En Nicaragua, aparentemente la gente muere de “neumonía” y no de COVID-19

Presidente Daniel Ortega durante su discurso de toma de mando en 2017 (CC BY 2.0).

En medio de la pandemia de COVID-19, Nicaragua ha estado viviendo una realidad alternativa. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidente, su esposa Rosario Murillo, han descuidado la pandemia. Mientras que las organizaciones mundiales de salud y los Gobiernos de otros países han instruido a sus ciudadanos a ponerse en cuarentena, usen máscaras y adopten medidas de distanciamiento social, ellos han hecho todo lo contrario. Hoy en día, 980 personas, según estimación no gubernamental, que presentaban los síntomas de COVID-19 han muerto en Nicaragua, la cifra más alta en Centroamérica. Ortega dice que estas muertes se deben a la “neuomonía“.

El problema no es nada nuevo. El Gobierno nicaragüense ha estado descuidando el sistema sanitario y dejando morir a la gente desde 2018.

La reciente negligencia se hizo evidente dos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-19 como una pandemia. El 13 de marzo –mientras naciones vecinas como El Salvador, Costa Rica y Honduras declaraban estado de emergencia– Murillo promovió una marcha titulada “El amor en tiempos de COVID-19″ y declaró que para combatir el virus había de hacerlo “con amor y fe”. Tiendas, escuelas y oficinas gubernamentales permanecieron abiertas. Sin embargo, detrás de la fachada de esta declaración de amor, están todos los abusos de los derechos humanos que la pareja ha estado perpetrando desde la vuelta al poder de Ortega en 2006.

En abril de 2018,  protestas masivas contra el gobierno estallaron en todo Nicaragua. Los ciudadanos, y especialmente los estudiantes, fueron heridos o matados por la policía y los grupos paramilitares. Según la Corte Interramericana de Derechos Humanos, unas 317 personas murieron en 4 meses. Como parte de ese escenario, el Ministerio de Salud de Nicaragua ya estaba cometiendo abusos contra la población.

Por ejemplo, a Alvaro Conrado, de 15 años de edad, a quien un francotirador disparó en el cuello mientras protestaba, se le negó el acceso al cercano hospital público Cruz Azul de Managua, la capital. Lo transportaron al Hospital Bautista, donde murió horas después. Según el equipo médico del Hospital Bautista, Alvaro habría sobrevivido si el equipo médico del Cruz Azul lo hubiera atendido.

¿Por qué un hospital público se negaría a administrar los heridos? Porque el Ministerio de Salud de Nicaragua está controlado por Ortega y Murillo. Durante las protestas, el equipo médico fue amenazado con despidos si ayudaban a los protestantes. El Ministerio de Salud despidió a 135 personas entre médicos, enfermeros y otros personal médico. La mayoría abandonó el país por la constante persecución de las autoridades gubernamentales. Ahora, dos años después, Ortega y Murillo, junto al Ministerio de Salud, continúan infligiendo abusos de derechos humanos a la población por minimizar el peligro de la pandemia.

Los hospitales se están llenando. Los entierros encubiertos a altas horas de la noche muestran que la situación está fuera de control. Un video del canal de noticias AFP informó que una funeraria enterró a 200 personas en una noche. La ciudad de Chinandega, al oeste del país, atrajo la atención internacional cuando videos de “entierros rápidos” circularon en las redes sociales. La vicepresidenta Muriello definió los entierros como “noticias falsas”.

El 19 de mayo, una declaración del Ministerio de la Salud dijo que Nicaragua estaba haciendo un gran trabajo, pese a que la cifra de casos oficiales de COVID-19 se había disparado de 25 a 254 en una semana. Estos números también contradecían los registrados por el proyecto de colaboración interdisciplinaria El Observatorio Ciudadano COVID-19, que al 5 de junio reportaba 3458 casos “sospechosos” de contagio.

Los médicos están viviendo su peor pesadilla. Un doctor del Hospital España en Chinandega dijo que las autoridades del hospital siguen ignorando las medidas de seguridad y no brindan equipo de protección individual. “Nos está tirando literalmente a un matadero” dijo.

Los médicos temen un “genocidio viral” en el país como resultado de las acciones gubernamentales y han pedido una “cuarentena voluntaria nacional” inmediata de cuatro semanas. Más de 500 médicos firmaron un documento en el que insisten que Ortega-Murillo debe tomar las medidas adecuadas antes de que sea demasiado tarde. Otra vez, la vicepresidenta reaccionó y dijo que los médicos estaban “difundiendo mentiras”, que genera la pregunta de por qué están enterrando los cuerpos en secreto si han muerto por neumonía. Nicaragua, donde la débil infraestructura sanitaria ya estaba mal equipada para contener una afluencia alta de pacientes, ahora presencia cadáveres fuera de los hospitales.

La neglicencia de Ortega y Murillo con respecto a la pandemia no fue una sorpresa, dado el patrón de la pareja gobernante de perpetrar abusos de derechos humanos..

Hoy, como en 2018, los médicos se encuentran en una situación difícil: expresarse contra el Ministerio de Salud o enfrentar el riesgo de ser despedidos y, eventualmente, obligados a huir del país por la persecución. O pueden decidir quedarse y trabajar sin equipo médico adecuado y correr el riesgo de infectarse con COVID-19.

Los miembro de oposición también informan que es posible que se les niegue la atención médica en los hospitales públicos. Wendi Juarez, exprisionera política y miembro de Construimos Nicaragua, describió la situación:

By going to public hospitals as an opposition member you run the risk of not getting tested, because the medical staff decide who gets tested and who doesn't.

Al acudir a los hospitales públicos como miembro de la oposición se corre el riesgo de no hacerse la prueba, porque el personal médico decide quién se hace la prueba y quién no.

Dijo que para recibir atención médica inmediata tendría que ser mediante la línea directa de atención médica, Unidad Médica de Nicaragua

Mientras tanto, los nicaragüenses hacen lo posible para sobrevivir cuidándose ellos si mismos, en medio del creciente descontento. Nadie sabe cómo terminará, pero con los entierros rápidos y sin señales de que el Gobierno vaya a escuchar consejos científicos, Nicaragua podría haber perdido ya su lucha contra la pandemia bajo su realidad alternativa.

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