Del desprestigio a la censura: cuando el poder ataca a la prensa de América Latina
Ilustración hecha por Connectas. Usada con permiso.
Este artículo fue escrito por Suhelis Tejero y publicado en CONNECTAS el 17 de marzo de 2024. Una versión editada es republicada en Global Voices bajo un convenio entre los medios.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó hace unos días el cierre de la agencia estatal de noticias Télam, una medida que parece el punto de partida para desmantelar la red pública de medios en Argentina, a la que ya tiene intervenida.
En México, al otro extremo de la subregión, las filtraciones de datos personales de los periodistas han estado en el tapete durante este año. En enero, un aparente hackeo al sistema informático del Gobierno reveló los datos personales de más de 300 comunicadores que cubren “La Mañanera”, la conferencia de prensa diaria que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a los medios RCN y Caracol de “embrutecer a la sociedad” y de querer desprestigiarlo.
La estrategia de descrédito desde el poder no es nueva ni exclusiva de Argentina, Colombia y México. Otros países, como Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y, más recientemente, Bolivia y El Salvador, reflejan cómo el poder político puede golpear a los medios por diferentes vías hasta hacerlos desaparecer.
El índice de libertad de prensa que cada año presenta la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) muestra que la subregión, lejos de mejorar sus niveles de libertades y protección al periodismo, todavía enfrenta graves problemas. El reporte de 2023 indica que prácticamente en toda América Latina se presentan situaciones que van desde trabas sencillas hasta amenazas realmente serias. Apenas cuatro países registraban niveles satisfactorios de libertad de prensa en América Latina y, curiosamente, uno de ellos era Argentina.
Venezuela ocupa el puesto #159 del Ranking 2023 de la clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras –que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países, y donde 1 es el mejor evaluado y 180 el peor– pic.twitter.com/qNheUbD2P5
— Jonathan Gutiérrez (@jon_gut) May 3, 2023
Justamente, apenas Milei anunció el cierre de Télam, Reporteros sin Fronteras no perdió tiempo para advertir que el desmantelamiento de los medios públicos supone un riesgo real para el pluralismo en Argentina.
El pasado viernes 1 de marzo, el presidente argentino Javier Milei anunció el cierre de la agencia de noticias estatal #Télam. Desde entonces, los más de 700 trabajadores de la empresa se movilizan para defenderla y evitar su clausurahttps://t.co/dBq2NwfLwK
— FRANCE 24 Español (@France24_es) March 12, 2024
Pero si en Argentina llueve, en México hay una tormenta. Allí los ataques y las filtraciones oficiales toman una connotación todavía más grave, pues ya de por sí es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con un saldo de 163 periodistas asesinados y 32 desapariciones entre los años 2000 y 2023, de acuerdo con Artículo 19, la organización internacional de defensa de la libertad de expresión. El control territorial que ejerce el narcotráfico en varias regiones, además de su infiltración en las estructuras públicas, ha provocado que los crímenes contra los trabajadores de la prensa queden impunes. Por eso, las campañas de desprestigio contra la prensa desde la presidencia mexicana ponen todavía más presión a una situación bien complicada.
Al respecto Pedro Cárdenas, oficial de Protección y Defensa de Artículo 19 México, dijo que han observado que los gobiernos abusan de la tribuna pública para estigmatizar a los periodistas críticos a quienes catalogan como adversarios o enemigos, lo que contribuye al clima de violencia.
📣 En 2023 registramos 561 agresiones contra la prensa, lo que significa que, en promedio, se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación.
🗣️ Aquí se presenta una revisión de los datos de violencia en 2023. https://t.co/aqJeoRZUw4
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) February 28, 2024
Aseguró que, por eso, en los últimos años el promedio de violencia se ha mantenido porque los gobiernos no han generado políticas públicas integrales para prevenir la violencia contra la prensa y proteger a los periodistas.
El estado de la censura
Otros países de la región como Cuba, Nicaragua y Venezuela llevan mucho más camino recorrido en agresiones y violaciones a las libertades de expresión y de prensa. Esos gobiernos autoritarios suelen blindarse legalmente contra el periodismo porque permite la persecución judicial.
A mediados del año pasado, el de Cuba logró reforzar más de 60 años de andamiaje jurídico contra la prensa con la Ley de Comunicación Social, que entrega al Gobierno poderes aún más amplios que los ya existentes para controlar o cerrar medios independientes.
En Venezuela, el antiguo presidente Hugo Chávez acusaba insistentemente a los medios de haberse aliado con los opositores y de ser enemigos de su revolución. En 2001, la Ley de Contenidos, luego convertida en Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), sirvió como la base legal para justificar el cierre de medios.
Con decisiones administrativas emitidas por los reguladores de telecomunicaciones, el gobierno de Chávez cerró decenas de canales televisivos y de emisoras radiales, incluyendo la televisora RCTV, en 2007. Desde 2003 han dejado de operar casi 300 radioemisoras por órdenes del chavismo.
Hoy en el #DíaMundialDeLaRadio, a más de cien años de la creación de este medio, desde la Plataforma Unitaria Democrática llamamos la atención a la crisis que vive la radio venezolana con cierres y amenazas constantes por parte del régimen de Nicolás Maduro y las instituciones… pic.twitter.com/fnGBpbZbNP
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) February 13, 2024
Y el actual presidente Nicolás Maduro no ha bajado el tono: grupos cercanos al chavismo han comprado medios independientes, mientras el gobierno bloquea medios digitales y canales de televisión extranjeros.
En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega también ha desplegado un discurso de odio contra la prensa que ha incluido detenciones, destierros y exilios forzados, así como censura, cierres de medios y confiscaciones. Desde 2018, cuando estallaron las protestas que radicalizaron al Gobierno, se han contabilizado unas 1.200 agresiones contra la prensa.
Bolivia, desde las sucesivas presidencias de Evo Morales, también ha vivido una campaña de desprestigio contra los medios. Las tácticas oficiales han ido desde proferir insultos hasta reducir la pauta publicitaria estatal como mecanismo de presión política. Incluso el Gobierno produjo un documental titulado “El Cartel de la Mentira”, como llaman a los medios desde el poder. A mediados del año pasado, el periódico Página Siete debió cerrar sus operaciones luego de que un corte de la publicidad estatal provocó una fuerte estrechez económica.
#P7Informa
La redacción de #PáginaSiete se despide de sus lectores tras 13 años de trabajo. Solo queda agradecerles por permitirnos ser parte de su día a día. Se cierra esta etapa, pero el periodismo independiente no se frena. pic.twitter.com/mDsNkdCjFq— Página Siete (@pagina_siete) June 29, 2023
En el Salvador, el presidente Nayib Bukele ha ultrajado a periodistas y ha señalado a los medios de ser sus enemigos por los reportajes críticos que han publicado sobre los acuerdos de su gobierno con las pandillas. Como medida concreta, aprobó una reforma del Código Penal que establece penas de prisión de hasta 15 años para periodistas que publiquen información producida por pandillas y que pueda generar pánico o zozobra a la población.
Lo grave de las campañas de descrédito no solo es que provocan una merma de las libertades, sino también un enfrentamiento continuo entre el poder y los medios, que lleva a una menor convivencia social. Porque sin periodismo libre no puede haber siquiera un remedo de democracia.
