Composición fotográfica hecha por Confidencial. De izquierda a derecha: Marcos Fletes, Walter Gomez, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro, Violeta Granera, Jose Adan Aguerri, Jose Pallais, Tamara Davila, Ana Margarita Vigil, Dora Maria Tellez, Suyen Barahona, Hugo Torres, Victor Hugo Tinoco, Luis Alberto Rivas Anduray.

Nicaragua continúa sumiéndose en la autocracia, mientras que el Gobierno detiene y hace desaparecer, uno por uno, a figuras opositoras antes de las elecciones previstas por el 7 de noviembre.

Dieciocho contrincantes han sido detenidos en cuestión de semanas, cuatro eran potenciales candidatos presidenciales.

Al 21 de junio, no se sabía el paradero de los 12 detenidos. Los funcionarios gubernamentales no han difundido ninguna foto de ellos con el uniforme de prisión, como han hecho con anteriores presos políticos. Los familiares de los detenidos exigen pruebas de vida.

Para muchos, la persecución de los opositores deja claro que el presidente Daniel Ortega, líder del partido guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), no está dispuesto a enfrentarse a elecciones presidenciales libres este noviembre.

La mayoría de los líderes de la oposición están acusados en virtud de la «Ley de Soberanía», que los acusa de cometer actos que atentan contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país, y de incitar a la injerencia extranjera. Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama, ha calificado a los opositores de «líderes del golpe», y los describió como delincuentes, matones y terroristas vinculados al crimen organizado.

Esta ronda de detenciones comenzó a principios de junio, y desde entonces no ha cesado.

El 2 de junio, la Policía allanó el domicilio de la potencial candidata presidencial Cristiana Chamorro, bajo cargos de lavado de dinero relacionados con su trabajo con la Fundación Violeta Barrios, organización filantrópica que lleva el nombre de la madre de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las urnas para ganar la presidencia en 1990. La detención se produjo un día después de que el tribunal electoral de Nicaragua le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales a través del grupo opositor Alianza Ciudadana por la Libertad (CxL). Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras las autoridades siguen investigando las irregularidades financieras relacionadas con la fundación.

Tres días después de la detención de Chamorro, las fuerzas de policía detuvieron a otro candidato potencial, Arturo Cruz, exembajador de Nicaragua en Estados Unidos y Canadá. Había inscrito su candidatura presidencial a través de CxL.

Cruz se convirtió en el primer candidato imputado por la Ley de Soberanía. Según su familia y amigos, actualmente se encuentra en prisión.

Captura de pantalla de la CNN. De izquierda a derecha: (Felix Maradiaga, Cristiana Chamorro, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz).

El 8 de junio marcó la «noche de los cuchillos largos», como la describió la escritora nicaragüense Gioconda Belli, refiriéndose a la noche en que Adolf Hitler ordenó matar a 86 miembros políticos para consolidar su poder.

Esa noche, la administración hipercentralizada de Ortega detuvo a cuatro líderes de la oposición, dos se preparaba a participar en las elecciones, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Tras ese último, las fuerzas policiales detuvieron simultáneamente a Violeta Granera y Jose Adán Aguerri, exlíder de la mayor asociación empresarial del país. Al día siguiente, el abogado opositor Jose Pallais fue detenido en su casa.

Sin embargo, la cacería no cesó allí. El 12 de junio, la activista feminista Tamara Dávila fue capturada ante su hija de cuatro años.

A la mañana siguiente, el domingo 13 de junio, el régimen Ortega-Murillo persiguió a cuatro políticos del grupo de oposición Unamos, inlcuida la exlíder guerrillera Dora María Téllez y la tía de Tamara Dávila, la activista feminista Ana Margarita Vigil. Los familiares contaron con detalle como más de 60 policías antidisturbios derribaron sus puertas con las armas desenfundadas. Los golpearon antes de llevarlos a prisión. El general retirado Hugo Torres fue el siguiente en ser detenido.

Téllez y Torres son conocidos por haber liderado ataques durante la década de 1970 contra el exdictador de Nicaragua Anastasio Somoza, para liberar a los presos revolucionarios sandinistas, entre ellos un joven Ortega. Ahora son presos suyos.

Esa misma noche, otro disidente sandinista, Víctor Hugo Tinoco, fue secuestrado por civiles desconocidos.

Ahora, esos 13 opositores figuran en la lista de más de 120 presos políticos que han sido encarcelados desde las masivas protestas antigubernamentales de abril de 2018. El 21 de junio, un quinto candidato presidencial, Miguel Mora, fue detenido.

Para muchos, la eliminación de figuras públicas de oposición por parte de Ortega no es una sorpresa. Fue elegido en 2006 bajo la bandera del partido sandinista FSLN, con muchas esperanzas en el futuro de Nicaragua pero, con el paso de los años, reforzó su control sobre las instituciones democráticas del país. En el camino, nombró a amigos cercanos y familiares en altos cargos del gobierno y se aseguró la posibilidad de ser elegido de por vida al aprobar una reforma constitucional.

En 2018, los ciudadanos protestaron contra su gobierno, mientras fuerzas policiales y paramilitares mataban a unas 325 personas y encarcelaban a otras 602. Desde entonces, el Gobierno nicaragüense ha aprobado varias leyes que inhiben la libertad de asociación y de prensa. En abril de 2021, la Asamblea Nacional de Nicaragua nombró nuevos magistrados que favorecían los intereses del presidente Ortega. 

Alexander Gómez, miembro del grupo político de oposición Alianza Ciudadana por la Libertad (CxL), me dijo que el Gobierno sabe que la mayoría de la población quiere expulsarlo, lo que lo lleva a detener a sus contrincantes. Pese a ese clima tenso, Gómez sigue exigiendo reformas electorales que sean justas, transparentes y competitivas.

Para la joven activista Yunova Vargas, que forma parte de la Alianza Cívica de Nicaragua (ACN), la detención de los opositores la tomó por sorpresa. Me dijo:

Ortega Murillo creyeron que con las detenciones de 13 lideres opositores, nos iban a desmoralizar, que sepa que aquí hay un juventud comprometida y dispuesta al cambio de este país.

Entristecidos al ver el clima político hostil del país, nicaragüenses de todo el mundo organizaron manifestaciones para pedir la liberación de los presos políticos. La exiliada nicaragüense Karla Gago me dijo que siente impotencia al ver desde lejos como Ortega-Murillo persigue a sus amigos.

La comunidad internacional, ya familiarizada con los crímenes contra la humanidad de Ortega, reaccionó rápidamente: Estados Unidos exigió la liberación inmediata de los opositores. Julie Chung, funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, se refirió también a Ortega como dictador, y el Departamento del Tesoro aplicó más sanciones al círculo íntimo de Ortega. Parlamentarios europeos exigieron la suspensión de un acuerdo que supervisa alrededor de 380 millones de dólares en exportaciones cada año si el gobierno de Nicaragua no libera a los presos y permite elecciones transparentes.

El 15 de junio, la Organización de Estados Americanos condenó la represión y 500 académicos instaron al régimen de Ortega a cesar la represión, liberar a los presos políticos y permitir elecciones libres y justas en noviembre.

A pesar de la presión internacional que recibió el gobierno de Ortega, el régimen aún no ha liberado a ningún presos político. La noche de los cuchillos largos no ha terminado para los nicaragüenses.