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Colombia: Líderes paramilitares extraditados a los Estados Unidos

Las últimas dos o tres semanas han sido bastante intensas en la política colombiana. Tras un nuevo escándalo por supuesto soborno mientras se votaba la reelección presidencial en el Congreso el 13 de mayo, llegaron noticias interesantes. En una movida sorprendente, 14 jefes militares desmovilizados fueron extraditados a Estados Unidos, en donde enfrentarán cargos por tráfico de drogas. Esto pasó unas cuantas semanas después que el primo del presidente Álvaro Uribe fuera a la cárcel por presuntos vínculos con los paramilitares (unos 30 congresistas han sido enviados a prisión hasta ahora, y otros 30 están bajo investigación).

Carlos Cuentero critica furiosamente la decisión del gobierno colombiano de la extradición:

No creo, como dicen hoy muchos columnistas, que haya fracasado la ley de Justicia y Paz. Más bien, creo que fue todo un éxito. Porque eso fue lo que negociaron en Ralito: una farsa de verdad, un teatro de justicia y nada de reparación. Eso fue lo que pactaron a puerta cerrada, a espaldas de un país que aún desconoce sus alcances.

Al contrario, Jaime Restrepo de Atrabilioso aplaude la decisión y dice que la justicia, paz y el proceso de reparación no se verá afectado:

Pero esto es un componente emocional: los jefes paramilitares no estarán en centros de veraneo (como algunos críticos del gobierno describieron la cárcel de Itagüí), ni pagarán solo ocho años de prisión (lo que tanto criticaron de la ley de Justicia y paz) pues la colaboración más útil para la justicia norteamericana es la delación de los jefes y lo cierto es que los extraditados son la cabeza y no la base de la pirámide jerárquica del narcoparamilitarismo. Ellos podrán hacerse muchas ilusiones, pero lo cierto es que allá tendrán que pagar más de ocho años de cárcel.

Así las cosas, si efectivamente van a pagar una condena en prisiones de máxima seguridad, ¿cuál es la diferencia a favor de los criminales de que la prisión sea colombiana o estadounidense? Ninguna. Pero es evidente que muchas de las víctimas están viendo el proceso con los paramilitares como una venganza implacable contra sus victimarios –algo entendible- que no les permite ver que la extradición no es un premio sino un castigo mucho más fuerte para los criminales. En ningún caso tendrán los privilegios ni las prebendas que podían conseguir en Colombia y eso hace mucho más fuerte el castigo que recibirán en Estados Unidos.

Restrepo también les muestra a los partidos de oposición sus contradicciones:

En ese entonces la oposición puso el grito en el cielo al señalar que Uribe quería beneficiar a sus “socios” con el beneficio de no extraditarlos y aseguraron que no se podía quitar esa amenaza de la mesa. Ahora, cuando el gobierno de Uribe decide extraditarlos, entonces ya no les sirve y les parece inconveniente para la lograr la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo es una posición incoherente si se tiene en cuenta que fueron ellos (la oposición) los que no quisieron cerrar la puerta de la extradición y presionaron tanto que terminaron dejando abierta la posibilidad que hoy es realidad. Que no se rasguen mucho las vestiduras, pues el Polo y el partido Liberal son los padres de la extradición de los jefes paramilitares, esa que hoy les parece monstruosa e inconveniente.

Pero Marsares, en la revista digital equinoXio, después de criticar la “broma” de Justicia y Paz, cree que el escándalo de los llamados parapolíticos puede haber terminado y que la segunda reelección de Uribe es lo que sigue:

El gobierno aduce que los jefes extraditados rompieron la ley de Justicia y Paz al no decir toda la verdad, ni entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas, y siguen cometiendo crímenes desde la prisión. Eso es cierto. Están entregando las “verdades” poco a poco a las autoridades judiciales, con amenazas veladas o simplemente no dicen una palabra alegando cínicas amnesias. Sin embargo, el claro indicio de sus aliados políticos y la revelación de la ubicación de las fosas comunes donde sus víctimas están enterradas son un evidente beneficio. En cuanto a la entrega de sus bienes, la broma era obvia. Muy pocos de ellos, si no devaluados o en manos de otros. Tan escasos que, tras hacer los cálculos, cada víctima recibiría 7,000 pesos colombianos (US$4 or €2.50).
(…)
Una última jugada es el perfecto final del juego para el gobierno: si los líderes paramilitares han quebrantado la Ley de Justicia y Paz, ¿por qué no se les dejó en manos de la justicia colombiana ordinaria para ser juzgados como cualquier otro criminal? Las altas sentencias hubieran significado que el gobierno si quiso vencer a la impunidad. Pero no se hizo así, tal vez porque quieren evitar nuevas revelaciones. A pesar de que hay la promesa de que los jefes paramilitares pueden seguir diciendo las verdades en Estados Unidos, la preparación del juicio puede tomar más de un año, tiempo suficiente para detener el daño causado por el escándalo parapolítico, y dedicarse firmemente y con gran corazón a la segunda reelección, a salvo de cualquier peligro o amenaza, con un congreso ad hoc.

Adam Isacson, de Plan Colombia and Beyond, también publicó sobre el tema:

Ahora que tienen poco que perder – y probablemente sientan que no les deben nada a las élites políticas y económicas de Colombia – el liderazgo paramilitar puede estar más ansioso que antes de hablar acerca de quién los ayudó en estos años, cómo eran sus redes financieras y logísticas, y quizá qué les pasó a sus víctimas. Desde una celda de una cárcel en Miami con pocas esperanzas de indulgencia, tienen poco incentivo para quedarse callados y proteger a los que los ayudaron. La pregunta es si los que quieren compartir tal información serán capaces de hacerlo. El presidente Uribe y su gobierno debe atenerse a lo dicho líneas arriba. Los investigadores colombianos deben tener accesso a los líderes paramilitares para cumplir total y agresivamente con la “búsqueda de la verdad.”

Para Isacson, si los investigadores tienen ese acceso, será una victoria para las víctimas. Si no lo tienen, será una “trágica victoria para los políticos, individuos económicamente poderosos y oficiales militares que hicieron el paramilitarismo posible en Colombia.”

El blog político Colombia Hoy agregó también su granito de arena:

Lo que ocurre es que una vez ante los fiscales gringos podrán negociar todo. En realidad en Colombia no les esperaban penas muy altas, por lo que en el país del norte la situación no será muy diferente, aunque es posible que allí consigan algún tipo de amparo frente a la Corte Penal Internacional. Es un buen plus. Más impunidad frente a los delitos de lesa humanidad. Más legalización de las fortunas. Más residencia legal y cambio de identidad. No suena mal.

Días después de la extradición, se supo que algunas computadoras personales y tarjetas SIM de los jefes paramilitares extraditados no fueron resguardadas debidamente por las autoridades colombianas, pues algunos de sus parientes tuvieron accesso al hardware. Tienen Huevo y Ricardo Buitrago Consuegra hacen referencia al tema.

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