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¿Aún será tuiteada la revolución? Los internautas venezolanos afrontan un futuro incierto

La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 ha desatado el caos en Venezuela, con los funcionarios del Estado y los ciudadanos por igual luchando a brazo partido con la incertidumbre del futuro político del país. Las corrientes de inestabilidad política se han incrementado incesantemente desde que la enfermedad de Chávez se volvió pública. Sin embargo, la muerte del ícono político y la reciente elección de su heredero y vicepresidente, Nicolás Maduro (quien ganó con un margen de menos del 2%) ha avivado más las llamas ideológicas entre los opositores del chavismo.

Desde la votación, los simpatizantes de Henrique Capriles, rival de Maduro, han realizado manifestaciones masivas para demandar un recuento de votos en Caracas y otras ciudades importantes, a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno y la guardia nacional en bloquear sus acciones. Se ha reportado que alrededor de seis u ocho personas han fallecido en estas protestas y las facciones extremas de la oposición han provocado incendios en varios edificios; estos reportes aún no han sido confirmados.

"Tengo un dedito" [I have a little finger]. Photo by Luis Carlos Diaz. (CC BY-NC 2.0)

“Tengo un dedito”. Fuente: Luis Carlos Diaz. (CC BY-NC 2.0)

Estos sucesos han tenido efectos adversos en los ciudadanos y los usuarios de las redes sociales. Tan solo seis semanas después de la muerte de Chávez, dos usuarios de redes sociales fueron detenidos por publicar información e imágenes consideradas “desestabilizadoras” para el país. Durante el día de la votación, se bloqueó brevemente la señal de Internet en gran parte del territorio. Ahora los usuarios de redes sociales afrontan amenazas a sus estados laborales, pues las autoridades buscan en sus perfiles señales de afiliación política que, en muchos casos, han provocado despidos. 

El mandato de 14 años del presidente Chávez se destacó por la controversia y divergencia de perspectivas que existían entre los diferentes sectores, dentro y fuera del país. La estructura de la tan sonada “batalla ideológica” ha convertido a simpatizantes del gobierno y a críticos en enemigos, aunque se demuestren pocas señales de debate crítico real. La batalla se ha llevado a cabo en los medios de comunicación tradicionales y en las calles, pero también se ha trasladado a las redes sociales.

En muchas maneras, el uso de las redes sociales fue un fuerte indicador de la clase de socialismo único cultivado por Hugo Chávez. Aunque los medios de comunicación tradicionales y digitales fueron herramientas importantes durante su gestión, Chávez se destacó especialmente por usar Twitter (@ChavezCandanga) como una plataforma de comunicación política. Diosdado Cabello, uno de los asistentes de Chávez, una vez comentó acerca del poder de estos medios en la batalla ideológica:

The opposition believes itself to be the owner of social networking. They think Twitter and Facebook is theirs. We are fighting the battle and we are 7 million militants who will have Twitter.

“La oposición se cree dueña de las redes sociales. Piensan que Twitter y Facebook les pertenece. Estamos luchando y ahora somos 7 millones de militantes que tendrán cuentas en Twitter”.

Cabello indicó que ellos tomarían por “asalto las redes sociales para contraatacar las opiniones expresadas por sus oponentes”. Muchos funcionarios del Estado ahora poseen una cuenta en Twitter, que emplean para comunicar información relevante a los ciudadanos. Los diferentes partidos políticos, los candidatos, las ONG también utilizan esta plataforma para interactuar con sus seguidores. Su utilización ha sido efectiva, pues Venezuela tiene una gran cantidad de usuarios en comparación con los países vecinos y ocupa a nivel internacional la posición Núm. 13 en cuanto a cantidad de usuarios de Twitter se refiere.

En abril de 2010, el Estado anunció la creación de la “guerrilla comunicacional“, un grupo de ciudadanos encargados de “pelear la guerra ideológica” en los medios de comunicación más importantes e independientes y en Internet. En el presente, la batalla se lleva a cabo por medio de etiquetas: colocar palabras claves que apoyan al Estado o están en su contra es una constante, y en ambos bandos existen usuarios que se dedican a monitorear las palabras claves específicas para responder, agresivamente, a quiénes expresen opiniones controversiales.

Hugo Chavez Frias. Photo from anticapitalistes.net. (CC BY-SA-NC 2.5 ES)

Hugo Chavez Frias. Fuente: anticapitalistes.net. (CC BY-SA-NC 2.5 ES)

Se cree que la gestión de Chávez se caracterizó por permitir “demasiado” la libertad de expresión. Aún durante los últimos seis años de su mandato, al menos cinco usuarios de redes sociales fueron arrestados bajo circunstancias similares: usuarios con poca o cero infuencia en redes sociales fueron aprehendidos por hacer comentarios políticos controversiales (por lo general en Twitter) y fueron acusados por “esparcir rumores” que provocaron la “inestabilidad del país”. Ellos fueron detenidos por corto tiempo, luego los soltaron bajo libertad condicional. Desde la muerte de Chavez han ocurrido dos arrestos similares.

Es curioso que ninguno de estos arrestos se han fundamentado en la Ley de Responsabilidad social y su apliación en medios electrónicos. Esta ley cubre una amplia extension de contenido en línea:

[The law prohibits content that] uses anonymity, encourages and promotes hatred and intolerance for religious, political, gender, racism or xenophobic reasons; incites or promotes and/or justify the crime, constitutes war propaganda, promotes anxiety in the citizenry or alter public order; disowns legitimately constituted authorities; induces murder, incites or encourages disobedience of the existing law, or promotes, justifies or incites public disorder.

