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En “estado de emergencia” en Túnez, nueva ley de protección policial permitiría más abusos — con impunidad

Policía antidisturbios de Túnez en la capital del país el 6 de febrero de 2013. Foto de Amine Ghrabi (CC BY-NC 2.0).

Túnez ha visto mejoras a la protección de derechos humanos desde el derrocamiento de Zine el Abidine Ben Ali en 2011. Pero el abuso del poder de la policía y las fuerzas de seguridad sigue siendo un serio problema.

El Parlamento está considerando ahora una ley que le facilitaría a la policía aprovechar su poder, casi sin tener que rendir cuentas al público.

El nuevo proyecto de ley sobre “represión y ataques contra fuerzas armadas” reforzaría las penas por diversos actos que pongan en peligro a la policía y las fuerzas de seguridad, sancionaría el discurso considerado “denigrante” para la policía, y exoneraría a las fuerzas de seguridad de responsabilidad criminal por uso de fuerza excesiva.

La ley fue enviada originalmente al Parlamento por el anterior gobierno de Habib Essid en abril de 2015, y reapareció en la agenda parlamentaria en julio con el apoyo del Ministerio del Interior del país y sindicatos que representan a las fuerzas de seguridad.

Proyecto de ley sobre represión de ataques contra las fuerzas armadas: artículos claves

  • Artículos 5 y 6 penalizan la revelación de “secretos de seguridad nacional”, que el artículo 4 define ampliamente como “toda información, datos y documentos relacionados con seguridad nacional”, a los que solamente pueden acceder quenes tienen autorización. La sanción máxima: 10 años de prisión y hasta 50,000 dinares tunecinos (USD20,750)
  • Artículo 7 penaliza la filmación no autorizada o grabación dentro de las sedes de seguridad y militares y en lugares de operativos militares y de seguridad. La sanción máxima: dos años en prisión.
  • Artículo 12 penaliza “denigrar” a las fuerzas armadas y de seguridad del país “con el objetivo de perjudicar el orden público”. La sanción máxima: dos años en prisión, multa de hasta 10,000 dinares tunecinos (USD4,150)
  • Artículo 18 protegería a la policía de responsabilidad criminal por “herir o matar a alguien” por usar fuerza letal para repeler ataques contra sus casas, vehículos, sedes policiales y de seguridad, e instalaciones de almacenamiento de armas militares y municiones, si se considera que la fuerza usada es “necesaria y proporcional” al peligro.

De adoptarse, la ley tendría un efecto tremendo en la libre expresión, las libertades artísticas y libertades de medios y prensa. El proyecto también daría luz verde a las fuerzas de seguridad para actuar con más impunidad de la que ya tiene.

Abuso policial en ‘estado de emergencia’

A pesar de las reformas dirigidas a contener las violaciones de derechos tras los 23 años de gobierno de Ben Ali, el abuso policial sigue siendo muy común.

De acuerdo con el actual estado de emergencia de Túnez, implementado tras múltiples ataques militantes en 2015, las autoridades tienen el poder de suspender protestas, restringir el derecho de asamblea y libertad de movimiento, prohibir publicaciones y arrestar a cualquier sospechoso de alterar el orden público.

Un informe de Amnistía Internacional dado a conocer este año documentó varios abusos cometidos en el estado de emergencia de Túnez, que incluían el uso de fuerza excesiva e innecesaria, incursiones en casas sin autorización judicial, prohibiciones de viaje, arrestos arbitrarios, torturas y maltratos.

Además, la ley aborda varios asuntos ya cubiertos en otras secciones del Código Penal de Túnez y en el estatuto general de las fuerzas de seguridad internas. Incluso antes del inicio del estado de emergencia, las autoridades no dudaban al usar estas leyes.

La bloguera Yassine Ayari fue encarcelada en 2014 por “difamar al Ejército” e “insultar al alto comando militar” en publicaciones de Facebook. En 2013, un tribunal sentenció al rapero Weld El15 a dos años de prisión por una canción de rap donde llamaba perros a los policías.

Leyes actuales sobre policía y fuerzas de seguridad

  • Código de Justicia Militar El artículo 91 prescribe sentencia de prisión de hasta tres años por insultos contra la institución militar, su bandera, dignidad y moral.
  • Artículo 125 del Código Penal sanciona a los condenados de “insultar a los funcionarios públicos durante el desempeño de sus deberes” con un año de prisión y una multa.
  • Artículo 128 del Código Penal establece que todo aquel declarado culpable de “acusar sin pruebas a un agente público de violar la ley” puede enfrentar hasta dos años de prisión.

Estas leyes se han usado para procesar a blogueros, periodistas, artistas y activistas por sus críticas a la institución policial o militar. Y disposiciones existentes en los códigos penal y militar hacen que sea difícul cuestionar la conducta policial o presentar quejas contra miembros de las fuerzas de seguridad.

Es fácil imaginar cómo una nueva ley que reitere algunas de estas disposiciones, aumente las sanciones para las violaciones, e introduzca mayores protecciones contra la responsabilidad para agentes de seguridad podrían ser mal utilizadas.

‘Un ataque a agentes de seguridad no es algo fácil’

Si policías y militares ya están legalmente protegidos de las críticas con respecto a su conducta, ¿por qué quieren impulsar esta nueva ley?

Parte de su ímpetu viene de los temores crecientes sobre seguridad y amenazas a los funcionarios de seguridad. Desde fines de 2012, docenas de funcionarios de seguridad y soldados han muerto en ataques perpetrados por grupos militantes o mientras realizaban operaciones en su contra. En noviembre de 2015, 12 guardias presidenciales murieron en el bombardeo de un bus que se adjudicó ISIS. Algunos meses antes, los ataques en el Museo Bardo en Túnez y en el centro turístico de playa de la ciudad costera de Sousse dejaron docenas de muertos y heridos, la mayoría turistas extranjeros.

