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Canadá: Aplazan proyecto de ley de vigilancia en internet, pero la lucha continúa

El gobierno de Canadá anunció que dejaría temporalmente “aparcada” [en] la propuesta normativa en materia de vigilancia en Internet tras las numerosas muestras de indignación [en] generadas por el Proyecto de Ley. Desde su presentación, los canadienses se han manifestado contrarios al Proyecto de Ley C-30 [en,fr], que supone el último intento por parte del Gobierno de Canadá de actualizar el poder de vigilancia policial en Internet. Según la redacción actual, el Proyecto supone un drástico y peligroso intento de usar a los proveedores de servicios de Internet como agentes de vigilancia estatales.

El Proyecto otorga mayores potestades a las fuerzas de policía, lo que permitiría a las autoridades de Canadá acceder fácilmente a las actividades en Internet de los canadienses, incluso forzando las direcciones de ISP para manejar los datos personales de los clientes sin que medie autorización judicial. Por si fuera poco, la propuesta allanaría el camino al establecimiento de cláusulas de silencio que impidieran a los proveedores de servicios de internet notificar a sus abonados que sus datos personales han sido divulgados —una jugada que haría imposible para los usuarios la búsqueda de amparo legal contra las violaciones de privacidad. La Ley C-30 es el fruto amargo de la Convención sobre la Cibercriminalidad [en]. Los Estados firmantes han venido utilizando durante años este tratado, desde que en 2001 se abriera a la firma, como excusa para invadir la privacidad de sus ciudadanos. Muchas de las nuevas potestades de vigilancia van mucho más allá [en] de los niveles de injerencia previstos por la Convención.

El Proyecto normativo ha inspirado a los canadienses a dar rienda suelta a todo el potencial creativo de Internet para manifestar su preocupación. De forma original han ideado discursos [en], parodias [en], videos [en], camisetas, iconos en Internet, e incluso etiquetas en Twitter con las que los canadienses han intentado ahorrarle al Gobierno la labor de tener que aumentar la vigilancia en la Red, revelando al Ministro de Seguridad Vic Toews “todo” [en]. La legislación propuesta ha suscitado también una amplia condena por parte de expertos en materia de privacidad [en], inspectores en materia de Protección de Datos (incluyendo críticas específicas de la Inspección Federal [en] y de la de Ontario [en], así como otras protestas en general de parte de todo el colectivo [en]de agentes de Protección de Datos de Canadá), empresas de telecomunicación [en], los principales periódicos [en] de Canadá, todos los grupos de la oposición y los más de 115.000 canadienses que al día de hoy (3 de marzo), ya han firmado una petición [en] en internet alojada por OpenMedia.ca [en], contra el Proyecto de Ley C-30.

Este Proyecto de Ley ha suscitado una amplia condena a pesar de la confusión [en] alimentada durante meses por el Gobierno canadiense. El Gobierno ha insistido siempre en que la norma no hace sino desarrollar dentro del universo de Internet, atribuciones de vigilancia ya existentes y que, en cualquier caso, su objetivo principal es la pornografía infantil. El asunto llegó a un punto crítico hace unas semanas, cuando el Ministro Toews presentó el Proyecto de Ley C-30 y proclamó [en] que todos aquellos que se oponían a la norma estaban “de parte de los que usan pornografía infantil”. En un cambio de última hora [en], inclusó se añadió al Proyecto de Ley C-30, una mención a la “Ley de Protección Infantil contra los Abusos en Internet” —a pesar que la información revelada gracias a una petición de acceso a la información por parte de la reportera canadiense Sarah Schmidt había demostrado que, según la justificación de la necesidad legislativa alegada por el propio Gobierno, las potestades en cuestión son actualmente requeridas para investigaciones no criminales [en], no para la lucha contra la pornografía infantil-.

Dejando aparte cuestiones retóricas, el Proyecto de Ley C-30 supone serias amenazas a la privacidad en Internet. Como el Gobierno de Canadá no parece dispuesto a abandonar esta propuesta normativa, es importante que los canadienses sigan ejerciendo presión. Discutiremos estas cuestiones en mayor profundidad en nuestro segundo post sobre este asunto. Por ahora, animamos a los seguidores a unirse a los más de 115.000 canadienses que ya han firmado la petición contra el Proyecto de Ley C-30 en stopspying.ca [en]. También pueden escribir una carta a sus representantes parlamentarios a través de la herramienta para escribir cartas de la Agencia de Información y Protección de Datos de Ontario.

Mantente informado acerca del Proyecto de Ley C-30 a través de:

 

Este artículo ha sido co-escrito por Katitza Rodriguez y Ann Harrison de la Electronic Frontier Foundation.

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