Image de Macky Sall, président du Sénégal, capture d'écran de la chaîne YouTube Investir au Pays

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Al poner fin unilateralmente y sin base legal al proceso electoral tres semanas antes de la primera vuelta presidencial, Macky Sall hundió a Senegal en una crisis institucional sin precedentes.

Senegal se prepara para elecciones presidenciales que se distinguen de todas las anteriores por dos razones. Por primera vez en la historia del país, el presidente saliente no es candidato, lo que en teoría, abre el juego político y favorece un verdadero debate sobre futuras opciones. De otro lado, el principal líder opositor, Ousmane Sonko, tampoco es candidato.

Pero el 3 de febrero, todo cambió. En un discurso a la nación, Macky Sall derogó el decreto que fijaba la primera vuelta presidencial para el 25 de febrero, con el pretexto de una «crisis» entre el Consejo Constitucional, pues a dos de sus siete miembros son acusados de corrupción, y la Asamblea Nacional, que estableció una comisión parlamentaria para investigar esas acusaciones.

Veinte candidatos postulan en las elecciones senegalesas. Dos candidatos destacados quedaron excluidos de los comicios. Por un lado, Karim Wade, du Partido Democrático Senegalés (PDS), por tener doble nacionalidad (senegalesa y francesa), a pesar de la publicación de un decreto de renuncia a la de lealtad a la República Francesa del 16 de enero de 2014. Del otro, Ousmane Sonko, líder del partido Patriotas Africanos de Senegal para el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), que está detenido desde junio de 2023, primero con arresto domiciliario y luego en la prisión de Sébikotane. Su recurso fue rechazado por el Consejo Constitucional.

La campala oficial empezó el 4 de febrero y debía durar tres semanas. Pero en los hechos, comenzó hace mucho tiempo, precisamente en marzo de 2021, cuando Sonko fue acusado de violar y amenazar de muerte a la jiven Adji Sarr, y fue detenido en la sección de investigaciones de la Gendarmería Nacional. En el centro del debate que siguió, surgieron muchas preguntas, como la politización de la administración pública, el estado de la justicia senegalesa, y los problemas vinculados a la corrupción y la gestión de fondos públicos. Esas preguntas fueron centrales en las elecciones municipales y legislativas de 2022. Cuando esas elecciones terminaron, la coalición opositora había logrado romper filas y desestabilizar la base de la mayoría presidencial.

Una administración fuertemente politizada

Más allá de la justicia, todo el proceso sus electoral comenzó con la  promulgación de candidatos definitivos el 20 de enero, y se vio opacado por acusaciones de obstrucción y parcialización. Ya en septiembre de 2023, el retiro de formularios de patrocinio, que permiten a los candidatos tener el auspicio de una parte de los electores (entre 0,8 y 1% del registro electoral), representantes locales electos o parlamentarios, suscitó controversia. Ciertamente, la Dirección General Electoral (DGE) se negó a distribuir los formularios al representante de Ousmane Sonko, con el argumento de que fue suprimido de las listas electorales tras su condena por «corrupción de la juventud» y su inculpación por «atentado contra la seguridad del Estado».

Después de esa negativa, la oposición inició  varios procedimientos ante los tribunales de Senegal y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS/CEDEAO) para impugnar esa medida administrativa. Aunque la Corte de Justicia de ECOWAS/CEDEAO resolvió en noviembre de 2023 que el Estado senegalés no violó los derechos de Ousmane Sonko cuando lo excluyó de las listas y disolvió PASTEF, la resolución judicial senegalesa estuvo más a favor de los alegatos de la oposición, después de idas y venidas.

Cuando el tribunal de Ziguinchor (en Casamance, a 450 km de Dakar) impugnó la anulación de Sonko y pidió su readmisión y que se le entregara los formularios, la DGE se negó a ejecutar el mandato judicial con el argumento de que el Estado iba a apelar, pese a que en materia electoral, toda decisión judicial debe ejecutarse inmediatamente sin prejuicio de los recursos de la otra parte. En octubre de 2023, cuando la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA) hizo un llamado público a la DGE para que otorgara los formularios de auspicio al representante de PASTEF, todos los funcionarios fueron despedidos y reemplazados por decreto presidencial. Aunque el mandato de los funcionarios de CENA venció en mayo de 2021 y que la oposición critica desde hace tiempo que sigan en su puesto, su destitución a cuatro meses de las elecciones solo reforzó el sentir de que el Ejecutivo pone en entredicho a las instituciones.

Estas idas y vendas terminaron el 15 de diciembre, cuando el tribunal distrital de Dakar confirmó la sentencia del tribunal de Ziguinchor. Sin embargo, a pesar de esto, el representante de Sonko nunca pudo recoger los formularios de auspicio. A pesar del último recurso de los abogados de Sonko, el Consejo Constitucional, en su decisión del 20 de enero, se basó en la condena definitiva de Sonko por «difamación» e «injurias públicas», y no en el argumento inicial de que había sido condenado por «corromper a los jóvenes».

