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Matías Campiani y compañía, encarcelados por vaciamiento de aerolínea uruguaya PLUNA

Desde la Nochebuena se encuentran en la cárcel del Campanero, en las afueras de Minas, departamento de Lavalleja, Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, enjuiciados con prisión por el delito de estafa continuada especialmente agravado.

Los procesados habrían llegado ante la Justicia por una denuncia de legisladores del Partido Nacional, donde se cuestionaba su gestión al frente de PLUNA S.A., aerolínea de la cual habían adquirido el control mayoritario con el 75% de la acciones, frente al 25% que quedaron en manos de PLUNA Ente Autónomo, cuyos directivos oficiaban de contralor, a partir de un acuerdo firmado el 12 de febrero de 2007, tal como lo reseña el auto de procesamiento.

Tanto Matías Campiani como sus socios Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch ingresaron a Pluna SA a través del grupo Leadgate Investment Corporation y habrían aportado un capital inicial de 15.000.000 de dólares, de los cuales 1.500.000 provendrían del propio grupo y el resto de inversionistas privados desconocidos. Tampoco se habría podido comprobar si dicho fondo habría llegado a la empresa.

Los acusados comenzaron a actuar conjuntamente en el año 2004, pero no constituyeron una empresa hasta el 28 de diciembre de 2006, cuando ya estaban avanzadas las negociaciones con el Estado para la adquisición de las acciones de PLUNA SA. Los mismos ocuparon cargos de: Gerente General (Matías Campiani), Gerente de Operaciones (Arturo Álvarez Demalde) y Gerente Financiero (Sebastián Hirsch), con sueldos de 17.000 dólares cada uno, más un bono por buena gestión que se votaron en 2011 y que correspondió a la suma de 38.000 dólares para cada uno.

Entre las maniobras del grupo se incluye la creación de empresas dudosas con nombres que se repiten para generar confusión, como la Eastern Jets America (empresa creada para la compra de los aviones Bombardier), además de la Eastern Jets 1 (sin actividad) y la Eastern Jets 2 y Aerovip en Buenos Aires.

La venta de parte del patrimonio de la empresa, un motor de avión, repuestos y los inmuebles en Río de Janeiro, Buenos Aires y Chile, fue otro recurso para obtener ganancias que no se volcaron a la empresa, como referencia La Aviación.

En la búsqueda de vender la empresa a terceros para obtener ganancias, se iniciaron tratativas con la empresa brasilera TRIPS para vuelos domésticos, las cuales no fructificaron y de las que no se dio cuenta a los directores de PLUNA Ente Autónomo.

Las maniobras incluían la emisión de cheques sin fondo y refinanciaciones de la deuda de la empresa con ANCAP, por la provisión de combustible para las operaciones.

También se gestionaron préstamos por 30 millones de dólares, garantizados con la venta de pasajes en Uruguay, Argentina y Brasil.

La jueza Adriana de los Santos sostuvo que “desde el inicio en el año 2007 fue una cadena de irregularidades, omisiones y estratagemas artificiosas en beneficio propio y en perjuicio del Estado uruguayo y la sociedad en su conjunto”, según cita Subrayado.

La jueza elevó a la Suprema Corte de Justicia en pieza separada el caso contra el ex ministro de economía Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, por abuso innominado de funciones, atento a la excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa. Ambos jerarcas son acusados de haber participado en la aprobación irregular de un aval bancario a la aeronáutica Cosmo, empresa que compró los aviones de la ex Pluna y luego se declaró insolvente.

El 21 de diciembre de 2013 El País reportaba por Twitter:

En otros medios de prensa se cuestiona la gestión de la aerolínea y se critica al gobierno, como lo referencia en La Gaceta el artículo: “Matías Campanil y sus socios ya están en la cárcel por quiebre de Pluna”.

Las redes sociales se vieron inundadas por las opiniones de los usuarios. En Twitter se leía la opinión del consultor Ricardo Laurenz (@RicardoLaurenz):

Por su parte, el periodista Oscar Amaral (@ofagarcia) opinaba con el hashtag #plunagate:

Así mismo, el abogado Graziano Pascale (@grazianopascale) cuestionaba el paradero del dinero desviado:

 

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