«Protestas iraníes» Otawa, Canadá, 25 de septiembre de 2022, por Taymaz Valley en Flickr (CC BY 2.0.).

Este artículo se publicó originalmente en Alianza por los Derechos Digitales Universales (AUDRi) el 16 de septiembre de 2023 y es de Emma Gibson, coordinadora global de AUDRi. Reproducimos una versión editada, con autorización.

El 16 de septiembre de 2023 se cumplió un año de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida por la policía de «moralidad» del Gobierno iraní. En la semana previa al aniversario, las organizaciones de derechos humanos Equality Now, Femena y Centre for Supporters of Human Rights (CSHR) hicieron una presentación conjunta ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y expresaron «gran preocupación por la condición de las mujeres y niñas en Irán con respecto a la prevalencia de la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y las leyes de estatuto personal discriminatorias por razón de sexo en el país».

En los últimos años, las protestas contra el hiyab obligatorio o lo que se llama «policía moral» en Irán llegaron a los titulares internacionales. No se puede sobreestimar la valentía de las mujeres, quienes por lo general lideran las protestas. Sin embargo, estas protestas, enfrentan a menudo consecuencias graves, impulsadas por el sofisticado sistema de vigilancia digital del Gobierno.

Un nuevo y controversial proyecto de ley sobre el hiyab incluye 70 artículos que establecen penas más duras para las mujeres, así como sanciones graves contra figuras públicas, empresas y proveedores de servicios que las apoyen. El proyecto de ley propone usar inteligencia artificial (IA) para hacer que no se infrinja el código de vestimenta, lo que refleja una inquietante manifestación de persecución por motivos de género.

En la era digital actual, el Gobierno iraní esgrime una espada de doble filo: la misma tecnología que tiene la fuerza de potenciar las voces se usa para silenciarlas, en especial, cuando aquellas voces piden por igualdad de género. Al utilizar programas avanzados de reconocimiento facial y rastreadores en línea de las interacciones, el Gobierno identifica y persigue a quienes se atreven a discrepar.

Este poder tecnológico se emplea desproporcionadamente contra las mujeres, cuyas demandas por igualdad de derechos se consideran amenazas directas a los pilares ideológicos del Estado.

No se trata solo de cámaras en las esquinas de las calles o drones en el cielo. La verdadera pesadilla orwelliana está en la sombra de internet. Se han censurado populares plataformas y se han bloqueado aplicaciones de mensajería cifrada, que muchos manifestantes suelen usar para organizarse. Blogueros, influenciadores e incluso ciudadanos comunes y corrientes enfrentan intimidaciones, arrestos o cosas peores por el simple hecho de expresar sus opiniones en línea.

Tal vez, lo más inquietante sea la mirada cada vez más invasiva del Estado en los espacios privados: los autos y las rutas peatonales de los ciudadanos privados.

Un escalofriante testimonio de eso es que, en casi tres meses, alrededor de un millón de mujeres recibieron mensajes de advertencia de las fuerzas policiales del país. ¿Su delito? Ser captadas por las cámaras vigilantes, que están siempre en funcionamiento, sin hiyab, según detalla un estremecedor informe de Amnistía Internacional.

De acuerdo con el informe, la Policía «remitió 133 174 SMS ordenando la inmovilización del vehículo durante un tiempo determinado; había confiscado 2000 automóviles, y había remitido a más de 4000 ‘infractoras reincidentes’ al poder judicial en todo el país».

De Irán al mundo: Llamado internacional a la acción

Los derechos digitales son, en esencia, derechos humanos. Una sociedad cuyos ciudadanos no puedan comunicarse con libertad, de forma privada y segura, es una en la que las libertades importantes están bajo ataque.

Los derechos digitales existen junto con el derecho a la protesta pacífica de diversas maneras. Las herramientas de comunicación cifrada pueden ofrecer a activistas y manifestantes una forma de comunicarse sin temor a que el Gobierno las intercepte o les imponga una pena. Cuando los principales medios están censurados o amordazados, las plataformas de redes sociales pueden permitir la rápida difusión de información, y reunir a los partidarios por una causa. Además, el ámbito digital ofrece una amplia biblioteca de recursos sobre tácticas de protesta pacífica, conocimiento sobre los derechos y esfuerzos de solidaridad internacional.

Irán está lejos de ser el único régimen que restringe las libertades digitales, mientras que utiliza la tecnología para reprimir la disidencia o cooptar su vigilancia. En India, por ejemplo, la Policía emplea una aplicación que le permite acceder a grabaciones privadas de videovigilancia.

En China, la vigilancia masiva se ha usado para recabar información sobre los movimientos y actividades de individuos en forma de «policía predictiva«. En todos estos ejemplos, hay evidencia de que la vigilancia y la vulneración del derecho a la intimidad se dirigen desproporcionadamente contra personas y grupos cuya identidad los hace vulnerables, como las mujeres o las minorías, o cuyas actividades políticas desafían el estado de las cosas.

Aunque aquí radica el desafío: ya que los Gobiernos se vuelven más expertos en reprimir la disidencia en línea, ¿cómo pueden ir los activistas un paso adelante?

La comunidad internacional puede desempeñar un rol fundamental. Se tiene que presionar a las compañías tecnológicas para que protejan los datos de los usuarios y prioricen el cifrado de extremo a extremo. Se debe consultar a las organizaciones de derechos digitales y a la sociedad civil sobre las amenazas que plantea la vigilancia digital y la censura dirigidas por el Estado y las implicaciones de la tecnología que se está produciendo.

Más importante aún, la comunidad internacional debe señalar a cada instante los abusos y asegurarse de que los Gobiernos entienden que el mundo los está observando. Y la regulación del espacio digital, según los principios de derechos humanos, garantizará que no se convierta en un nuevo entorno en el que mujeres iraníes, o cualquier otra, sean vulnerables a abusos y daños.

Si bien las tácticas del Gobierno iraní son emblemáticas de un problema global más importante, el mundo debe recordar y estimular la valentía única de las mujeres iraníes, que se mantienen firmes aunque las sombras se ciernan sobre ellas. Por Mahsa Amini y tantas otras más, debemos persistir en nuestra lucha común por los derechos digitales y humanos. Su valentía no merece menos.