En junio de 2017, el oficial de policía Majdi Hajlaoui quedó herido mientras cumplía con su deber durante enfrentamientos tribales en Sidi Bouzid y luego sucumbió a sus lesiones. Su muerte provocó que cientos de oficiales de policía protestaran afuera del Parlamento el 6 de julio de 2017, donde pidieron mejor protección y retomar el debate sobre el proyecto de ley.

En su forma actual, el proyecto no ofrecería más protecciones a los oficiales de policía en el terrerno. Pero los protegería mejor de responsabilidad penal cuando usen fuerza letal.

Mehdi Bechaouch, líder del sindicato que representa a los oficiales en el Directorado General de Unidades de Intervención, dijo a la radio privada Shems FM que los oficiales de policía “no deberían estar en prisión cuando se implemente la ley”, y que el Estado debería compensar a los oficiales cuyas propiedades son atacadas en represalia por su trabajo.

Razonó que, de adoptarse, la ley los “disuadiría” de esos ataques:

It is true that assaulting a public officer [is already a crime]…but a security officer carries weapons, and assaults on a security officer or headquarters could result in the seizure of weapons…[The bill's aim is to] send a clear message to people that an assault on security officers is not an easy thing and that it could pose a great danger to the security of society.

Es cierto que atacar a un funcionario público [ya es un delito]… pero un oficial de seguridad porta armas, y los ataques contra un oficial de seguridad o una sede podría resultar en la incautación de armas… [El objetivo de la ley es] mandar un claro mensaje a la gente de que un ataque a agentes de seguridad no es algo fácil y que podría suponer un gran peligro para la seguridad de la sociedad.

Bechaouch especificó que el sindicato de policías apoya la penalización de ataques físicos contra las fuerzas de seguridad, pero no apoya otras partes de la ley, que fue escrita durante el gobierno anterior. Dijo que este sindicato apoya el retiro de disposiciones que penalizan la “denigración” de la policía así como del segundo capítulo de la ley, que penaliza la filmación no autorizada y la revelación de secretos de seguridad nacional.

La voz del sindicato en este asunto podría tener un impacto mayor en la toma de decisiones del Parlamento, pues en diciembre será la primera vez en la historia de Túnez que las fuerzas de seguridad podrán votar en elecciones locales.

Grupos de derechos humanos suscitan dudas

Con el receso del Parlamento hasta el 1 de octubre, no queda claro cuándo se discutirá el proyecto en sesión del pleno. Hasta ahora, el proyecto solamente se ha discutido en el comité de legislación general del Parlamento, que el 13 de julio escuchó al ministro de Interior y representantes de sindicatos de policías. El comité también planea escuchar a los representantes de la sociedad civil y grupos de derechos humanos que rechazan el proyecto.

El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, la Organización Tunecina contra la Tortura, la ONG anticorrupción NGO I-Watch, y Reporteros sin Fronteras emitieron una declaración conjunta el 14 de julio donde pedían al Parlamento tunecino que “retirara inmediatamente” el “represivo” proyecto que “sentaría las bases por un estado policial dictatorial”. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han pedido al Parlamento, cada uno por su cuenta, que rechace el proyecto de ley.

Los parlamentarios también están expresando su preocupación por el proyecto de ley. El 18 de julio, varios legisladores enfatizaron la necesidad de respetar los derechos humanos en una sesión del comité de legislación general:

وأكّد بعض النواب من جهة أخرى ضرورة تبنّي المشروع لآليات ناجعة تتعلّق بحفظ حقوق عائلات الأمنيين والإحاطة الاجتماعية بهم، مشيرين إلى وجود مقاربة يصعب التوفيق بين مكوّناتها وهي من جهة ضرورة توفير الإطار القانوني لزجر الاعتداءات على الأمنيين وعلى المقرات السيادية وحماية الحرية العامة وحقوق الإنسان من جهة اخرى.

Varios parlamentarios enfatizaron que es necesario que el proyecto de ley incluya mecanismos efectivos para proteger los derechos de las familias de los oficiales de policía y darles protección social, y señalaron una difícil posición de la necesidad de ofrecer un marco de trabajo legal para reprimir ataques contra oficiales de seguridad y sedes con la necesidad de proteger libertades públicas y derechos humanos.

En esa sesión, el parlamentario Hassouna Nasfi dijo que el proyecto de ley realmente no trae “nada nuevo” y no ofrece suficientes protecciones a las fuerzas de seguridad en términos de reparaciones y compensaciones ordenadas a los oficiales que sufren ataques.

El parlamentario Mourad Hmaidi, del partido opositor de izquierda Frente Popular, estuvo de acuerdo. Hmaidi dijo en televisión nacional que el proyecto no sería de mucho beneficio, y en cambio amenazaría libertades. “Lo que el oficial de policía y de las fuerzas internas de seguridad y sus familias necesitan en general es cobertura de seguros para riesgos mientras realizan sus obligaciones”, dijo.

En su forma actual, el proyecto no tiene cambios significativos a la penalización de ataques contra las fuerzas de seguridad o a la cobertura de seguros por riesgos asociados con el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Los elementos más significativos del proyecto solamente protegerían al sistema de seguridad de críticas, en un momento en que Túnez necesita un debate abierto sobre abuso policial y conducta inapropiada para traer reformas muy necesarias al sector de seguridad.

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