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El decreto migratorio pretende hacerle creer que ingresar legalmente a EE. UU. es fácil

Manifestación en Boston contra el decreto migratorio. Fotografía: little celería vía Instagram.

El viernes pasado por la tarde, tal vez mientras se secaba la tinta del ahora tristemente célebre decreto del presidente estadounidense sobre inmigración, un grupo de personas en una sala de conferencias en la Universidad de las Antillas en Trinidad y Tobago miraba el primer episodio de la producción brasileña de Netflix “3%”.

La serie concibe un futuro distópico en el que los jóvenes son sometidos a un conjunto de pruebas llamado “el Proceso” para evaluar su aptitud para ser admitidos en “Offshore”, el paraíso terrenal al que solo el 3% de los candidatos conseguirá entrar. En una secuencia los candidatos son sometidos a un interrogatorio humillante. En el debate posterior, una estudiante señaló que esa escena le había recordado su visita a la embajada estadounidense en Puerto España. Los murmullos de las personas que se sintieron identificadas inundaron la sala, y entre ellas también estaba yo. En una ocasión, a principios del gobierno de G. W. Bush, mi maltratado Honda Civic sufrió un desperfecto y se detuvo en una calle lateral cercana a dicha embajada. Mientras intentaba hacer que el motor resucitara, dos marines estadounidenses aparecieron de la nada, blandiendo rifles de asalto y me gritaron—evidentemente una terrorista suicida— “¡Retírese!” Y eso era lo que sucedía afuera del edificio. Adentro, en la sección consular de la embajada, la atmósfera generaba casi el mismo nivel de misma ansiedad.

Una faceta del drama en torno al decreto que resonó con fuerza en mí ha sido la noción equivocada de que ingresar legalmente a EE. UU. es tarea fácil. En realidad, es un fastidio. Cada uno de los centenares de visitantes legales de EE. UU a los que les han prohibido la entrada en los aeropuertos estadounidenses como resultado del decreto ya han soportado severos y exasperantes interrogatorios para obtener sus documentos de viaje. Para los refugiados, como hace tiempo señalamos, el proceso es incluso más riguroso.

Tal vez debería ser evidente, teniendo en cuenta la popularidad de un destino como EE. UU., que una visa estadounidense no es fácil de obtener. Pero si eres ciudadano estadounidense, o de alguno de los países de la lista del programa de exención de visa (en inglés VWP), quizás no hayas considerado este ángulo, aún cuando estés cubriendo estos acontecimientos como periodista. Dependiendo de sus destinos de viaje, una gran cantidad de personas quizás nunca tenga que solicitar una visa. Sin embargo, comprender lo que las personas deben soportar para obtener la entrada legal a EE. UU., parece fundamental para entender el nivel de nefasta exageración que representa este decreto.

Como todo estado soberano, EE.UU. tiene derecho a controlar y asegurar sus fronteras. Pero como Ron Nixon señaló en el New York Times, ya existe un sólido sistema de controles y prohibiciones al que deben someterse quienes pretenden ingresar legalmente a EE. UU., mucho antes de siquiera tocar suelo estadounidense. El proceso para obtener una visa en sí mismo es arduo. Los solicitantes deben presentar gran cantidad de documentación, que incluye declaraciones bancarias, certificados policiales, y pruebas de sus “fuertes vínculos” con su tierra natal como certificados de matrimonio y títulos de propiedad, lo que significa que las personas jóvenes y solteras están de entrada en desventaja. Luego viene el minucioso y prolongado escrutinio del funcionario consular. Las solicitudes de visa con frecuencia son rechazadas por todo tipo de razones. Y cabe destacar que en ese caso, la embajada estadounidense no reembolsa los $160 dólares abonados en concepto de tasa de tramitación, que en muchos países representa una buena porción del ingreso promedio.

Al llegar a EE. UU., hasta una pasajera bastante poco controvertida como yo—ciudadana de Trinidad y Tobago, mujer, con un nombre que suena católico, de una edad bastante mayor para ser mula del narcotráfico— en ocasiones es sometida a extraños interrogatorios del servicio de migraciones de EE. UU. Una vez, en una escala en Miami camino a Europa, me preguntaron a quién conocía en los Países Bajos, como si conocer a alguien en un país fuera prerequisito para visitarlo. Me estremezco solo de pensar en las preguntas que les hacen a ciudadanos de los países citados en el decreto.

La gente que intentó ingresar en EE. UU., por medios perfectamente legales el pasado fin de semana, y a los que el decreto sobre inmigración les puso la vida de cabeza, tienen derecho a sentirse atacados y denigrados. Estas personas pagaron el precio para entrar, tanto en sentido figurado como literal. Uno pensaría que una administración integrada por un grupo de hombres de negocios lo entendería. Pero también conoce el motivo por el que eso no sucede.

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