[La ley prohibe contenido que] sea anónimo, incite y promueva el odio e intolerancia a la religión, política, género, racismo o xenofobia; inste y promueva y/o justifique el crimen, constituya propaganda de guerra, fomente ansiedad en la ciudadanía o altere el orden público; repudie de forma legítima a las autoridades constituyentes; induzca al asesinato, instigue o aliente la desobediencia hacia la ley existente o promueva, justifique e incite el desorden público.

Aunque el Ejecutivo sancionó y promulgó esta ley en el 2010, hasta el momento no ha sido aplicada a nivel judicial. Asimismo, dicha ley atribuye la responsabilidad a los proveedores de servicio de Internet por dicho contenido. Estos proveedores pueden obtener multas de “hasta 4% de sus ingresos brutos del año fiscal hasta el momento de la infracción”. Sin embargo, no existe evidencia alguna de que esta ley sea aplicada; los usuarios reportan que CANTV, operada por el Estado, bloquea únicamente los sitios de Internet censurados pero no los proveedores privados.

Se ha utilizado una fórmula diferente para contener a los críticos influyentes en la web del Estado y los partidos. Un grupo llamado N33 supuestamente formado por hackers simpatizantes del Estado (y según algunas versiones, promovido y financiado directamente por el gobierno) tiene un extenso historial de hackear en Twitter, Facebook y correos electrónicos de periodistas, activistas, políticos y otras figuras de alto perfil de la oposición. Este grupo se ha dado a conocer también por amenazar vía electrónica y telefónicamente a otras figuras famosas del activismo digital.

Durante el corto ciclo de campaña presidencial del país en abril, ambos postulantes usuaron activamente medios sociales y otras plataformas en línea, incluyendo un canal televisivo en la red, para promover sus candidaturas. Los periodistas ciudadanos han jugado un papel importante para equilibrar la información transmitida por medio de los canales tradicionales. También han publicado abusos y actos de violencia en diferentes partes del país y han creado espacios alternativos para la opinión pública.

Las iniciativas como UstedAbuso permitieron a los usuarios reportar violaciones a la ley electoral durante la campaña. Cuentas personales como la de Eugenio Martínez (@puzkas), periodista especializado en cobertura electoral, fueron esenciales para darle seguimiento a la vida del país en meses recientes. Luis Carlos Díaz y Naky Soto crearon un canal de conexión directa en YouTube (llamado “Hangout“) en el cual transmiten, varias noches a la semana, un programa de discusión sobre el ámbito político. Este canal ha recibido casi medio millón de visitas.

Election day in Venezuela. Photo by Luis Carlos Diaz. (CC BY-NC 2.0)

Día de votación en Venezuela. Fuente: Luis Carlos Diaz. (CC BY-NC 2.0)

El día de votación, el Estado aplicó su poder sobre las redes de telecomunicaciones en una manera que nunca habían visto los venezolanos: alrededor de tres a 20 minutos al final del día, casi todas las conexiones a Internet fueron bloqueadas en el territorio. Esto fue relativamente fácil. En el 2010, el Estado intentó crear un punto de acceso único a la red por medio de CANTV, la compañía de telecomunicaciones del Estado, la cual proporciona más del 90% del acceso a Internet en el país. La adquisición casi finalizada de CANTV por parte del gobierno, le ha facilitado a las autoridades bloquear páginas web consideradas ilegales (Ej. quelacreo.com o dollar.nu). Cuando suspendieron el acceso a Internet a todos los suscriptores de CANTV al final del día de votación en abril 2014, el Ministerio de Telecomunicaciones explicó que las autoridades bloquearon el servicio como medida para evitar el hackeo a la página del Consejo Electoral Nacional. Por esa misma razón, se restringió el acceso a las direcciones IP extranjeras.

Desde ese día, los perfiles de usuario en las redes sociales han empezado a tener un nuevo propósito: estos le permiten a las autoridades identificar afiliaciones políticas del usuario para “depurar” al servicio público y a la iniciativa privada. Existen innumerables alegatos de empleados del Estado, quienes han perdido su trabajo después de que revisaran sus perfiles en redes y descubrieran su respaldo hacia la oposición. Esto también le ha ocurrido a empleados del sector privado, aunque por razones opuestas. Los ciudadanos llaman a esta acción la “resurrección” de la lista de Tascón, instrumento utilizado para filtrar a los ciudadanos que firmaron en el 2014 a favor a la reinstitución del referéndum en contra del presidente Chávez, y para evitar su reclutamiento en el servicio público, la cual fue supuestamente eliminada por el mismo Chávez en el 2005.

El inicio del mandato presidencial de Nicolás Maduro se ha marcado por una fuerte ola de protestas, ambas en línea y fuera de esta, y por la transmisión de rumores desenfrenados y falsa información a través de Internet. Maduro, sucesor de Chávez, planea seguir los pasos de su predecesor respecto a la estrategia de medios de comunicación. Él creó una cuenta en Twitter (@NicolasMaduro) -hackeada por un grupo peruano el día de la votación- y anunció que su gestión será “firme” respecto a la implementación de políticas sobre los medios de comunicación. Lo único que queda por verse es si esta política afectará cómo los venezolanos utilizan el Internet.

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