Ilustración de Naoko Okamoto & Jazmín Troche para El Surtidor

Este artículo fue escrito por Maximiliano Manzoni para el medio paraguayo El Surtidor, republicado en formato de extracto en Global Voices, bajo un convenio entre los medios.

Las agroexportadoras estadounidenses ADM y Cargill compran soja de empresas o productores relacionados en al menos siete casos de violaciones a derechos humanos a comunidades indígenas y campesinas en el este de Paraguay, según un nuevo informe de la organización de derechos humanos y ambientales Global Witness que recoge más de un año de investigación.

Global Witness pudo comprobar que la soja proveniente de casos de intoxicaciones con pesticidas, desalojos forzosos a pueblos indígenas e incluso muertes, termina mezclándose en silos de las agroexportadoras, principalmente ADM y Cargill, que trasladan la soja en barcazas hasta sus puertos en Argentina y Uruguay. De allí, el destino final de la soja son dos granjas en Europa: una de pollos en Inglaterra (2 Sisters) y otra de cerdos en Dinamarca (Danish Crown). Ambas abastecen con su carne a más de 26 marcas y supermercados europeos, entre los que se encuentran Carrefour, KFC y McDonald’s.

El negocio de intoxicar y desalojar comunidades para vender a Europa

ADM, por ejemplo, compra soja de una de las empresas denunciadas por realizar fumigaciones ilegales con agroquímicos, sin licencias ambientales y derramando pesticidas sobre cursos hídricos en la zona de Colonia Yerutí, departamento de Canindeyú, en la región oriental de Paraguay. Allí en 2011 falleció con síntomas de intoxicación por pesticidas Rubén Portillo y otras 22 personas de la comunidad terminaron hospitalizadas.

En la zona también sigue operando Cóndor Agrícola, la otra empresa denunciada por el caso, cuya impunidad terminó con un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Estado paraguayo en 2019. La comisión concluyó que el Estado había fallado en proteger el derecho a la vida de Portillo, su familia y toda la Colonia Yerutí, al no hacer cumplir las leyes relacionadas al uso de pesticidas ni investigar la muerte y las intoxicaciones. Fue el primer dictamen en el mundo en un caso relacionado a agroquímicos. En 2021 Paraguay recibió otro dictamen de la ONU en contra por un caso similar, el de la comunidad ava guaraní de Campo Agua’e también en Canindeyú.

Además de Yerutí y Campo Agua’e, Global Witness identificó 5 casos más donde, además de denuncias de uso ilegal de agroquímicos, existen conflictos por las tierras donde se planta la soja que venden las agroexportadoras.

Está Ka’a Poty, una comunidad indígena ava guaraní que sufrió dos desalojos forzosos en 2021, además de la destrucción de viviendas y su escuela. Debido a la violencia en medio de uno de los desalojos, una mujer embarazada de 8 meses perdió su bebé. Todo pese a tener título sobre sus tierras y una sentencia judicial a su favor. La comunidad se volvió conocida por vivir durante 8 meses en las calles de Asunción antes de lograr volver a sus tierras en junio de 2022. Las tensiones con los sojeros, sin embargo, prosiguieron, y en agosto miembros de la comunidad asaltaron una de las explotaciones agrarias ubicadas en las tierras que reclaman. Supuestamente amenazaron, golpearon y atacaron a los residentes, por lo cual están hoy imputados.

En medio del conflicto histórico, judicial y político, tanto Cargill como ADM compran soja de los productores que operan en las tierras reivindicadas por la comunidad Ka’a Poty.

Un negocio opaco

Global Witness pudo comprobar que la soja paraguaya de ADM y Cargill es comprada en Europa por al menos dos de las mayores granjas del continente. Una es 2 Sisters, una empresa inglesa de cría de pollos. La otra es Danish Crown, una empresa danesa de cría de cerdos. La organización confirmó que, entre ambas, abastecen a al menos 26 marcas, supermercados y minoristas en el continente europeo, entre las que se encuentran KFC, Lidl, Carrefour, Marks and Spencer y McDonald's.

Seguir la cadena de suministros de la soja es complejo. «Es una industria abrumadoramente opaca» señala Global Witness en su informe. La organización intentó contactar con todas las empresas involucradas en el informe anterior a su publicación, desde los productores sojeros en Paraguay hasta los compradores en Europa. La mayoría no quiso responder. De quienes respondieron, ninguno – excepto ADM – rechazó los hallazgos.

La opacidad en la propia cadena de suministro hace imposible trazar si la soja plantada en Yerutí termina específicamente a los pollos y cerdos de Danish Crown o 2 Sisters que proveen carne, por ejemplo, a McDonald’s. Pero es esa misma opacidad pone justamente en riesgo de complicidad a todas las empresas en la cadena de suministros. «De ser así, todas las empresas mencionadas en este informe estarían directamente vinculadas a las vulneraciones de derechos humanos que afectan a las comunidades indígenas y campesinas de Paraguay», y estarían violando normas internacionales en materia empresarial, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2011) y las directrices de la OCDE sobre la responsabilidad empresarial en el desarrollo y la debida diligencia, es decir, el hecho de que también son responsables de prevenir y actuar las violaciones a derechos humanos realizadas por sus proveedores. También violarían el principio del consentimiento libre, previo e informado, que es un aspecto fundamental de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), el cual Paraguay aplica en su legislación desde 2018.

La sola sospecha de que la soja proveniente de Yerutí o Ka’a Poty pueda terminar en la carne europea ya muestra el fracaso de los procesos de «responsabilidad autorregulada» de las empresas europeas. «A través de su propia negligencia, los agentes corporativos europeos después de los comerciantes también han contribuido durante años a vulneraciones tales como las que nosotros documentamos en Paraguay» señalan los investigadores.

Consultado por Global Witness ante los hallazgos de la investigación, Marcos Orellana, relator sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, advirtió que por culpa de productores que no cumplen la ley, Paraguay «está en riesgo de quedar aislado de mercados internacionales, dada la creciente tendencia de asegurar que cadenas de suministro cumplan salvaguardas ambientales y de derechos humanos».

Lea el artículo completo en El Surtidor