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Este es un fragmento de un informe de Paula Martins, editora para las Américas del IFEX: «Lo que debes saber ahora: Tendencias en la libertad de expresión e información en Latinoamérica y el Caribe«. Global Voices reproduce esta versión editada.

Si bien Latinoamérica y el Caribe se están moviendo para enfrentar la pandemia del COVID-19, aunque lentamente, y están surgiendo perspectivas de una «vuelta a la normalidad», crisis económicas y políticas se están formando en el horizonte. En particular, la falta de confianza en los Gobiernos está provocando información equivocada sobre el COVID-19 en Latinoamérica, según la UNESCO.

En esta región se ha vito un descenso en su progreso histórico hacia reconocer el derecho a la información, a pesar de un importante nuevo tratado regional en la zona. La escasez de información creíble sobre problemas críticos, incluida la lucha contra el COVID-19, contrasta con la abundancia de desinformación y la información equivocada que han sumergido a la región, en relación a esta enfermedad y a su tratamiento, y también en relación a otros problemas políticos, en particular los procesos electorales. En particular, muchas campañas políticas han utilizado bots en la lucha por la opinión pública en los espacios digitales.

Este fue el caso en Venezuela. En diciembre de 2020, hubo una amplia difusión de desinformación referente a problemas electores y al proceso electoral, incluso por parte de órganos gubernamentales. Por ejemplo, el Consejo Electoral Nacional del país dijo a través de Twitter que las elecciones las estaban supervisando observadores internacionales, incluido de Estados Unidos, pero la misión de este país de la Organización de Estados Americanos (OEA) negó esta información.

En México, «noticias falsas» sobre candidatos, partidos e instituciones circularon en abundancia en las redes sociales antes de las elecciones. Según los investigadores, la falta de un debate político en profundidad abrió la puerta a la divulgación de desinformación sobre los candidatos y el proceso electoral. Los expertos descubrieron que las campañas de desinformación fueron complejas, ya que cuatro actores principales orquestaron las estrategias en las redes sociales: los «maestros de ceremonia», que presentan la narrativa; cuentas automatizadas (o bots), que la amplifican; «troles», que atacan a blancos específicos; y los «fans», gente común y corriente que crea las tendencias al replicar contenido de forma desconsiderada.

En las elecciones de Perú de junio, circuló desinformación en relación a los procesos electorales, en línea y fuera de línea; gran parte, tal como se ha visto en otros países, intentaba mermar la confianza en las autoridades electorales. Además de falta información, también se manipuló la información real por razones políticas. Por ejemplo, corrían noticias sobre listas de los registros de los votantes, indicaban que habían incluido nombres de fallecidos, pero omitían información sobre cuándo y qué proceso iban a seguir para arreglar y fcerrar las listas.

En respuesta a los problemas de integridad de la información de Perú, se creó una red peruana de verificación de la realidad en enero de 2021 para combatir la información falsa durante la campaña electoral. La iniciativa se llamó Ama Llulla (“no mientas” en quechua), y su objetivo era proporcionar traducciones de información contrastada en lenguas y eliminar las barreras que impedían la participación política de los grupos vulnerables.

La libertad de la prensa también se ha visto afectada, lo que ha impedido el acceso a información confiable. Mientras las protestas se reanudaban en toda la región por la insatisfacción con el desempeño de los Gobiernos para combatir la pandemia, además de problemas estructurales prolongados anteriores al COVID-19, la violencia de las fuerzas policiales contra los protestantes también se ha observado contra los medios que cubren estos acontecimientos. Según FLIP, durante su cobertura de las protestas se documentaron 257 ataques contra la prensa.

También abundó la desinformación durante las protestas, como durante las manifestaciones en Colombia. Fuentes locales informaron que cientos de videos, grabaciones de audio e imágenes sobre la huelga nacional en Colombia estaban circulando en línea, muchos con mentiras o información sacada de contexto, lo que impactaba significativamente en la narrativa sobre lo que realmente estaba pasando en las calles.

La violencia también se da en contextos fuera de las manifestaciones públicas. Cada vez más, discursos denigrantes y ataques verbales contra la prensa vienen de altos funcionarios públicos. Al menos cuatro periodistas han sido asesinados desde enero de 2021 en Latinoamérica.

Aunque la impunidad en los casos de violencia contra periodistas ha sido una característica consistente de la región, se ha visto algo de progreso en tres casos importantes relacionados con la violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos: Berta Cáceres (Honduras), Jineth Bedoya (Colombia), and Alex Silveira (Brasil). En una región conocida por la impunidad en casos similares, las buenas noticias se deben celebrar.