Tras las recientes normas legales promulgadas por el Poder Ejecutivo, poco a poco vuelve la calma en la región Puno, ubicada al sur de los Andes peruanos, tras los recientes conflictos y desórdenes sociales (ligados todos a la minería), que dejaron seis muertos, más de 30 heridos y millonarias pérdidas materiales: sólo el aeropuerto de Juliaca ha sufrido daños estimados en más de dos millones de dólares.
Los pobladores quechuas de Azángaro (norte de Puno) salieron de Juliaca la noche del sábado, y los aymaras del sur de la región levantaron los bloqueos de carreteras el domingo.
Tanto estos pueblos nativos como las comunidades campesinas de la cuenca del Río Ramis han dado una tregua temporal al gobierno del presidente electo Ollanta Humala, durante la cual se espera que se revisarán temas relacionados con las concesiones mineras en la zona sur de Puno. Entretanto, Humala la declarado que «es una responsabilidad constitucional del actual gobierno resolver los problemas hasta el día 28 de julio, en que termina su mandato».
Una de las normas legales promulgadas declara de interés nacional la recuperación ambiental de la cuenca de los ríos Ramis y Suche, medida largamente esperada por las poblaciones campesinas del área; las demás están relacionadas con la regulación de la actividad minera en la región Puno. La más celebrada por la población aymara es la derogación del Decreto Supremo 083-2007-EM, que pone fin al proyecto Santa Ana de la empresa minera Bear Creek Mining Company.
Las redes sociales han estado llenas de comentarios.
Algunos están muy de acuerdo con los reclamos de los puneños, como Ricardo Calmet (@ricardocalmet):
@jotabruce @chaskicholo Hay mucho que aprender de los pueblos originarios. Mirándolo bien Aymaras nos dan profunda lección: cuidar la tierra
Jimena Espinoza (@jespiba) apoya las protestas de los puneños:
Deberiamos movilizarnos como muestra de apoyo a nuestros hermanos puneños que son ignorados por el gordo infeliz [el presidente Alan García] bit.ly/kBRp94
Otro sector sostiene que los puneños se boicotean a sí mismos, como señala Alian Molina (@aliomp):
Figueroa: “Los aimaras y quechuas no desean que haya desarrollo en su región”
En este mismo sentido, este tuit de Ricardo Marapi (@ricardomarapi) hace énfasis en los conflictos entre los propios puneños:
En Puno «habría celos vecinales, por la desigualdad entre los poblados en el reparto de los beneficios» http://is.gd/2R7M4x
Otros ponen en duda la sinceridad o legitimidad de las reclamaciones, como Shevyga (@Shevyga):
Si la gente Aimara pelea x la mineria “formal”, la gente de Azangaro pelea x la mineria informal, pero…
Algunos usuarios cuestionan el manejo del gobierno central en cuestiones ambientales, como Luis Torres Montero ():
Defensoría del Pueblo tiene 87 meses de informes de conflictos sociales (incluido el de Río Ramis) y Alan García ‘naca la pirinaca’ [no hace caso].
Otros acusan tratos discriminatorios y negligencia gubernamental, como Internautilius ():
Ahora entiendo porque dicen Peru no tiene instituciones: la Fiscalia de Puno no investiga la muerte de los punenos! Los muertos son pobres!!
Otros tuiteros acusan a la prensa de no cubrir correctamente el conflicto en la región, como Matteo (@Matteo):
RM Palacios [Rosa María Palacios, periodista peruana] vuela en prejuicios y acusa de racistas a los quechuas y aimaras de Puno goo.gl/TRl5o
De cara al cambio de mando, que tendrá lugar el próximo 28 de julio, analistas como Paulo Vilca señalan algunas de las tareas que quedan pendientes en la región para el gobierno de Ollanta Humala, con el fin de llegar a soluciones permanentes en la región, a saber; promulgar una Ley de Consulta Previa, eliminar la minería informal en la zona de conflicto (es decir, hacerla entrar en la legalidad), implementar un plan de reordenamiento territorial y recuperar ambientalmente la cuenca del río Ramis, que afecta al Lago Titicaca.
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