Proyecto de ley de ONG de Tailandia amenaza con socavar labor de grupos de la sociedad civil

“Defendemos nuestros derechos a la comida, la tierra y el agua”.
“No más carbón ni ninguna energías sucias”.
“Observatorio del Clima de Tailandia”.
“No [combustible] fósiles”.
Grupos de la sociedad civil y defensores del ambiente protestan en Tailandia. Foto de la página de Facebook de Prachatai, socio de contenidos de Global Voices.

El Gobierno tailandés ha redactado un proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), que ha sido condenado por los grupos de derechos humanos por contener disposiciones que podrían utilizarse para acosar a activistas y líderes de grupos de la sociedad civil.

La Oficina del Consejo de Estado publicó el proyecto de ley sobre el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en febrero, y realizó una consulta pública al respecto entre el 12 y el 31 de marzo.

Si se aprueba la ley, las ONG tendrán que registrarse según un nuevo conjunto de directrices prescritas por el Gobierno.

Según la portavoz del Gobierno, Ratchada Thanadirek, hay 87 ONG registradas en el país, cuya mayoría dice no  tener ánimo de lucro, aunque están financiadas y no trabajan por el interés público. Dijo que de aprobarse la nueva ley, garantizará transparencia.

This is not intended to limit their rights, but is aimed at ensuring that money they receive will be properly used and their activities will be conducted in accordance with the objectives of non-profit organisations, for true benefits.

No se trata de limitar sus derechos, sino de garantizar que el dinero que reciban se utilice correctamente y que sus actividades se realicen de acuerdo con los objetivos de las organizaciones sin fines de lucro, para obtener beneficios verdaderos.

Desde 2020, se han organizado protestas masivas en toda Tailandia para pedir reformas de la monarquía y de la Constitución redactada por los militares. En respuesta, las autoridades han dicho que algunas de esas protestas están respaldadas por grupos con financiación extranjera.

El 26 de marzo, res relatores especiales de Naciones Unidas publicaron una declaración en la que expresaban preocupación por algunas disposiciones del proyecto de ley. Por ejemplo, el artículo 1 establece que el objetivo del proyecto de ley es “regular el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en el Reino para garantizar la corrección, la moralidad, la apertura, la transparencia y el servicio genuino del interés público y nacional sin ninguna agenda oculta y fraudulenta”. Los relatores especiales de Naciones Unidas advirtieron que esta disposición podría “utilizarse arbitrariamente para reducir las actividades de las organizaciones sin fines de lucro y de los defensores de derechos humanos”.

[It] may suggest that the authorities insufficiently acknowledge the expertise and support provided by these organizations, and even consider them as a potential threat to the society. We believe such a provision stigmatises civil society…

Puede sugerir que las autoridades no reconocen suficientemente la experiencia y el apoyo de esas organizaciones, y hasta las consideran una amenaza potencial para la sociedad. Creemos que esa disposición estigmatiza la sociedad civil …

Varios grupos de la sociedad civil publicaron una declaración conjunta, en la que critican el proyecto de ley. Señalaron con preocupación que la definición de ONG del proyecto de ley es demasiado amplia, lo que permite abarcar a cualquier grupo o asociación y obligarlo a registrarse y cumplir con los estrictos requisitos de la ley.

The broad terms of the draft act would allow unequal treatment of certain disfavoured groups and carry dire consequences for associations critical of the government, with little scope to legally challenge government decisions.

Los amplios términos del proyecto de ley permitirían un trato desigual a ciertos grupos desfavorecidos y tendrían consecuencias nefastas para las asociaciones críticas con el Gobierno, con escaso margen para impugnar legalmente las decisiones gubernamentales.

Cuestionaron el artículo 6, que permite a las autoridades entrar en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil y hacer copias de sus datos de tráfico de comunicaciones electrónicas, sin previo aviso ni orden judicial. Además, destacaron las severas penas por infringir la ley: una sentencia de prisión de hasta cinco años, una multa de hasta 100 000 baht tailandeses (unos 3200 dólares estadounidenses), o ambas.

Piroj Paraphet, asesor de la Unión por la Libertad Civil, explicó a Thai Enquirer las posibles repercusiones del proyecto de ley en la comunidad de ONG.

This could block a vast amount of activities beneficial to society, while the punishment is disproportionate.

The state officials will have the power to control NPOs’ [non-profit organizations] activities, how they receive foreign funding and they will be registered and if they do not abide by these conditions then they will be prosecuted as criminals.

Esto podría bloquear gran cantidad de actividades beneficiosas para la sociedad, mientras que el castigo es desproporcionado.

Los funcionarios del Estado tendrán el poder de controlar las actividades de las organizaciones sin fines de lucro, cómo reciben la financiación extranjera y se registrarán, y si no cumplen esas condiciones entonces serán procesadas como criminales.

Sappasit Khumprapan, presidente del Centro para la Protección de los Derechos del Niño, dijo que la versión original del proyecto de ley era bastante diferente y que la versión actual es “extremadamente derechista”.

The Bangkok Post publicó un artículo en el que se acusa a algunos elementos del Gobierno de redactar la ley para intimidar a las fuerzas opositoras, especialmente a las que reclaman reformas legales y democráticas.

It's shameful that an elected government would issue such a contentious bill.

Amid escalating polarisation, the state and some extreme right elements have attempted to discredit a few NGOs with claims they receive foreign donations. They single out those scrutinising injustices perpetrated by the state and cases involving Section 112 of the Criminal Code (or the lese majeste law), and also charter amendments, branding them as nation-haters.

The move has justified fears the bill will clip the wings of civic agencies that challenge unjust laws and law enforcement. The government must be open to scrutiny. If it practises good governance, there is no reason for concern and the new law should not be used in a dubious way.

Es vergonzoso que un gobierno elegido emita un proyecto de ley tan polémico.

En medio de una creciente polarización, el Estado y algunos elementos de la extrema derecha han intentado desacreditar a algunas ONG con la afirmación de que reciben donaciones extranjeras. Individualizan a las que denuncian las injusticias perpetradas por el Estado y los casos relacionados con el artículo 12 del Código Penal (o la ley de lesa majestad), así como las enmiendas a la Carta,  que señala que odian a la nación.

Esta medida ha justificado el temor de que el proyecto de ley corte las alas a los organismos cívicos que desafían las leyes injustas y la aplicación de la ley. El Gobierno debe estar abierto al escrutinio. Si practica la buena gobernabilidad, no hay razón para preocuparse y la nueva ley no debería utilizarse de forma dudosa.

El gabinete revisará el proyecto de ley en abril, antes de presentarlo al Parlamento.

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