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La criminalización de las radios comunitarias en México alcanza a las radios indígenas de Oaxaca

Radios Comunitarias

Las radios comunitarias “ofrecen a la población la oportunidad de crear una imagen de sí misma y el ambiente que la rodea, independientemente de fuentes externas, para así construir un relato propio de la comunidad y de su cultura.” Imagen de Libertad-Expresión.org.mx, publicada por la revista Voces Étnicas, un espacio dedicado a la recuperación visual y textual de las tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas de México.

La expresión de los pueblos indígenas a través de la operación de sus propios medios de comunicación, una vez más, ha sido limitada por parte del gobierno mexicano.

En esta ocasión, autoridades federales procedieron en contra de cuatro radios comunitarias ubicadas en el Istmo de Tehuántepec, la cual es una región oaxaqueña en donde las radios comunitarias juegan un papel fundamental, entre otras cosas, porque gracias a ellas las comunidades indígenas tienen acceso a información en sus propias lenguas y en un formato oral, lo cual es fundamental para zonas rurales en donde los índices de analfabetismo continúan siendo significativos. Asimismo, debido a que no requieren grandes costos de instalación ni operación, facilitan la participación comunitaria en asuntos de interés colectivo, a la vez que promueven la identidad cultural de los pueblos. De esta manera, las radios comunitarias cumplen con un rol social y político de gran trascendencia en ésta y otras regiones rurales de México. Tal como se lee en un pronunciamiento publicado por Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, en 2013:

Ante la invasión de empresas trasnacionales que sufrimos los pueblos indios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, las radios comunitarias han sido un medio de información fundamental en la defensa de los territorios, ello ha provocado que las empresas eólicas y sus complices los caciques locales y los funcionarios de gobierno hayan venido desarrollando en los últimos meses una agresiva campaña represiva que busca acallar esta voz.

Actualmente, esta estrategia pareciera obedecer también a intereses políticos vinculados al periodo electoral que está en puerta. Así lo ve el medio La verdad del Istmo, la voz ciudadana:

[La intención es que las radios comunitarias] no den a conocer la situación crítica y precaria que se vive en la Regional del Istmo de Tehuantepec, como la malversación de fondos, lavado de dinero, ejecuciones, levantones, asaltos a mano armada y delincuencia organizada, favoreciendo al gobierno federal.

Lo anterior cobra particular relevancia en un contexto comunicacional como el de México, en donde debido a la gran concentración mediática de la que gozan consorcios como Televisa y TV Azteca, existen pocos medios autónomos e independientes y, en consecuencia, la diversidad y pluralidad informativa es limitada. De esta manera, los medios tradicionales como la radio y la televisión, en su mayoría, operan bajo un esquema de tipo comercial, siguiendo la línea editorial impuesta por las grandes empresas de medios en el país, que, en no pocas ocasiones, han sido vinculadas con estrategias políticas que favorecen al gobierno en turno.

Así, en un operativo realizado por la Procuraduría General de la República, el pasado miércoles 20 de mayo, fueron desmanteladas tres radios indígenas que operaban en Salina Cruz, a saber: La Explosiva 93.7 FM, Stéreo 99.9 FM y La Joya 106.1 FM, y una más en Santo Domingo Tehuantepec, La Joya 107.5 FM.

Durante el operativo, los agentes federales decomisaron los equipos de transmisión de las radios, además de detener a Edwin Meneses, titular de un noticiero y reportero del semanario BMM Noticias  y a Samuel López, locutor de la estación de radio Tehuantepec, acusados  de hacer uso ilegal del espectro radioeléctrico, tal como lo reportó el periódico Regeneración.

Ambos colaboradores fueron liberados el jueves 21 de mayo, una vez que pagaron una fianza de 70 mil pesos cada uno, sin embargo, su proceso aún no concluye. De acuerdo con el medio de comunicación Página 3:

Edwin Meneses y el locutor Samuel López estuvieron resguardados en las instalaciones de la PGR durante aproximadamente doce horas y fue tras el pago de la fianza que los dejaron en libertad; sin embargo, ahora tendrán que seguir el proceso administrativo judicial en la Ciudad de México por ser un delito de índole federal.

En entrevista con Edwin Meneses, resaltó que fue una experiencia “horrible” la que vivió durante ese tiempo que fue detenido, porque al ser detenido no le permitieron realizar ninguna llamada telefónica a nadie, mucho menos a sus familiares o algún abogado que lo auxiliara.

Respecto a su detención, el propio Edwin Meneses relató lo siguiente:

Los elementos de la PGR llegaron armados y con un barrote quisieron abrir la puerta, en ese momento salí y se identificaron, dijeron que venían por todo el equipo, se llevaron todo y de ahí me dijeron que también me llevarían en calidad de detenido, querían esposarme como un delincuente, pero no quise y me defendí, me dijeron groserías, realmente fue una experiencia horrible que no se lo deseo a nadie.

Tal como se lee en un comunicado de la Radio Comunitaria Ayuujk, tan sólo en septiembre de 2014 cuatro radios comunitarias más del puerto de Salina Cruz y dos en la Ciudad de Tehuantepec fueron desmanteladas y, en noviembre del mismo año, elementos de la policía federal decomisaron equipos de las radios comunitarias Órbita digital, Radio Bola lari y Estéreo Ranchu Gubiña. Ante esto, integrantes del frente Organización Istmeña de Radios Comunitarias (OIRC) señalaron:

Nosotros no somos delincuentes ni extorsionadores, nos dedicamos a informar diversos programas radiofónicos de forma local y regional, pero sabemos que hay intereses económicos de dueños que han monopolizado en este ramo que no les ha gustado que les quitemos sus ganancias y ellos son los que no quitan el dedo del renglón, sin embargo, les decimos que estamos en resistencia social, porque no nos callarán las voces.

El representante de la OIRC, Rafael Chiñas Terán, lamentó los hechos recientes e hizo un llamado al gobierno federal a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), para detener los operativos para desmantelar las radios comunitarias que operan en la región.

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