Campañas políticas de ministros nigerianos suscitan debate jurídico

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, y el vicepresidente, Yemi Osinbajo, en el mitin de campaña del partido gobernante, 16 de enero de 2015. Imagen de Heinrich-Böll-Stiftung vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

El 27 de abril, el viceministro de Educación de Nigeria, Emeka Nwajiuba, anunció públicamente su intención de sumarse a la carrera presidencial de Nigeria. Cuatro días antes, el 18 de abril, Chris Ngige, ministro de Trabajo y Empleo, también se sumó a la carrera presidencial.

Nwajiuba y Ngige compraron el formulario de nominación de cien millones de nairas (unos 2400 dólares) al partido gobernante, Congreso de Todos los Progresistas (APC). El pago corresponde a los formularios de nominación que vende el partido político a quienes aspiran a postular. Aunque Nigeria tiene elecciones programadas para 2023, los partidos políticos ya han empezado a seleccionar a sus candidatos.

¿Ministros en ejercicio pueden presentarse a las elecciones?

Nwajiuba y Ngige no son los únicos ministros en ejercicio que han declarado su interés por tener cargos electos. Abubakar Malami, fiscal general y ministro de Justicia de Nigeria, también ha declarado su intención de postular como candidato a gobernador en su estado natal, Kogi, en el centro-norte de Nigeria. Asimismo, el ministro de Transportes, Rotimi Amaechi, también se ha sumado a la carrera presidencial.

Esto de que funcionarios políticos que se presentan a las elecciones en Nigeria se nieguen a renunciar 30 días antes de las primarias, como dice la ley electoral, es para mí una de las «novedades» más interesantes de la política nigeriana.

El artículo 84(12) de la ley electoral de Nigeria de 2022 inhabilita explícitamente a cualquier «funcionario político nigeriano de cualquier nivel» –local, estatal o federal– para ser «delegado con derecho a voto o ser elegido en la convención o el congreso de cualquier partido político a efectos de la designación de candidatos para cualquier elección». En consecuencia, esto significa que cualquier funcionario del brazo ejecutivo del Gobierno debe renunciar antes de presentarse a cualquier cargo del país. No hacerlo «es una violación de la ley electoral y, además, hace que las elecciones primarias sean nulas e ilegales», señala el periódico digital Nigerian Cable.

Muchos funcionarios políticos que hacen campaña para los puestos electorales a nivel estatal han renunciado. Esto se hizo para cumplir el plazo del 3 de junio fijado por los funcionarios electorales de la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC).

El 27 de abril, el partido gobernante APC ordenó a los ministros correspondientes –Amaechi, Malami, Nwajiuba y Ngige– que renunciaran en un plazo de 72 horas para cumplir con la ley electoral. Sin embargo, ninguno de los candidatos ha renunciado en el gabinete. Nwajiuba dijo específicamente que «sólo renunciaría 30 días antes de [las] elecciones presidenciales, como estipula la Constitución de la República Federal de Nigeria», informa el periódico Vanguard.

El ministro se basó en una sentencia de marzo de 2022 de la jueza Evelyn Anyadike del Tribunal Federal de Umuahia, en el estado de Abia, sureste de Nigeria. La sentencia de Anyadike anuló el artículo 84 (12) de la ley electoral de 2022 enmendada y ordenó que se eliminara de la ley electoral.

El tribunal sostuvo que las secciones 66(1)(f); 107(1)(f); 137(1)(g) y 182(1)(g) de la Constitución de 1999 ya establecen que los funcionarios del Gobierno que optan a cargos electos solo pueden «renunciar al menos 30 días antes de la fecha de las elecciones, y que cualquier otra ley que obligara a dichos funcionarios a renunciar o dejar el cargo en cualquier momento antes de eso, era inconstitucional, inválida, ilegal, nula y sin efecto en la medida de su incoherencia con las claras disposiciones de la Constitución», según un informe de Dataphyte.

El discal general y ministro de Justicia de Nigeria, Abubakar Malami, confirmó la sentencia del tribunal, y declaró que: «La disposición del artículo 84(12) de la ley electoral de 2022 no forma parte de nuestra legislación y será tratada en consecuencia».

Último minuto.

La Cámara de Representantes de la República Federal de Nigeria ha resuelto apelar la sentencia de un tribunal superior federal de Umuahia que solicita al fiscal general que elimine la sección 84 (12) de la ley electoral de 2022 recientemente aprobada.

Sin embargo, las dos cámaras del Parlamento nigeriano se comprometieron a recurrir la sentencia del Tribunal Superior que anulaba el artículo 84(12) de la Ley Electoral.

Posibles violaciones éticas

Aunque muchos siguen debatiendo la legalidad de las campañas de los ministros, también plantea importantes cuestiones éticas.

Por ejemplo, puede ser legal que Malami, como fiscal general de Nigeria, actúe como funcionario legal del país y también como político partidista. Sin embargo, su «participación en la política partidista puede ser cuestionada moralmente», afirma el periódico Ripples Nigeria. Además, Ikechukwu Amaechi, columnista del diario Vanguard, insiste en que: «En su calidad de presidente del Tribunal Supremo, las acciones y declaraciones de quien ocupa el cargo deben trascender el partidismo. El interés de la justicia hace aún más imperativo que quien ocupe ese cargo se eleve por encima de la enloquecida contienda por el bien común».

El Sindicato del Personal Académico de las Universidades ha estado en huelga durante 72 días y el ministro de Educación acaba de repartir cien millones de nairas para comprar el formulario presidencial de APC.

Han pasado 30 días desde el bombardeo del servicio de trenes Kaduna – Abuya y el secuestro de más de cien personas y el Ministro de Transporte se postula para presidente.

Mientras tanto, mientras Nigeria enfrenta diversas crisis políticas, incluida la huelga de dos meses del Sindicato de Personal Académico de las Universidades de Nigeria (ASUU) que ha paralizado la infraestructura educativa del país, la incursión de Nwajiuba y Ngige en la esfera política tiene implicaciones éticas duraderas para la nación.

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