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Perú: Las huellas del petróleo que intentaron esconder (segunda parte)

Poblador de la comunidad José Olaya. Foto: Julio Angulo – La República.

Poblador de la comunidad José Olaya. Foto: Julio Angulo – La República.

Este texto escrito por Gabriela Flores y Milagros Salazar fue publicado originalmente en el sitio de Convoca y reproducido aquí con autorización.

Convoca Perú, un sito de periodismo de investigación, se dio a la tarea de revisión de más de 20 mil páginas de documentos y la construcción de un registro que abarca 21 regiones del Perú en busca de las huella y cicatrices de la industria de hidrocarburos el país. En la primera parte, Convoca revela los reportes de supervisión ambiental en hidrocarburos hasta hoy desconocidos que los tres últimos gobiernos ignoraron a pesar de las gravedad de los indicios, mientras que en la segunda parte, que aquí presentamos, se enfoca en las compañías beneficiadas.

Del centenar de empresas que figuran entre los más de mil informes prescritos, el 54.2% corresponden a 17 compañías. La mayoría comparte intereses comerciales y figura, además, entre las más multadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Las dos operadoras del grupo argentino Pluspetrol aparecen entre las más sancionadas por infracciones ambientales entre 2007 y 2014 con más de 22 millones de dólares. Pero las 36 multas que enfrentaron no representan ni la cuarta parte de los reportes encarpetados.

Mientras Pluspetrol Perú Corporation figura con 136 informes prescritos; su gemela Pluspetrol Norte se ubica unos puestos más abajo con otros 13 reportes. Esta última compañía opera en Loreto en el lote 8 y el 192 (ex 1AB), donde las comunidades indígenas denuncian la afectación al medio ambiente y a su salud.

Once de los trece informes que fueron archivados entre agosto de 2013 y setiembre de 2014, precisamente corresponden a las operaciones de Pluspetrol Norte en el ex lote 1AB, cuyo contrato vence en agosto y está siendo sometido a un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas.

Sobre estos casos, Pluspetrol respondió vía correo electrónico que “es una empresa seria que trabaja respetando las leyes y compromisos que adquiere con las autoridades y el Estado”.

El gas que Pluspetrol extrae de la selva peruana es trasladado a la costa por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que aparece en el segundo lugar de las más multadas por no respetar sus propios estudios ambientales. Estos casos apenas equivalen al 2% de los 107 informes de supervisión archivados.

Informe de supervisión ambiental que reporta un derrame de diesel de Pluspetrol Norte en el lote 8, en 2004. El caso nunca fue sancionado.

En 2005, TGP afrontó cinco rupturas del ducto que trasladaba el gas del Camisea, la principal fuente de energía del país. Aunque el entonces premier Pedro Pablo Kuzcynski defendió a la empresa y hasta deslizó la posibilidad de sabotajes al ducto; Osinergmin sí registró  incidentes ambientales.

Debido a la fuga permanente del gas de Camisea, el 29 de agosto de 2005, los inspectores detectaron tres manchas del tamaño de una mesa redonda en los suelos por donde pasa el ducto. De acuerdo con el informe, transcurrieron tres meses sin que la compañía remediara el potencial impacto.

Dos meses después, otro reporte daba cuenta del derrame de 172 toneladas de líquidos de gas natural en el río Chunchubamba de Ayacucho que provocó la muerte de peces de los que dependían cinco comunidades. La empresa no remedió el daño según otros informes prescritos entre 2006 y 2007.

Entre las beneficiadas también aparece Graña y Montero Petrolera (GMP), que adquirió en noviembre de 2013 parte de las acciones de Pluspetrol en TGP. Una de las subsidiarias de Graña y Montero Petrolera es Consorcio Terminales, que opera un terminal de almacenamiento de hidrocarburos en Ilo, al lado de un colegio con más de mil estudiantes.  Desde 2001, las autoridades de esta escuela se han quejado por la fuga de hidrocarburos y la falta de controles, pero hasta hoy no se concretaba el traslado del terminal.

Entre otras observaciones a las actividades de GMP, aparece posible contaminación del aire en tres lotes que opera en Piura por no prevenir la liberación de gas. Pero los clientes de esta compañía también se beneficiaron. Uno de ellos fue Petrotech Peruana, la compañía vinculada al caso “petroaudios”, con once informes ambientales prescritos.

Las firmas

Las resoluciones de OEFA que declararon la prescripción de los informes de supervisión ambiental fueron firmadas por Mercedes Aguilar Ramos y su sucesor Jerry Espinoza Salvatierra tras heredar la mayoría de los casos prescritos en el periodo de Osinergmin. Aguilar suscribió el 23% de las prescripciones en poco más de 2 años que estuvo en la Subdirección de Instrucción e Investigación de OEFA, mientras que Espinoza fue el más productivo: firmó el 77% de las resoluciones en solo 9 meses en 2014.

Los antecedentes laborales de Espinoza resultan interesantes: trabajó en el estudio Muñiz, Ramírez, Pérez- Taiman & Olaya entre julio de 2008 y abril de 2013. Dejó el bufete de abogados para convertirse en asesor de la Dirección de Supervisión de OEFA y luego subdirector de instrucción e investigaciones donde firmó las resoluciones de prescripción de por lo menos dos compañías que fueron clientes del estudio donde laboró: Interoil Perú S.A. (antes Mercantile Perú Oil) y TGP.

En la página web del estudio Muñiz, aparece que ambas empresas fueron asesoradas en procesos sancionadores y permisos ambientales. Convoca pidió su versión a Espinoza pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta, tampoco de OEFA.

Estos centenares de casos archivados no son los únicos. Convoca accedió a otras 62 resoluciones de prescripción en los sectores hidrocarburos, minería y pesca, que fueron entregadas por Contraloría. Esta institución evitó dar detalles de las investigaciones que realiza sobre los funcionarios que dejaron prescribir los miles de casos que hoy revelamos.

Al cierre de este reportaje, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) respondió que no se “tratan de informes o expedientes administrativos sancionadores” y que en su mayoría son “cartas líneas, documentos de gestión interna” de la entidad. Precisamente lo que demostramos es que nunca se iniciaron los procesos de sanción a pesar de las evidencias.

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