Foto de Joakim Honkasalo en Unsplash

El gobierno de derecha finlandés ha propuesto recientemente, bajo el pretexto de la seguridad nacional, una ley que restringe a solicitantes de asilo de la posibilidad de pedir refugio en las fronteras finlandesas. Como grupo de investigadores en materia de migración y derechos humanos, explicamos cómo esta ley viola las obligaciones internacionales de Finlandia y la legislación en materia de derechos humanos.

En diciembre de 2023, tras constatar en la frontera este de Finlandia un aumento en la llegada de solicitantes de asilo sin documentos de identidad y viaje necesarios, el Gobierno finlandés (coalición entre el Partido de Coalición Nacional, el Partido de los Finlandeses, los demócrata cristianos y el Partido Popular Sueco de Finlandia) decidió restringir todo movimiento fronterizo. Desde noviembre de 2023, se cerraron los pasos fronterizos entre Finlandia y Rusia con el fin de minimizar la migración entre ambos países, pues durante este periodo han llegado unos 1300 solicitantes de asilo a la frontera finlandesa. El viernes 15 de marzo, en nombre de la «soberanía de Finlandia» y la «seguridad nacional», el Gobierno propuso promulgar una ley extraordinaria relativa a «medidas temporales para combatir la inmigración instrumentalizada».

La ley propuesta regula en qué casos el Gobierno, sin intervención del Parlamento, puede decidir limitar temporalmente la aceptación de solicitudes de protección internacional en la frontera entre Finlandia y Rusia. En la práctica, esto significaría que los solicitantes de asilo podrían ser rechazados y trasladados «a un lugar donde se acepten solicitudes de protección internacional», lo que, de materializarse, constituiría una forma de expulsión de migrantes.

El proyecto de ley del Gobierno, que vulnera varias obligaciones jurídicas fundamentales internacionales, europeas y constitucionales, y también derechos individuales (como derecho de asilo, derecho a un proceso justo, derechos infantiles y principio de no devolución), se propone como una ley de emergencia. En esa calidad, requiere de la aprobación de una mayoría cualificada del Parlamento finlandés. En la rueda de prensa en la que se presentó el proyecto de ley, un representante del Ministerio del Interior admitió que, desde el punto de vista jurídico, la ley es «excepcionalmente complicada y está en tensión con los derechos constitucionales y humanos». Además, la ley está alineada con las políticas más generales de uno de los principales partidos de la coalición de gobierno, el Partido de los Finlandeses (de extrema derecha), que durante varios años ha pretendido explícitamente restringir de forma drástica el acceso al asilo en Finlandia.

Las múltiples y graves vulneraciones de derechos humanos y constitucionales que se proponen justifican, incluso en circunstancias excepcionales, un análisis minucioso y cuidadoso. Sin embargo, el Gobierno finlandés pretende sacar adelante la ley en un plazo extremadamente ajustado. A los representantes de las autoridades públicas, la sociedad civil, expertos y otras partes interesadas se les ha dado un máximo de seis días hábiles para leer la compleja propuesta legislativa (de 94 páginas) y responder mediante declaraciones. Este plazo no solo es extraordinariamente corto, además resulta insuficiente para considerar seriamente los posibles daños irreparables, el sufrimiento humano y las violaciones de derechos que la ley sin duda causará.

Consideramos que se trata de un ejemplo de doctrina de choque, en la que el Gobierno finlandés se aprovecha de la sensación general de miedo y crisis nacional para establecer leyes y políticas cuestionables desde el punto de vista de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. En Finlandia, la guerra de Rusia contra Ucrania ha contribuido a una sensación general de emergencia, que ha sustentado una política nacional cada vez más centrada en la seguridad y que afecta de manera importante a las políticas migratorias. Escribimos esta carta abierta para cuestionar este enfoque y, sobre todo, para cuestionar las políticas ilegales impulsadas en nombre de la «seguridad nacional».

Daniela Alaattinoğlu, Universidad de Turku
Stephen Phillips, Universidad Åbo Akademi
Dionysia Kang, Universidad Åbo Akademi
Jaana Palander, Universidad Åbo Akademi
Magdalena Kmak, Universidad Åbo Akademi
Yulia Dergacheva, Universidad de Turku