Población transgénero en El Salvador lucha para tener el acceso al voto

Foto de Paula Rosales de una marcha contra la transfobia en El Salvador en 2019, usada con permiso.

El 28 de febrero, El Salvador tendrá elecciones municipales, legislativas y regionales, y aunque exista un marco legal que garantiza el acceso al voto para todo ciudadano y ciudadana en El Salvador, la discriminación sigue sucediendo para las personas transgénero y no binarias. Para cambiar esto, formo parte de las 14 personas LGBTQI contratadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador. Superamos la discriminación y trabajamos para que las personas trans, no binarias y no hetero-normadas puedan votar en El Salvador a través de capacitaciones en centros electorales.

La traba mayor es que, en El Salvador, no se cuenta aún con una Ley de Identidad de Género que permita a las personas transgénero hacer el cambio de nombre y género en su documento; esto obstaculiza el acceso a tantos derechos como el de la educación, salud, trabajo, al voto, y otros.

Por ejemplo, la tarjeta de identidad, llamada Documento Único de Identidad (DUI) en El Salvador, puede expresar un nombre y género distinto a la expresión de género de la persona que lo porta y eso ha sido excusa para denegar el acceso al voto. Miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV), quienes son encargados y autoridades del proceso electoral, han negado en elecciones anteriores el acceso al voto a personas transgénero en base de este argumento que no es legalmente justificado.

La identidad de género de una persona, ni son requisitos, ni son razones para inhabilitar a una persona para poder votar, pues así lo expresan los artículos 7 y 9 del Código Electoral.

En la imagen, el autor Carlos Lara habla de acceso al voto de la población LGBTQI, en centro de capacitación de Jiquilisco, Usulután. Foto de Raul Benitez, periodista, usada con permiso.

El trasfondo de toda esta discriminación es la religión; pues ha habido miembros de JRV que han expresado cosas a compañeres como: “Dios odia a los homosexuales”, “Hombre y mujer los creó” e incluso : “Y a ustedes, maricones, ¿Quién les ha dicho que tienen derechos?”. La Biblia no es parte de las leyes de este país, por lo tanto queda totalmente descartado de cualquier excusa de este tipo que se quiera presentar en contra del acceso al voto de la población LGBTQI.

Pero las actitudes homofóbicas y transfóbicas comienzan desde que una persona LGBTQI, principalmente personas trans, hombres gays “femeninos” y lesbianas “masculinas”, entran al centro de votación. Reciben risas, silbidos, abucheos, sonidos despectivos, insultos; les han lanzado bolsas con agua, frutas y verduras podridas, sin que nadie haga algo en contra de ello. En 2014, en las una compañera transgénero, Stacy Araujo, fue agredida físicamente por parte de miembros de la mesa, siendo ella la presidenta de dicha JRV un centro de votación.

En 2014, Camila Portillo, una mujer trans asistió a votar en San Marcos; sin embargo el secretario de la JRV no le dió la papeleta hasta que ella alertó a las organizaciones trans, y que estas alertaron a los observadores internacionales, que Camila consiguió votar.

En El Salvador, la población trans frecuentemente sufre de ataques transfóbicos violentos. “Al menos 20 mujeres trans –con edades de 16 a 32 años- fueron asesinadas en el país centroamericano entre el 2017 y 2019,” reporta DW.

Mujer trans ejerciendo su derecho al voto en centro de votación en San Salvador. Foto de Raul Benitez, periodista, usada con permiso.

A pesar de que aún exista resistencia por buen parte de la población, las organizaciones LGBTQI crearon las condiciones con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar el acceso al voto de la población LGBTQI. Meses previos a elecciones legislativas y municipales de 2018, el TSE contrató a dos mujeres trans y dos hombres gay para capacitar a miembros de JRV. En las elecciones de 2019, este número de cuatro capacitadores asciende a 14. Para las elecciones que se avecinan el 28 de febrero de 2021, el equipo de 14 personas se mantiene, al cual yo me sumé, y nos esforzamos por llegar a centros de capacitación en municipios a través de todo el país.

Hombre trans facilitador del Tribunal Supremo Electoral habla del acceso al voto de la población LGBTQI en un centro de capacitación en Cuscatlán. Foto del autor.

Algunas recomendaciones que damos son, por ejemplo, que ningún miembro de JRV debe exigir a una persona transgénero a que regrese con vestimenta acorde al género expresado en su DUI. Esto es una falta de respeto y además, un delito, pues nadie debe obstaculizar el acceso al voto de otra persona según el artículo 295 del Código Penal salvadoreño.

También se tiene que verificar si la persona se encuentra dentro del padrón electoral y si los rasgos coinciden con la fotografía del DUI (el maquillaje no modifica los rasgos faciales; también se evalua que el ingreso per cápita promedio de una persona trans en El Salvador es insuficiente, por discriminación laboral, para realizarse cirugías faciales). Las capacitationes inculcan tratar a las personas trans según su expresión de género, con respeto y evitar mencionar su nombre según DUI.

Todo este trabajo se respalda en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 1, 2, 7); artículo 3 de la Constitución de la República, y el Código Electoral salvadoreño que garantizan que todas las personas somos iguales y que todos tenemos el derecho y deber de votar (art. 3, 4, 7, 9).

La prensa entrevistando a un miembro trans del colectivo LGBTQI. Foto de Raul Benitez, periodista, usada con permiso.

Pero a pesar de que el acceso al voto es un derecho ciudadano de toda persona salvadoreña y que el Tribunal Supremo Electoral contrató a personas LGBT para apoyar el acceso al voto de esta población, ha habido resistencia por parte de los miembros de JRV y población. A veces nos cuesta que nos den el espacio para dar la capacitación. Pero seguimos trabajando, moviendonos a la mayor cantidad de centros de capacitación posibles en todo El Salvador, pues la discriminación no ha terminado, está latente.

Nuestro labor es para que toda la población LGBTQI salvadoreña pueda votar, con orgullo; yendo acompañados, cuidándonos entre nosotres. ¡Qué viva la diversidad!

En la imagen, el autor, Carlos Lara, facilitador del Tribunal Supremo Electoral antes de su intervención al grupo, en Usulután. Foto de Raul Benitez, periodista, usada con permiso.

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