Multitud frente al tribunal en Almaty. Foto de Akbota Uzbekbay. Usada con autorización.

Este artículo es de Almas Kaisar para Vlast.kz. Global Voices reproduce una versión editada bajo un acuerdo de colaboración mediática.

El 5 de enero de 2022, durante violentas protestas antigubernamentales, un grupo de manifestantes se dirigió al aeropuerto de Almaty después de enterarse de que Kazajistán había recurrido a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO), liderada por Moscú, en busca de ayuda. Estaban preocupados de que un contingente militar ruso pudiera estar volando hacia Almaty, la mayor ciudad de Kazajistán y epicentro de las protestas. Cuando llegaron al aeropuerto, la Policía ya había abandonado el edificio.

Junto con otras personas, estos manifestantes buscaban la torre de control para exigir que apagaran la luz verde. Una vez que les informaron que las tropas rusas no estaban volando hacia la ciudad en ese momento, abandonaron el aeropuerto.

Un año y medio después, a esos cinco manifestantes se les impuso una condena de cuatro a ocho años de prisión por «atacar y ocupar el aeropuerto» y «participar, así como organizar disturbios masivos». En realidad, los testigos dijeron que no fueron amenazados ni heridos. Sin embargo, el tribunal los declaró culpables, según lo requerido por la fiscalía.

Un caso con solo un resultado posible

El 11 de julio, el juez leyó rápidamente los veredictos y pidió apresuradamente a alguien que tradujera la sentencia del ruso al kazajo. En ese momento, en la sala del tribunal, decenas de personas gritaban y mostraban una pancarta que decía: “¡El pueblo no es terrorista!”

Aigerim Tleuzhanova es periodista y activista cívica, Kalas Nurpeisov es profesor de historia y activista cívico, Nurlan Dalibayev, Yermukhamet Shilibayev y Zhan-Aidar Karmenov son ciudadanos comunes y corrientes que estaban preocupados por el destino del país. Ninguno se declaró culpable.

Quizás nadie esperaba una absolución, ya que desde el 5 de enero de 2023, el fiscal general del país, Berik Assylov, ya había declarado que Tleuzhanova era ‘miembro de una organización religiosa extremista’ y «la mente detrás del secuestro del aeropuerto».

Además, una absolución habría socavado la versión de los acontecimientos del presidente Kassym-Jomart Tokayev: “la captura del aeropuerto fue un paso clave para asegurar el paso de militantes hacia la ciudad”, había dicho. Sin esto, como un castillo de naipes, todas las demás declaraciones sobre “ataques desde el exterior” se vendrían abajo.

Enero sangriento de 2022

Las protestas comenzaron el 2 de enero de 2022 en la ciudad de Zhanaozen al oeste del país, después de un fuerte aumento en el precio del gas licuado de petróleo utilizado para alimentar la mayoría de los autos en el país. Rápidamente se extendieron a otras regiones, incluida la capital financiera Almaty en el sur de Kazajistán, y adquirieron demandas más amplias de justicia social y cambio político. Según las autoridades, 238 personas murieron durante las protestas, que llegaron a ser conocidas como «Qandy Qantar» (enero sangriento).

A medida que las protestas se tornaron violentas, Tokayev dio la orden de disparar a matar sin previo aviso, con el argumento de que 20 000 «bandidos» y «terroristas» locales y extranjeros estaban intentando derrocar al Gobierno. Los estados miembros de la CSTO aprobaron la solicitud de Kazajistán para enviar tropas y desplegaron más de 2000 soldados, que protegieron edificios gubernamentales e infraestructura crítica del país.

Sin embargo, los hechos que se desarrollaron tras las protestas sugieren que fueron el resultado de la lucha política entre Tokayev y el expresidente Nursultan Nazarbayev, que gobernó Kazajistán entre 1991 y 2019. Poco después de los acontecimientos, Nazarbayev renunció a su cargo como presidente del Consejo de Seguridad, puesto que había planeado ocupar de por vida. Sus nombramientos entre las élites políticas y empresariales fueron destituidos de sus cargos o condenados a prisión. El aliado cercano de Nazarbayev y exjefe del Servicio de Seguridad Nacional, Karim Masimov, fue señalado como el principal culpable del intento de golpe fallido y condenado a 18 años de prisión por traición.

Desacreditar las protestas populares

Los acusados en el caso denunciaron, entre otras violaciones, las condiciones inhumanas de su detención y que la fiscalía les ofreció acuerdos a cambio de testimonios en su contra. Afirmaron que los investigadores los indujeron deliberadamente a error.

Los casos judiciales relacionados con Qandy Qantar parecen tener un conjunto específico de objetivos: despojar de derechos a quienes salieron a protestar, privar al pueblo de Kazajistán de la verdad y la justicia, y prohibir la participación política y la autoorganización sin control estatal. El liderazgo del país no deja espacio para sanar el trauma colectivo asociado con Qandy Qantar, así como con muchos otros hechos sangrientos en la historia del país.

Durante un año y medio, las autoridades no han publicado una lista completa de las víctimas, junto con las circunstancias de su muerte. A la población nunca se le mostraron los resultados de la investigación que supuestamente revelaría la verdad sobre los hechos. En cambio, quienes salieron a las calles por la injusticia han sido etiquetadas como criminales y bandidos, y el país se queda sumido en teorías de conspiración.

Hasta que se sepa la verdad y se logre la justicia en los tribunales, el pueblo kazajo seguirá siendo rehén de esos acontecimientos sangrientos y continuará viviendo en una sociedad atónita, desgarrada por conflictos internos.