El asesinato de Jeremy Barrios (22), un joven ambientalista en Guatemala, aumentó las preocupaciones sobre las amenazas que los defensores ambientalistas enfrentan y el fracaso del Estado en otorgar protección a organizaciones que se encuentran bajo amenaza.
Barrios fue asesinado a balazos en la ciudad de Guatemala el 12 de noviembre. Su asesinato es, en muchos aspectos, una mala señal para Guatemala, país que encabeza la lista de los diez primeros países vulnerables al cambio climático, donde la edad promedio de la población es de 22 años y donde al menos 10 activistas ambientales – la mayoría indígenas – fueron asesinados en el 2015.
Barrios trabajaba para CALAS, una organización de acción legal, ambiental y social. El joven estuvo comprometido con la justicia social desde temprana edad. Era el vocero de una escuela secundaria, donde constantemente abogaba por una mejor educación pública.
Esta no es la primera vez que CALAS es objeto de amenazas. De hecho, uno de los superiores de Barrios y miembro del centro, Yuri Melini, ha sido objeto de numerosas amenazas de muerte a través de los años e incluso en una ocasión le dispararon en un intento de silenciarlo. Yuri Melini es conocido dentro y fuera de Guatemala como un defensor de los derechos humanos e indígenas. El director de CALAS, Rafael Maldonado, también recibió amenazas a través de medios sociales. Así lo explicó el Historial de Casos de Front Line Defenders cuando ocurrieron las amenazas:
The human rights defender was in the offices of CALAS on 29 July 2015 when an unknown gunman riding a motorcycle fired a number of shots outside. He also received a previous death threat in May 2015 when an unknown woman approached him at a bank and said “Soon you are going to pay for the work you are doing. You will see what will happen as a result of the work you are doing against the mining company, you are causing a lot of damage and so they will kill you”…
El defensor por los derechos humanos se encontraba en las oficinas de CALAS el 29 de julio del 2015 cuando un atacante desconocido en moto disparó varios tiros fuera del lugar. Además, recibió una amenaza de muerte previamente en mayo del 2015 cuando una mujer desconocida se le acercó en un banco y le dijo «Pronto vas a pagar por el trabajo que estás haciendo. Pronto verás lo que ocurre como resultado a lo que estás haciendo en contra de la empresa minera, estás causando mucho daño y por eso te van a matar»…
En un informe reciente, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, explicó lo difícil que es luchar por el medio ambiente en la región Centroamericana:
Defending human rights is one of the most dangerous professions in Latin America but daring to protect vital natural resources takes these risky jobs to a whole new, potentially lethal level.
La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal.
Una amenaza para la juventud
Los activistas y defensores medioambientales se encuentran bajo una amenaza constante en todo el continente. Amenazas y violaciones al derecho a manifestarse se han puesto de moda desde Canadá hasta la Patagonia. Rara vez se consigue justicia y produce un efecto amedrentador que por lo general lleva a más muertes. En casos como el de la organización de Berta Cáceres, COPINH en Honduras, consiguieron asesinar a todos sus líderes.
The Justice and Corporate Accountability Project’s report, The ‘Canada Brand’: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, was released on October 24, 2016 and looked at incidents of violence and criminalization in connection with twenty-eight Canadian companies in thirteen countries in Latin America from 2000 to 2015. It found that at least 44 people have been killed during this time, 30 of which were targeted killings, while more than 400 people were injured, not including work-related injuries. They also found that over 700 people were legally persecuted during this period, including arrests and detentions, for their work in defense of their territories, livelihoods, health and environment.
El informe de Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, The ‘Canada Brand’: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, fue publicado el 24 de octubre del 2016 y en el se revisan incidentes de violencia y criminalización en relación con veintiocho empresas canadienses en trece países de Latinoamérica desde el 2000 al 2015. En el se descubre que al menos 44 personas fueron asesinadas durante este tiempo, 30 fueron asesinatos selectivos, mientras que más de 400 personas resultaron heridas, esto sin incluir accidentes laborales. También se muestra que más de 700 personas fueron acosadas legalmente durante este período, incluyendo arrestos y detenciones, por su trabajo en la defensa de sus terrenos, sustentos, salud y medioambiente.
Mientras el país lucha por responsabilizar los crímenes del pasado y participa en procesos contra la impunidad, se espera que, con el apoyo de la Comunidad Internacional, Guatemala también pueda proteger a líderes y defensores de los derechos humanos por el bien de su propio futuro.