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¿Puede el asesinato de otra activista ambiental marcar la diferencia en la lucha contra la impunidad en Honduras?

La Paz, Honduras. Fotografía tomada de Wikimedia Commons. Del Dominio Público.

La Paz, Honduras. Fotografía tomada de Wikimedia Commons. Del Dominio Público.

 ¡Lesbia Yaneth vive, la lucha sigue!
¡Berta vive, la lucha sigue!

Con esta frase termina el comunicado que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) publicó en su blog tras denunciar el asesinato de Lesbia Yaneth Urquía, lideresa comunitaria asesinada en Honduras. La investigación de este asesinato sigue en curso, y sus vínculos políticos siguen en discusión. Sin embargo, para los luchadores ambientales dentro y fuera de Honduras, el de Urquía es un feminicidio político que golpea al país mientras se recupera aún del asesinato de Berta Cáceres, activista miembro del COPINH asesinada hace cuatro meses.

A pesar de la poca mención de los motivos políticos del asesinato al comienzo de las investigaciones oficiales, la muerte de Lesbia Urquía fue condenada a nivel nacional e internacional como un golpe más a la lucha ambientalista en la región. Poco después se dio a conocer que entre los implicados se encontraba un empleado de una de las empresas que impulsa el proyecto hidroeléctrico que hace el centro de las controversias.

Las controversias son numerosas y la indignación está generalizada. Sin embargo, más allá de los debates, la muerte de Urquía ha impulsado a los hondureños y a los defensores de derechos humanos a resaltar la gravísima situación de Honduras en cuanto a la defensa de activistas ambientales y de derechos humanos.

Los conflictos que se han dado entre las organizaciones indígenas hondureñas, el Estado y las multinacionales tienen como base el uso de la tierra y los ríos. Para la población local, la disposición de los recursos se da sin consenso entre las partes y con desventaja para sus comunidades. Entre otros, el Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), indicó que las multinacionales obtienen licencias ambientales de forma ilegal con la ausencia de una previa consulta libre y socializada, que debe seguirse según el convenio 169 de la OIT firmado por el Estado de Honduras. Las comunidades velan porque los proyectos no intervengan de forma negativa su supervivencia y piden que las involucren en las decisiones previas con beneficios para sus habitantes. Por esta razón se han organizado protestas y se ha manifestado el rechazo a las imposiciones gubernamentales mediante marchas y bloqueos que impiden obras como la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

Luego del asesinato de Urquía, el COPINH hizo duras acusaciones contra el gobierno de Honduras. Del mismo modo, se acusa de complicidad a las fuerzas militares y policiales, y a todos las instituciones gubernamentales por ser fuente permanente de amenazas y criminalización con el fin de llevar a cabo proyectos que afectan directamente el bienestar de las comunidades locales. La presión se intensifica y se le exige al gobierno hondureño responder y evitar la impunidad que ha servido como caldo de cultivo para las altas cifras de asesinatos en el país. La asistencia al entierro de Lesbia Urquía fue numerosa, como puede verse en el video compartido por el medio Hondured 13:

Organizaciones ambientalistas como CENSAT Agua Viva hicieron un llamado para evitar que la impunidad deje sin resolver los asesinatos tanto de Urquía como de Cáceres y refuerce la persecución de los defensores ambientales:

Hacemos eco de las exigencias del COPINH en búsqueda de justicia para que los feminicidios de Lesbia y de Berta Cáceres no queden en la impunidad.  Hacemos un llamado urgente al Estado hondureño para que adelante las investigaciones pertinentes para castigar a los responsables de estos hechos y a su vez, permita la reacción de una Comisión Independiente de Expertos liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue el asesinato de Berta Cáceres.

Exigimos al Estado hondureño que cese la persecución y la violación de derechos humanos de las defensoras y defensores de la naturaleza, que expulse e investigue con celeridad a los miembros de fuerzas policiales y militares involucrados en crímenes en su contra, e implemente todas las medidas necesarias para que sus instituciones cumplan con las obligación de protegerles e impulsar su legítima labor de defensa.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos realizó un recuento visual de las agresiones que han sucedido en la región en contra de defensoras ambientalistas. Así lo publicó a través de su cuenta de Twitter:

De la misma manera, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales se pronunció con vehemencia:

Exigimos al gobierno Hondureño que cesen los asesinatos a defensores de la naturaleza. Basta de matarnos por defender nuestros derechos.

Pedimos a la comunidad internacional que garanticen los derechos de los y las Defensoras en nuestro legítimo ejercicio; y en el caso particular de Honduras que los asesinatos ocurridos como el de Berta Cáceres y el de Lesbia Yaneth Urquia se investiguen y castiguen con severidad para terminar con la impunidad.

Estadísticas que alarman

Los activistas ambientales en América Latina en general, y en Honduras en particular, son foco de persecución y violencia en países donde empresas transnacionales, muchas veces aliadas con poderes políticos o económicos buscan explotar los diversos recursos naturales locales. Las controversias dan como resultado cifras alarmantes. De acuerdo con Global Witness, en su reporte En terreno peligroso, “se documentan 185 muertes que se sabe que acaecieron el año pasado [2015] por todo el mundo, una cifra que supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada […] Las graves restricciones informativas que existen implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor.”

De acuerdo con la organización en su introducción al reporte ¿Cuántos más? (en su versión en inglés), Honduras ocupa un lugar preocupante en las estadísticas. Además, los asesinatos tienen lugar en circunstancias que, junto con las limitaciones de la información, hacen difícil su investigación y contribuyen con la impunidad:

Each week at least two people are being killed for taking a stand against environmental destruction. Some are shot by police during protests, others gunned down by hired assassins. As companies go in search of new land to exploit, increasingly people are paying the ultimate price for standing in their way.

We found that at least 116 environmental activists were murdered in 2014 – that's almost double the number of journalists killed in the same period. A shocking 40 % of victims were indigenous, with most people dying amid disputes over hydropower, mining and agri-business. Nearly three-quarters of the deaths we found information on were in Central and South America.

Globally, it’s likely that the true death toll is higher. Many of the murders we know about occurred in remote villages or deep within the jungle, where communities lack access to communications and the media. It’s likely many more killings are escaping public records.

Cada semana al menos dos personas son asesinadas por tomar posición contra la destrucción ambiental. Algunos son asesinados a disparos por la policía durante las protestas, otros más lo son por asesinos a sueldo. Mientras las compañías buscan nuevas tierras para explotar, un número creciente de personas es el que paga el precio más alto por atravesárseles en el camino.

Encontramos que al menos 116 activistas ambientales fueron asesinados en 2014 – eso es casi el doble de periodistas asesinados en el mismo período. Un impresionante 40% de las víctimas eran indígenas, y la mayoría de estas personas murieron entre disputas sobre energía hidráulica, minería y negocios ligados a la agricultura. Cerca de tres cuartos de las muertes sobre las que encontramos información fueron en América Central y del Sur.

Globalmente, es probable que la cifra real sea más alta. Muchos de los asesinatos de los que sabemos han ocurrido en pueblos remotos or en lo profundo de la selva, donde las comunidades carecen de acceso a comunicaciones y a los medios. Es también probable que muchos más asesinatos hayan quedado fuera de los registros públicos.

Por su parte en su informe Terreno peligroso se documentan 185 muertes que sucedieron en 2015,  en el mundo, un 60%  más respecto al 2014. De estos asesinatos, el 66 por ciento (122) ocurrió en América Latina.

Mientras tanto, otras organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  la Unión Europea (UE) y las redes sociales se siguen pronunciando, y los hondureños se preguntan ¿qué más hace falta para acabar con este flagelo?

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