¿Ve todos esos idiomas arriba? Traducimos las historias de Global Voices para que los medios ciudadanos del mundo estén disponibles para todos.

Entérate más sobre Traducciones Lingua  »

Brasil: Proyecto de ley de cibercrimen podría convertir a los sitios de medios sociales en “agentes permanentes de vigilancia”

A screen shows the vote tally as activists cheer for the bill from the upper level of the Chamber. March 2014. Photo shared by Carolina Rossini via Twitter.

Una pantalla muestra el conteo de votos mientras un grupo de activistas aclaman la propuesta desde las gradas superiores de la Cámara. Marzo de 2014. Fotografía compartida por Carolina Rossini vía Twitter.

El congreso brasileño está considerando una propuesta legislativa que podría perjudicar gravemente la libertad de expresión en el país. Las enmiendas hechas al borrador como resultado de un informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Cibercrimen (CPI dos Crimes Cibernéticos), han despertado la crítica general por parte de los defensores de los derechos digitales.

Brasil atrajo la atención internacional en el área de los derechos digitales luego de aprobar el Marco Civil, una ‘declaración de derechos’ para Internet que explícitamente resguarda el derecho a la libre expresión en la Web y garantiza la neutralidad de red y la protección de datos. La propuesta fue desarrollada por expertos en derecho tecnológico a través de un proceso de consulta abierta con la sociedad civil, un enfoque novedoso en Brasil y a nivel mundial. Aunque fue aprobado en 2014, en lo que muchos vieron como parte de una respuesta política a las revelaciones de Snowden, desde entonces ha sufrido varios intentos de alteración, siendo ésta es la más importante hasta ahora.

El informe propone enmiendas al Marco Civil que exigirían que los sitios web y redes sociales quiten de la red los contenidos difamatorios  –es decir, aquellas publicaciones que “dañen el honor personal”– en las 48 horas siguientes a la notificación de un demandante o una persona afectada por dicho contenido. En caso de no acceder a la solicitud, los sitios web podrían enfrentar sanciones civiles, y en algunos casos, criminales. Las enmiendas también estipulan que los sitios y las redes sociales deben monitorear la actividad de sus usuarios para evitar que dichos contenidos sean replicados a través de Internet, tarea que es casi imposible.

Actualmente, el Marco Civil sólo castiga a los sitios si no quitan imágenes o videos íntimos no consentidos. Para todo lo demás, los demandantes deben enviar una orden judicial a la compañía para que ésta elimine la información sensible de su sitio web.

Además, esta enmienda en particular se desvía de varias legislaciones anti difamación en América del Sur, por cuanto ofrece el mismo nivel de protección contra la difamación tanto a entes privados como a figuras públicas. En una declaración conjunta de 50 organizaciones de derechos digitales brasileñas e internacionales, los firmantes señalan que este cambio tendría “efectos espeluznantes” sobre la libertad de expresión:

This proposal is ambiguous and may allow individuals, potential victims, and their legal representatives to request content takedown[s] directly to the platforms.

Esta propuesta es ambigua y puede permitir que individuos, víctimas potenciales y sus representantes legales soliciten la eliminación de contenido directamente a las plataformas.

Una petición lanzada por el Instituto de Tecnología y Sociedad de Rio, un grupo de derechos digitales, que cuenta con más de 10.000 firmas, declara:

Se alguém falar mal de um político em uma rede social, a rede social será obrigada a remover o conteúdo em no máximo 48 horas. Se não remover, a empresa será co-responsabilizada por aquele conteúdo e terá de indenizar o político ofendido. Em outras palavras, as redes sociais se tornarão agentes de vigilância e censura permanentes dos seus usuários.

Si alguien habla mal de un político en una red social, ésta será obligada a eliminar el contenido en un máximo de 48 horas. Si no lo hace, la empresa será co-responsable de dicho contenido y deberá indemnizar al político ofendido. En otras palabras, las redes sociales se convertirán en agentes de vigilancia y censura permanente de sus usuarios.

Otra enmienda podría permitir a los tribunales demandar a los ISP para que bloqueen el acceso a aplicaciones involucradas en investigaciones criminales.

El investigador Sergio Amadeu Oliveira ha señalado:

Esse procedimento permitirá que um juiz, por exemplo, mande proibir o acesso às redes P2P (peer-to-peer) ou coibir o acesso às novas tecnologias e implantar um obscurantismo digital inaceitável para um país que pretende avançar na era informacional.

Este procedimiento permitirá que un juez, por ejemplo, ordene prohibir el acceso a las redes P2P (peer-to-peer) u obstaculizar el acceso a las nuevas tecnologías e instaurar un oscurantismo digital inaceptable para un país que pretende avanzar a una era informacional.

Una tercera propuesta de modificación al Marco Civil exigiría a los ISP y proveedores de aplicaciones revelar las direcciones de IP de sus usuarios a la policía sin orden judicial. Actualmente, la ley brasileña permite a la policía el acceso sin orden judicial al domicilio personal de un usuario y a los nombres de sus padres. La modificación propuesta incluiría la dirección de IP dentro de esos datos. El Marco Civil es explícito en que las direcciones de IP sólo pueden ser exigidas bajo la orden de un tribunal.

La propuesta también recomienda ampliar la figura criminal de “invasión” o acceso no autorizado a dispositivos electrónicos, de modo tal que cualquier invasión, sin importar el motivo, sería considerada un delito. La ley brasileña actual considera esto un delito sólo si se prueba que la intención es destruir información sin la autorización del propietario del dispositivo.

Finalmente, otra recomendación propone que cualquier delito cometido en Internet pueda ser investigado por la Policía Federal de Brasil, en vez de la policía de la jurisdicción de la víctima. Hoy, sólo los delitos cibernéticos relacionados con pornografía infantil y discriminación racial están bajo la jurisdicción de la Policía Federal.

El autor del informe, el diputado federal Espiridião Amin del conservador Partido Progresista, dice que “es preciso hallar una solución que equilibre libertad, innovación, libre empresa y seguridad. Es inaceptable que las pandillas utilicen estas aplicaciones para cometer delitos y que las autoridades no tengan acceso a estos sistemas”.

El informe será sometido a una votación final en la comisión el 12 de abril. Si se aprueba, los proyectos de ley serán discutidos en la Cámara Baja brasileña.

Inicie la conversación

Autores, por favor Conectarse »

Guías

  • Por favor trate a los demás con respeto. Comentarios conteniendo ofensas, obscenidades y ataque personales no serán aprobados.