Diplomáticos rusos reaccionan ante nueva ley idiomática de Kirguistán, que recupera pasado colonial

Izamento de bandera de Kirguistán en ceremonia en la capital, Biskek. Captura de pantalla del canal de YouTube de Bizon KGZ. Uso legítimo.

El 17 de julio, el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, firmó la ley constitucional sobre el idioma del Estado. El Congreso adoptó la ley el 31 de mayo, y el presidente de la Cámara felicitó a sus colegas por «el histórico proyecto de ley». El objetivo es implementar el artículo 13 de la Constitución, según el cual el kirguiso es el idioma del Estado, y el procedimiento para su uso está determinado por la ley constitucional. Esta nueva ley establece las bases legales para usar el kirguiso, la implementación de la política lingüística estatal, y las obligaciones de los órganos estatales, instituciones, organizaciones y organismos locales gubernamentales para crear condiciones para su desarrollo.

En la práctica, introdujo cambios significativos para el uso del kirguiso al convertirlo en el idioma de trabajo para las autoridades estatales, los órganos gubernamentales locales y empresas estatales. Ahora, es obligatorio que funcionarios, diputados, maestros, jueces, fiscales, abogados, trabajadores médicos y otros grupos conozcan el idioma estatal. Usar el kirguiso es obligatorio en nombres geográficos, campos educativos y científicos, así como en la firma de tratados internacionales. Además, las estaciones de televisión y radio, incluidas las privadas, deben transmitir la mitad de sus programación en kirguiso.

Sin embargo, la nueva ley ha estado en titulares por razones no lingüísticas. El 2 de junio, inmediatamente después de su adopción, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que «en su forma actual, puede crear ciertas dificultades para ciudadanos del país que no hablan kirguiso». Agregó que Rusia espera que Kirguistán «persiga una política lingüística equilibrada, dirigida tanto al desarrollo del kirguiso como al apoyo y la promoción del ruso». La intromisión de los diplomáticos rusos no se quedo ahí.

El 24 de julio, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, señaló que las autoridades rusas advirtieron a sus colegas kirguisos que «esto no era enteramente democrático», cuando tocaron por primera vez el asunto. Lo que les parecía antidemocrático era el requisito de que los funcionarios públicos y otras categorías de ciudadanos sepan kirguiso. Japarov fue rápido en refutar esta afirmación, y dijo que Lavrov «aparentemente no leyó la ley», y que esta no «discrimina el idioma ruso».

Es correcta la evaluación de Japarov de que el idioma ruso está protegido contra la discriminación en Kirguistán, ya que es uno de los pocos países cuya Constitución garantiza condición al ruso, y permite ampliamente usarlo en la vida pública y en las estructuras gubernamentales, signo de un pasado colonial y un legado soviético. Desde que Kirguistán obtuvo su independencia en 1991, luego del colapso de la Unión Soviética, el país ha trabajado para desarrollar el kirguiso, restaura su prestigio y su uso generalizado, al tiempo que permite usar el ruso a gran escala.

Las políticas lingüísticas soviéticas socavaron el desarrollo y el prestigio del kirguiso al convertirlo en un idioma «bajo», utilizado principalmente con fines internos y folclóricos. Para la ciencia, el arte, el gobernabilidad y la literatura, las élites locales usaban el «alto» idioma ruso. Recién en 1989, en los años de la Perestroika, al kirguiso se le dio el reconocimiento de idioma del Estado. Para 1989, el 80% de la población hablaba ruso. En 2013, el número descendió a 50%. Tras la independencia, el país ha establecido la Comisión Nacional del Idioma del Estado y creó tres programas nacionales para desarrollar el kirguiso.

El kirguiso es una parte integral de la identidad nacional. Es vital para la sobrevivencia del pueblo kirguiso como un grupo étnico separado, y de Kirguistán como nación. Su mayor desarrollo es necesario para romper con el pasado colonial del país, celebrar su patrimonio cultural único y reclamar plenamente su voluntad. En este sentido, la nueva ley es un paso en el camino correcto.

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