamente residencial [7]. A pesar de eso, hay planes para convertir la avenida Ariapita, la principal arteria que atraviesa la comunidad de Woodbrook, en una «franja de fiesta [8]«.

La posición de la EMA ha sido que, ante estas situaciones, el público debe «recordar» a la Policía sus obligaciones legislativas [2] en virtud de la Ley de Delitos Sumarios, que «establece claramente que la Policía tiene la jurisdicción principal cuando se trata de ruido, especialmente el de los camiones». La mayoría de los actos callejeros en Trinidad y Tobago –desde el Carnaval hasta las elecciones– van acompañados de camiones de música que superan los niveles de decibeles [9] aprobados y seguros.

La EMA ha soportado muchas críticas del público [10] y a veces se percibe que es mejor hablar que actuar [11]. Aparentemente, factores como la movilidad o la naturaleza de una fuente de ruido pueden alejar por completo [2] a la EMA de la responsabilidad de atender una queja por ruido, y aunque cuenta con agentes especiales de reserva en la Unidad de Policía Medioambiental con poder para actuar contra el ruido causado por bares y discotecas, carece de la fuerza legislativa necesaria para abordar cuestiones como los vehículos ruidosos, los altavoces y los fuegos artificiales.

Sin embargo, las variaciones de ruido entran en el ámbito de la Ley de Infracciones Sumarias, que la Policía está facultada para aplicar, con multas de hasta 1500 dólares trinitenses (aproximadamente 220 dólares estadounidenses) o seis meses de cárcel, pero la ley también es algo imprecisa, ya que define el ruido como todo lo que causa molestias a los vecinos de los alrededores, sin establecer específicamente cuáles son los niveles de ruido aceptables.

La EMA ha estado estudiando la posibilidad de implantar una solución digital [2] que permita al público determinar rápidamente si un evento concreto ha recibido la aprobación de las variaciones de ruido. En la actualidad, el único aviso que recibe el público de una actividad que ha recibido el permiso de la EMA para superar los niveles de ruido prescritos se produce en forma de anuncios en los periódicos colocados al menos 35 días antes de la celebración del la actividad. Un registro electrónico permitiría a cualquier persona acceder a esta información sin tener que consultar los ejemplares atrasados de los periódicos o hacer un viaje al Centro de Información de la EMA, pero casi tres años después, no ha habido ninguna actualización [12] de esta iniciativa.

Mientras tanto, los efectos de los fuegos artificiales [13], que habitualmente tienen un impacto terrible en los animales [14] (incluidos los que están en el zoológico [15] y los animales silvestres [16]), los niños y los ancianos, siguen causando angustia.

La EMA anunció recientemente que no participaría en las solicitudes de variación del ruido [17] de los fuegos artificiales, alegó la dificultad de regularlos. Dado que la medición del sonido se realiza con un aparato, los ruidos son más fáciles de evaluar si son continuos y si su origen puede medirse desde un punto fijo y consistente. Los fuegos artificiales individuales son de corta duración y pueden activarse desde diversos puntos, pero algunos usuarios de redes sociales interpretaron la medida [18] como «otra forma de pasar la pelota».

En Trinidad y Tobago, el lanzamiento de fuegos artificiales se rige por el Reglamento de Permisos de Fuegos Artificiales, en virtud de la Ley de Delitos Sumarios, lo que significa que cualquier reparación debe solicitarse a la Policía.

Mientras tanto, los cibernautas siguen [19] difundiendo sus luchas [20] en la página de Facebook «Ciudadanos contra la contaminación acústica en Trinidad y Tobago [21]«, mientras que la propia EMA intenta educar a la gente sobre los efectos físicos [22] y psicológicos [23] de la contaminación acústica, que al parecer es la principal queja [24] que recibe a través de su línea telefónica.