Sistema judicial bajo presión

Con ocasión de la inauguración, en enero de 2024, del nuevo Palacio de Justicia de Rufisque, en la periferia de la capital, el exfiscal y actual primer presidente del Tribunal de Apelación de Dakar, Amady Diouf, denunció «el desprecio que se muestra hacia los jueces, de los que nunca hay que reírse ni burlarse». Para él, se trata de «un signo de bancarrota moral y el principio del hundimiento de la democracia».

Este discurso refleja un malestar que crece desde hace años en el seno del Poder Judicial, en particular las críticas a su parcialidad y sumisión al Ejecutivo. Estas cuestiones provocaron la renuncia de un miembro del Consejo Superior de la Magistratura, que ya denunciaba el mal funcionamiento del Poder Judicial en 2018.

Las causas judiciales que condujeron a la inelegibilidad de Ousmane Sonko estuvieron marcadas por un carácter político: la denuncia de Adji Sarr por violación y amenazas de muerte en febrero de 2021, que se saldó con una condena firme de dos años de prisión por «corrupción de menores» en junio de 2023; o la denuncia por difamación e insultos públicos del ministro Mame Mbaye Niang, que se saldó con una condena condicional de seis meses de cárcel y una multa de 200 millones de francos CFA (casi 330 000 dólares estadounidenses).

En paralelo a esos procesos judiciales, las manifestaciones políticas se vieron fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que llevó a la muerte de al menos 56 personas entre marzo de 2021 y agosto de 2023, según Amnistía Internacional.

La prisión convertida en norma

Varios miembros de PASTEF fueron detenidos y encarcelados por «llamado a la insurrección» por convocar manifestaciones o protestas contra lo que consideraban abusos de poder, lo que reforzó este sentir de parcialidad. Entre los detenidos estaban los alcaldes: Djamil Sané, de Parcelles Assainies (Dakar); Adama Sarr, de Keur Massar-Nord; Mohamed Bilal Diatta, de Keur Massar-Sud; y Pape Sow, de Sangalkam, y varios concejales más.

En abril de 2023, Bassirou Diomaye Faye, secretario nacional de PASTEF y candidato a sustituir a Ousmane Sonko, fue detenido en su despacho del Ministerio de Finanzas por haber denunciado en Facebook las «metidas de pata de la justicia». Fue acusado de desacato al tribunal. Estos cargos aumentaron cuando, en julio de 2023, él y Sonko fueron acusados de «socavar la seguridad del Estado, llamar a la insurrección y conspiración criminal» tras la disolución administrativa de PASTEF.

En septiembre de 2023, el Comité para la Liberación de los Presos Políticos estimó que más de mil personas habían sido detenidas y encarceladas desde marzo de 2021 en el marco de la represión política relacionada con estos casos. El encarcelamiento se ha convertido en la norma y no en la excepción. El desborde de detenidos se ve agravado por el incumplimiento del procedimiento judicial por parte de las salas de acusación. Ni siquiera se responde (positiva o negativamente) a las solicitudes de libertad provisional, en violación del Código de Procedimiento Penal. Es el caso de Cheikh Oumar Diagne y Abdou Karim Gueye, dos militantes próximos a PASTEF, que fueron detenidos en marzo de 2023 por «llamados a la insurrección, violencia contra las instituciones y atentado contra la seguridad del Estado», y desde entonces están en Rebeuss, principal cárcel de Dakar.

La deriva del hiperpresidencialismo

Recientemente, la exclusión de Karim Wade de la lista de candidatos presidenciales, tras el recurso de la también candidata Rose Wardini, por su doble nacionalidad franco-senegalesa, provocó una nueva ronda de críticas al Consejo Constitucional. El PDS denunció la «corrupción» y los «conflictos de intereses» de dos de los siete magistrados, y la filtración de la sentencia antes de la declaración pública del Consejo Constitucional, y el 31 de enero tambúes impulsó crear una comisión parlamentaria de investigación, con el apoyo de algunos diputados de la mayoría.

Estos diversos reveses de la fortuna ilustran la explotación del Poder Judicial por los actores políticos, empezando por el Ejecutivo, en particular durante los dos mandatos de Macky Sall (en el poder desde 2012). Antes de Sonko, otras dos figuras opositoras, Karim Wade y Khalifa Sall, fueron excluidos de las elecciones presidenciales de 2019 a raíz de sentencias judiciales: fueron condenados en 2015 y 2018, respectivamente, por «enriquecimiento ilícito» y «fraude con fondos públicos».

Pero el 3 de febrero, el hiperpresidencialismo senegalés cruzó un nuevo umbral con la suspensión unilateral del proceso electoral por Macky Sall. Esta decisión, que se tomó antes de que la comisión parlamentaria hubiera tenido siquiera la oportunidad de escuchar a los miembros del Consejo Constitucional y verificar las acusaciones presentadas por Karim Wade, obedece más a la voluntad de un hombre y su clan de hacerse con el poder y protegerse de posibles persecuciones que a una verdadera preocupación por proteger las instituciones.

En muchos aspectos, esta decisión constituye un golpe de Estado institucional por su carácter unilateral e inconstitucional, que corre el riesgo de generar una crisis de consecuencias potencialmente desastrosas para el país.