Imagen de Fabio Rodrigues-Pozzebom de Agência Brasil, utilizada con autorización.

Fernanda Diniz escribió este texto que se publicó originalmente en la página de Agência Pública el 31 de enero del 2024 en la sección ‘Entrelinhas do Poder’. Global Voices publica una versión editada bajo un acuerdo de asociación de medios.

El Informe Anual de Violencia Contra Periodistas y Libertad de Prensa en Brasil, de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), reveló una reducción significativa de casos de violencia directa contra los profesionales de medios durante 2023, aunque mostró un aumento de demandas realizadas por quienes intentaban limitar la labor de los periodistas. El informe se publicó a finales de enero.

La información reveló que hubo 181 agresiones de diversa índole contra esos profesionales, una reducción a la mitad de los 376 casos registrados en 2022.

De otro lado, las demandas contra los periodistas aumentaron un 91,31% en 2023. En este contexto, la censura es uno de los impactos más preocupantes. Agência Pública esta entre los más afectados.   

Esta encuesta se basa en los informes presentados por las víctimas o por periodistas de gremios en todo el país y en la recopilación de noticias.

El estado actual de la violencia contra los medios ha cambiado desde el contexto que estaba bajo el expresidente Jair Bolsonaro, cuando los ataques constantes de la autoridad más relevante del país eran frecuentes. Este periodo se caracterizó por los intentos de desacreditar a la prensa, junto con los ataques promovidos por los partidarios del expresidente Bolsonaro (Partido Liberal, PL) y por él mismo cuando estaba en el poder.

Una encuesta de FENAJ en 2021, el tercer año de su mandato, señaló al expresidente como el responsable por uno de los tres ataques contra la prensa en ese mismo año. 

La violencia va más allá de los ciberataques individuales o de las agresiones físicas, y parece representar ataques deliberados para callar las voces de los periodistas. Los políticos también han presentado demandas para intimidar a los periodistas y evitar que se publiquen informes que examinan a los políticos o a las autoridades del Gobierno.

Un ejemplo fue la acción legal que emprendió Arthur Lira (Partido Progresista, PP), presidente de la Cámara de Diputados y diputado federal por el estado de Alagoas, contra un informe de Agência Pública. El resultado fue la resolución prejudicial que ordenó eliminar los informes y columnas de su página web o pagar una multa de 100 000 reales (cerca de 20 000 dólares).

El contenido en cuestión, que es de interés público, involucra las acusaciones de la exesposa de Arthur Lira, Jullyene Lins, y se sustentó con hechos y documentos, y con mostrar compromiso de contactar a los involucrados. 

Se desestimó la demanda de Lira en el primer fallo del juez Luis Carlos de Miranda del Décimo Cuarto Juzgado Civil de Brasilia. Sin embargo, en el segundo fallo, se prohibió a Agência Pública publicar otros informes con el mismo contenido. La historia se hizo pública el 21 de junio de 2023, pero se retiró el 18 de septiembre de ese mismo año. Este caso está bajo consideración de la Corte Suprema. 

En una declaración oficial que presenta los hallazgos del informe, Samira De Castro, presidenta del FENAJ, describió a la situación como «muy preocupante», y dijo:

Mostra o uso do Judiciário para calar os jornalistas. E o efeito dessa prática, mais à frente, certamente será a autocensura de profissionais e veículos de mídia porque esse tipo de abuso do poder de litigância tem efeito não só individual, mas coletivo. Os profissionais acabam devastados emocional e financeiramente, tendo de arcar com defesas em supostos crimes contra a honra que, infelizmente, têm apenas o objetivo de impedir a livre circulação da informação jornalística.

El informe expone la utilización de los tribunales para silenciar a los periodistas y como consecuencia de esa práctica, más adelante, con seguridad será autocensura de trabajadores de medios y organizaciones, pues este tipo de abuso de poder de litigio tiene un impacto no solo individual, sino colectivo. Los trabajadores de medios terminan devastados a nivel emocional y financiero, deben afrontar [el costo de] una defensa de supuestos delitos contra el honor que, por desgracia, solo pretende evitar la libre circulación de la información periodística. 

La violencia

Las maneras más comunes de violencia registradas fueron amenazas, acoso y hostigamiento contra periodistas en 2023. Según un informe del FENAJ, hubo 42 incidentes, que representan un 23,21% de los casos. Además, 40 profesionales fueron agredidos físicamente (un 22,1% del total).

La información en el reporte del FENAJ demuestra que el Distrito Federal, donde se encuentran la capital federal de Brasilia y las instituciones gubernamentales más importantes, registró 21 casos. Esto indica que es el lugar más difícil para el periodismo, similar a São Paulo, el estado más habitado de Brasil, con el mismo número de casos. En conjunto, las dos entidades federales representan un 22,3% del total de casos.

Según la encuesta, los políticos cometen uno de cuatro ataques, el mayor grupo que perjudica la libertad de expresión. Los siguientes son: miembros del público (9,39%), jueces y magistrados (8,84%), policías (7,73%) y entrenadores de fútbol, jugadores y fanáticos (6,08%), y también agresores en línea.